Dos modelos.
En la televisión uruguaya hay “dos modelos de programación relativamente estables y extremadamente diferenciados”: el de los tres canales comerciales por un lado y el del canal estatal por el otro.
Esa es la principal conclusión a la que llegó el informe, dijo Radakovich durante la presentación.
“La pregunta es en qué medida estos modelos son herméticos y falta hibridación entre televisión pública y televisión privada. Uno con un corte bien centrado en la ficción y en los entretenimientos y otro en el arte, la cultura y la educación. El punto de encuentro entre ambos modelos es la información”, explicó.
A su vez se destaca “la continuidad y el afianzamiento de los géneros, formatos y programas exitosos en términos de rating” y, “como contrapartida, una apuesta más débil a la innovación y el riesgo”, dijo Radakovich.
El profesor de Comunicación argentino Martín Becerra, invitado al panel, sostuvo que, además de “fomentar la participación de otros actores en la propiedad del sistema de medios” tiene que haber “una política explícita de contenidos”.
“Imponer” un “ideal”.
Como en otros debates sobre el tema, el presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), Rafael Inchausti, defendió en solitario la posición de los medios de comunicación.
Dijo que las declaraciones y convenciones de la Unesco “obligan a los Estados a que promuevan la existencia de diversidad cultural” pero eso “no puede exigírsele a todos y cada uno de los medios de comunicación sino que debe estar presente en el conjunto de la oferta”.
Además sostuvo que “las disposiciones sobre diversidad cultural no pueden servir como argumento para vulnerar o limitar los derechos humanos dentro de cada país”.
Según Inchausti, el proyecto de ley a consideración del Parlamento “no supera la prueba” porque “sus disposiciones no estarían acordes” con las convenciones internacionales.
“Parecería que quienes diseñaron el proyecto de ley que se encuentra a estudio pensaron en un modelo de medios de comunicación que sería ideal a su criterio y en esa medida pretendieran imponérselos a todos y cada uno de los medios de comunicación existentes en el país bajo pena de sufrir severas sanciones”, afirmó.
El empresario evaluó que Uruguay “cumple adecuadamente con la obligación de ofrecer a sus habitantes una propuesta de contenidos televisivos diversa” y que “el trabajo que realizan los medios de comunicación (...) es uno de los mecanismos más democráticos que pueden existir” porque se guía por una “metodología científica” de relevamiento: el rating.
La norma que el gobierno quiere aprobar “agrega a los medios una nueva serie de cargas y gravámenes económicos además de importantes obligaciones y responsabilidades” que son “desproporcionadas e innecesarias, todo ello dentro de un marco de severo control y vigilancia”, afirmó Inchausti.
“La Madre Teresa”.
El presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Carlos Varela, levantó y mostró un ejemplar de un informe de la Unesco del 2011 sobre el proyecto de ley brasileño de medios, que contiene ejemplos de normas de Inglaterra, Canadá y la Unión Europea.
“Nuestra ley parece escrita por la Madre Teresa comparada con las leyes que ellos tienen en el tema contenidos”, dijo Varela.
El legislador anunció que en setiembre llegarán a Uruguay representantes de los organismos reguladores de Chile, Estados Unidos, Inglaterra y España, el relator de libertad de expresión de las Naciones Unidas y el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para asesorar al Parlamento.
Varela dijo que lo sorprendió que las críticas al proyecto se hayan concentrado hasta ahora en la regulación de los contenidos, y aventuró dos explicaciones.
Una es que se “intenta asemejar este proyecto de ley con otras leyes que son muy criticadas”, como las de Venezuela, Ecuador y Argentina, y “generar en la opinión pública un direccionamiento crítico”.
Además, dijo, “concentrarse en los contenidos esconde el verdadero objetivo, que es el que esta ley no se apruebe sin ir al fondo del asunto, que es el tema del negocio; eso se saca de arriba de la mesa”.
“Transparencia”.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo que el gobierno “entiende que la concentración per se es un problema y atenta contra la libertad de los ciudadanos de la capacidad de encontrar diversidad”.
Cánepa sostuvo que le “llama la atención” que se acuse al gobierno de querer atentar contra la libertad de expresión.
“¿Qué atentado contra la libertad de expresión?”, cuestionó. “Si yo hoy para ser dueño de un canal de televisión, para tener una concesión X, tengo un comodato precario... ¿qué es jurídicamente un comodato precario? Es la firma del presidente de la República que se revoca por la sola firma del presidente de la República. ¿Qué es lo que nos piden las empresas en el mundo cuando vienen? Seguridad jurídica, la sacrosanta seguridad jurídica”, afirmó.
El jerarca opinó que “la ley es absolutamente garantista” y permite “que las reglas de juego sean claras para toda la sociedad”.
“Porque de última lo que se está defendiendo aquí es la transparencia frente a toda la sociedad uruguaya. ¿Cómo es la relación de nosotros con ellos?”, dijo señalando a Inchausti. “Es una relación difícil”.
“Si nosotros quisiéramos tener poder con los medios de comunicación y sobre los contenidos, en realidad no mandábamos ninguna ley —aseveró—. Seguíamos como estábamos. Esa es la verdad”.
“Batalla” jurídica.
Pero el gobierno no cree que la oposición al proyecto de ley siga siendo acerca de la regulación de los contenidos.
“En las próximas semanas el punto de mira se va a desviar hacia los aspectos jurídicos, lo advierto”, dijo el diputado Varela.
Cánepa coincidió: “Ya deben estar trabajando varios profesores constitucionalistas para hacer sendos informes y presentar demandas de inconstitucionalidad”.
“Todas estas leyes de cambios profundos tienen un escollo final, que es el derecho —prosiguió el jerarca—. (...) Es el último escollo de defensa del statu quo. (...) Yo les anuncio que la verdadera batalla no va a terminar siendo en el campo pura y estrictamente político, va a terminar siendo en el campo jurídico”.
Al día siguiente, ayer miércoles, concurrió a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Empresa y catedrático de Derecho Constitucional, Ruben Correa Freitas —ex senador del Partido Colorado—, quien advirtió de varias inconstitucionalidades en el texto del proyecto de ley.
Correa Freitas dijo a Búsqueda que les comunicó a los legisladores que opina que “son inconstitucionales” las “limitaciones a la libertad de expresión e información que contienen los artículos 31, 32 y 33”. Además, aunque dice que comparte la protección a niños y adolescentes, afirmó que el horario de protección a los menores, de 6 a 22 horas, es “demasiado extenso” y “conspira contra la libertad de información”.
También sostuvo que los artículos que crean el Consejo de Comunicación Audiovisual, encargado de aplicar la ley, contienen inconstitucionalidades porque lo ubican en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y porque sus comunicaciones con el Poder Ejecutivo se realizarían a través del Ministerio de Industria.
Cuestionó además, entre otras cosas, que el artículo 58 da competencias al Consejo “para dictar normas e instrucciones particulares”, lo que a su juicio “viola el artículo 29 de la Constitución”.
La forma de designación de los miembros de ese consejo también fue objeto de cuestionamientos. Según Correa Freitas es mejor que sean designados “por la Asamblea General por dos tercios del total de componentes, dado que es un consejo que tiene muy importantes cometidos”.
Desarrollo
2013-08-08T00:00:00
2013-08-08T00:00:00
