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Los campos afectados por Aratirí “no se recuperarán” y será “muy complicado” realojar a los productores, según técnicos de Ganadería
A comienzos del año la comisión especial que analizó el proyecto de ley de minería de gran porte cuestionó ante cada actor que pasó por el Parlamento qué cambios generaría en el país la introducción de la minería y si es compatible con el desarrollo agrícola, forestal y pecuario.
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En su asistencia el 7 de febrero el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, no conformó a los legisladores con la información brindada pero sí aseguró que desde el ministerio están “convencidos de que son compatibles y que se puede desarrollar la minería”.
Sin embargo, el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) puso en duda que exista esa compatibilidad para la zona de Valentines, que involucra el proyecto Aratirí de la empresa india Zamin Ferrous, ya que según sus técnicos “lo que se pierde del campo natural no se recupera” y “sería muy complicado” realojar a los productores afectados en otro predio.
Las afirmaciones surgen de un informe del MGAP, al que accedió Búsqueda, entregado el 1º de julio a pedido de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), en el marco del análisis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Aratirí.
En el documento se indica que “la pérdida del ecosistema de campo natural por concepto de pozos, represas, pilas de estériles, etc, deberían compensarse con un incremento de la productividad de las zonas que no sean afectadas” porque “lo que se pierde del campo natural no se recuperará”.
Según el EIA presentado por Aratirí en noviembre de 2011, el área afectada exclusivamente por el complejo minero involucra 14.505 hectáreas, de las cuales 5.928 son “intervenidas” y 8.577 son de “zona de exclusión no intervenida”. Estarán implicados 417 padrones total o parcialmente y 350 serán directamente afectados por las instalaciones del proyecto.
El estudio elaborado por la cartera consideró 199 padrones, de los cuales “se eliminaron aquellos que no declararon animales, un predio forestal y uno ganadero invernador grande (3.280 hectáreas)”, quedando para el análisis “un área total de 31.332 hectáreas”.
En este sentido, para el economista Fabián Mila y el ingeniero Adrián Tambler —funcionarios que firman el trabajo y que integran la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del MGAP—, “la posibilidad de compensar esas pérdidas económicas dependerá del porcentaje afectado del establecimiento”.
“Las posibilidades tecnológicas no son muy amplias, ya que no se cuenta con recursos de alta calidad, son suelos pobres y de productividad relativamente baja”, dice el informe.
Se agrega que “las acciones o estrategias para suplir las pérdidas económicas a través de mejoras en la productividad podrían ser las siguientes: ajuste de carga a las posibilidades del campo, destete precoz, aumento del área de mejoramientos, suplementación estratégica, sombra, mejora de aguadas, mayor empotreramiento”, entre otras.
Sin embargo, se concluye que “el impacto de este tipo de medidas sobre la productividad no será muy significativo como consecuencia del tipo de recursos con los que se cuenta”.
“Difícil” realojo.
En base al documento, son 199 los productores ganaderos afectados por la posible instalación de Zamin Ferrous que deberían continuar con sus actividades cotidianas en otro lugar.
En la actualidad, un productor promedio de la zona tiene un predio de unas 474 hectáreas con un índice Coneat 72,5, registro inferior al promedio nacional, que está ubicado en 100.
Pero para el ministerio, a la hora de considerar un realojo “es importante tener en cuenta que para el productor rural, especialmente para el de menor escala o familiar, el predio no es solamente lo que éste le pueda generar como ingreso neto por la actividad agropecuaria, sino que el mismo le genera otras externalidades que son en algunos casos hasta más importantes”.
“Por ejemplo, es su lugar de residencia, obtiene buena parte de su alimentación, es parte de su cultura, su estilo de vida”, afirmaron los técnicos.
Por otra parte, el documento establece que para compensar económicamente a los productores afectados, el MGAP maneja dos opciones a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística: la primera toma en cuenta el ingreso medio de los hogares de zonas rurales (unos $ 26.637 al mes) y la segunda se basa en el nivel de recursos que determina si un hogar está o no en situación de pobreza ($ 14.084).
En el primer caso, el productor “necesitaría 175 hectáreas o 266 hectáreas si arrienda el 33,4% de su superficie”, mientras que en el segundo “se necesitaría 361 hectáreas en propiedad o 550 hectáreas si el 33,4% fueran arrendadas”.
Basándose en datos de la Dirección de Contralor de Semovientes (Dicose), los técnicos de Ganadería aclaran que “en promedio el 33,4% de la tierra explotada por los productores de la zona es arrendada, por lo que se utilizó esa proporción”.
Por estos motivos, el informe concluye que “en la coyuntura actual sería muy complicado realojar al productor en otro predio, por los altos precios del arrendamiento, la escasa oferta de predios, las necesidades, etc”.
