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Periodistas estadounidenses advierten que funcionarios “están renuentes” a conversar por la vigilancia que ejerce el gobierno
Desde 2009, seis empleados gubernamentales, además de dos contratistas, han sido objeto de procesos penales por filtrar información clasificada a medios de comunicación
imagen de Periodistas estadounidenses advierten que funcionarios “están renuentes” a conversar por la vigilancia que ejerce el gobierno
Mientras el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afirma en el sitio web de la Casa Blanca que “el gobierno debe ser transparente” ya que “fomenta la rendición de cuentas”, los periodistas norteamericanos sienten que su administración es “la más cerrada y obsesionada por controlar la información”.
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Las filtraciones del soldado Bradley Manning al sitio Wikileaks de 250.000 cables diplomáticos del Departamento de Estado, divulgados por los principales medios del mundo, así como las recientes de Edward Snowden, consultor de la empresa Booz Allen Hamilton para la NSA en Hawai, quien dio a los diarios “The Guardian” y “The Washington Post” información sobre los secretos de vigilancia de Estados Unidos, determinaron al gobierno de Obama a aumentar los controles.
La herramienta que generó mayores problemas para los periodistas fue la aplicación de la Ley de Espionaje de 1917, por la cual “desde 2009 seis empleados gubernamentales, además de dos contratistas, entre ellos Snowden, han sido objeto de procesos penales por filtrar información”, según se relata en el informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) preparado por el ex editor de “The Washington Post”, Leonard Downie Jr. junto con la periodista Sara Rafsky.
La cantidad de involucrados es inédita para Estados Unidos, ya que “en todos los períodos presidenciales anteriores suman un total de tres”. Eso sin contar que “se han iniciado otras investigaciones penales en torno a filtraciones de información. En dos de esas investigaciones, el gobierno solicitó y confiscó de manera secreta los correos electrónicos y el registro de llamadas telefónicas de los periodistas”, agrega.
“Numerosos periodistas que trabajan en Washington explicaron que los funcionarios están renuentes a siquiera conversar con ellos sobre información no clasificada, porque temen que las investigaciones en torno a las filtraciones y la vigilancia de los organismos gubernamentales dificulten aún más que los periodistas puedan ofrecer protección de las fuentes“, afirma Downie Jr. en su informe.
David Sanger, veterano corresponsal de “The New York Times” en Washington, dijo que “esta es la administración más cerrada y obsesionada por controlar la información que haya cubierto jamás”.
Incluso, para Downie Jr. la “guerra” de Obama contra las filtraciones es la “más agresiva desde la administración del presidente Richard Nixon, cuando era uno de los editores involucrados en la investigación de ‘The Washington Post’ sobre el caso Watergate”.
Efecto inhibidor.
La agencia de noticias “The Associated Press” (AP) divulgó en mayo de 2012 un artículo que revelaba el éxito de la CIA al desmantelar en Yemen a un grupo perteneciente a la red terrorista Al-Qaeda que había creado una versión mejorada de un dispositivo explosivo por el cual un terrorista suicida se lo colocaría como ropa interior y detonaría a bordo de un avión rumbo a Estados Unidos.
Una vez publicado el artículo, pese a que desde la Casa Blanca se felicitó a la CIA, los funcionarios de inteligencia mostraron su molestia porque se supiera la información de su operación. Esto se sumó a una nota publicada por “The New York Times” en la que se describía otra operación encubierta con ataques cibernéticos desde Estados Unidos e Israel a Irán.
Según el informe de la CPJ, esto derivó “en una investigación en gran escala sobre filtraciones de información, en la que de manera secreta se solicitaron y confiscaron los registros de las líneas y los conmutadores telefónicos utilizados por más de 100 reporteros de AP en la corresponsalía de Washington y entre otras ciudades”.
A partir de estos casos, Rajiv Chandrasekaran, periodista que cubre seguridad nacional para “The Washington Post” y miembro de la Junta Directiva del CPJ, indica que “una de las consecuencias más perniciosas es el efecto inhibidor creado en todas las oficinas del gobierno en asuntos que son mucho menos delicados pero ciertamente del interés público como contrapeso del gobierno y los funcionarios electos”.
En este sentido, R. Jeffrey Smith, veterano periodista y experto en temas sobre seguridad nacional que trabaja en el Centro para la Integridad Pública, dijo que le “preocupa llamar a alguien porque ese contacto puede ser descubierto mediante una revisión de los registros telefónicos o los correos electrónicos”.
Dana Priest, reportera de seguridad nacional de “The Washington Post” agregó que “las personas creen que el gobierno está vigilando los registros de los periodistas” y que tiene “temor” de decirles a los funcionarios de gobierno lo que le interesa hablar “porque todo va a parar a una computadora gigante”.
Una estrategia.
El primer proceso penal de la administración Obama vinculado a filtraciones fue en abril de 2009, cuando Shamai K. Lebowitz, un lingüista especializado en hebreo contratado por el FBI, le entregó a un bloguero información clasificada sobre Israel. En mayo del 2010 fue sentenciado a 20 meses de cárcel por violar la Ley de Espionaje de 1917.
A este le siguieron varios, entre los que se encuentra el del soldado Manning, que fue acusado en un tribunal militar por 23 cargos, entre ellos violación de la Ley de Espionaje, y se lo declaró culpable con una condena a 35 años de prisión.
Lucy Dalglish, directora del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa (Reporters Committee for Freedom of the Press), indicó que “después de Wikileaks, el gobierno se reunió y decidió que jamás dejaría que ello sucediera de nuevo” y que “iniciar procesos penales basados en la Ley de Espionaje es casi la única herramienta que tienen”.
“Quieren transmitir un mensaje, es una estrategia”, agregó.
