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“Estamos eliminando las libertades de la prensa por las que hemos luchado por mucho tiempo”. Así describió Christine Milne, líder del opositor Partido Verde de Australia, la situación que enfrenta hoy la prensa de su país dadas las modificaciones que el gobierno pretende realizar a la Ley de Seguridad Nacional.
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Semanas atrás, el primer ministro de Australia, Tony Abbott, elevó a “alto” el nivel de alerta terrorista —el tercero de los cuatros niveles de riesgo— , que significa que un “ataque terrorista podría ocurrir”.
El motivo es la creciente influencia de yihadistas miembros del Estado Islámico que reclutaron ciudadanos australianos entre sus filas. Las autoridades estiman en 60 los australianos que adhirieron al grupo extremista. Incluso, ya han sido detenidos dos hombres en Brisbane acusados de reclutamiento y de financiar el traslado a Siria.
Ante esta situación, el gobierno envió un paquete de leyes denominado Proyecto de Enmiendas a la Legislación de Seguridad Nacional para actualizar la ley vigente desde 1979 y fortalecer las potestades de sus organismos de inteligencia.
La primera de esas leyes fue aprobada por el Senado el jueves 25 con 44 votos a favor y 12 en contra —la mayoría del Partido Verde—, según informó el periódico británico “The Guardian”. Resta la sanción en Diputados.
Esto encendió la alarma para los medios de comunicación, ya que la nueva normativa establece penas de hasta diez años de prisión para quienes revelen información de operaciones secretas y define nuevos procesos para obtener órdenes judiciales. Así, tanto periodistas como sus informantes se enfrentarán a procesos judiciales si divulgan información que afecte la seguridad nacional.
Asimismo, la normativa otorga inmunidad para los agentes de la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia (ASIO por sus siglas en inglés) que actúen en encubierto y se autoriza al Servicio Secreto Australiano de Inteligencia a espiar a sus ciudadanos en el extranjero.
Greg Barns, representante de la Alianza de Abogados de Australia, dijo a la agencia EFE que el servicio de inteligencia “tendrá acceso a todo Internet y podrá vigilar la actividad de todos los australianos en cualquier momento”.
Por ello, aseguró que “Australia va por el camino de Estados Unidos, con la diferencia de que los australianos van a tener menos protección de su privacidad”.
Efecto inhibidor.
La decisión que tomó el Senado australiano tiene relación con las medidas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos luego de las filtraciones hechas por Edward Snowden.
El ex analista de la CIA reveló miles de documentos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) que fueron divulgados por el periódico británico “The Guardian” y el norteamericano “The Washington Post”.
Los documentos permitieron conocer el control de las comunicaciones de millones de ciudadanos, empresas y de diferentes gobiernos a escala mundial que realizó la NSA.
Por ello, la Universidad norteamericana de Columbia otorgó el premio Pulitzer, mayor reconocimiento del periodismo, a los diarios “por encender un debate sobre la relación entre el gobierno y el público sobre asuntos de seguridad y privacidad”.
Sin embargo, el gobierno de Barack Obama no lo tomó con tanto entusiasmo. Todo lo contrario. El revuelo generado llevó a su administración a aplicar la Ley de Espionaje de 1917, por la cual desde 2009 seis empleados gubernamentales y dos contratistas —entre ellos Snowden— han sido objeto de procesos penales por filtrar información.
Esto trajo consecuencias negativas para los periodistas, ya que sus informantes “están renuentes” a divulgarles información por miedo a enfrentar procesos judiciales, según lo indicó un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (Búsqueda Nº 1.735).
Serio golpe.
Para el oficialismo la norma está lejos de cercenar la libertad de expresión. “Lo que hemos logrado esta noche es para asegurar que aquellos que nos protegen, sobre todo en una época de nuevos peligros, tengan los poderes fuertes y las capacidades que necesitan”, dijo el fiscal general de Australia, George Brandis, tras aprobarse la norma.
Él fue el encargado de presentar ante el Parlamento australiano el proyecto de ley, lo que lo convirtió en blanco de críticas de los periodistas. La organización Reporteros Sin Fronteras emitió un comunicado el 22 de julio, cinco días después de que ingresara el proyecto, en el que afirmó que de aprobarse “se convierte en intocable” la ASIO.
Benjamin Ismail, responsable de la organización para Asia y el Pacífico, sostuvo que el proyecto de ley “es peligrosamente impreciso y no toma en cuenta el interés público de ninguna forma”.
“Cada vez se invoca más el interés nacional en detrimento del interés público”, lo que supondrá “un serio golpe para la libertad de información”, concluye.
