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El programa de gobierno del Frente Amplio establece la necesidad de “garantizar libre competencia e igualdad de oportunidades en el acceso a las ondas” radiales y televisivas, que en la actualidad “pertenecen a grupos empresariales (...) cuyas economías corresponden a capitales nacionales y extranjeros”.
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Sin embargo, ninguna de las dos administraciones frenteamplistas tomó medidas que alteraran los permisos actuales de los canales privados de televisión, que siguen en manos de esas empresas.
Pero con la llegada de la televisión digital se abre la posibilidad de otorgar nuevos canales abiertos, para lo cual ya hay varios interesados. En ese marco, el presidente José Mujica adelantó la semana pasada que no va “a darle canales a la derecha, que ya tiene bastante”.
El mandatario pronunció esa sentencia cuando la reunión que mantuvo el viernes 1º con la bancada de legisladores del Frente Amplio llegaba a su fin, según informaron a Búsqueda fuentes que participaron.
“¡Ah! Hay otra cosa: la adjudicación de las líneas —dijo el jefe de Estado antes de concluir el encuentro—. ¿Saben por qué el Pepe echó pa’ atrás? Pura táctica política. La televisión digital. Pura táctica política. No estoy pa’ darle canales a la derecha, que ya tiene bastante. Tomaré una decisión cuando vea que me conviene y a favor de lo que pienso”.
“¡Muy bien, muy bien, Pepe!”, se escuchó en seguida en medio de algunos aplausos.
La administración de José Mujica se propuso elaborar una ley de servicios audiovisuales y la normativa para implementar la televisión digital. El primer decreto que dictó en ese sentido preveía que todos los canales, nuevos o viejos, tuvieran que competir por la renovación de sus ondas.
Pero en el último día del 2012 el Poder Ejecutivo decretó que se excluya “a las empresas Monte Carlo TV SA, Sociedad Emisora de Televisión y Anexos y Sociedad Televisora Larrañaga SA” —es decir, los canales 4, 10 y 12— de la necesidad de competir para mantener las ondas televisivas que explotan en la actualidad. A eso se refería Mujica cuando reconoció que “echó pa’ atrás”.
El presidente argumentó en ese decreto que es de “interés del Poder Ejecutivo propiciar expresamente la continuidad de esos operadores”, dada su “probada experiencia y trayectoria”.
Además, el 23 de enero la Presidencia postergó el llamado a interesados para operar canales digitales.
El Grupo Medios y Sociedad, una organización que milita en el rubro de los medios de comunicación, difundió el 22 de enero un comunicado en el que señaló a la medida como “un error” y “una violación parcial” del “imperativo constitucional y derivado de las convenciones internacionales homologadas por el país” que determinan “el establecimiento de procesos competitivos, transparentes, en pie de igualdad y sin obstáculos económicos, para el uso de la televisión digital”.
“Los operadores establecidos desde hace 50 años no deberán pasar por un concurso abierto, no competirán con otras propuestas, no comparecerán a una audiencia pública como los restantes operadores y tendrán asegurado una cantidad de señales y de servicios mucho mayor a las que hoy brindan. Sin embargo, los nuevos interesados deberán acudir a un proceso competitivo”, dice el comunicado. La organización afirmó que “el régimen especial destinado a los actuales canales privados es inconstitucional y violenta el principio de igualdad ante la constitución y la ley”.
Esta semana el grupo Coalición por una Comunicación Democrática lanzó la campaña “Cambiá la Televisión”, que, según un comunicado, “busca sensibilizar a una mayor cantidad de personas sobre algunas decisiones que ha tomado el gobierno en el último mes y que podrían obstaculizar el ingreso de nuevos actores a la televisión digital”.
Mientras, el oficialismo espera que en los próximos meses el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento el proyecto de ley de servicios audiovisuales. En un documento que redactó tras la reunión con Mujica la bancada frenteamplista, señaló a ese tema como una “prioridad” para el año.
