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    Planearon asesinar a periodista de Canal 10 por un informe que involucró a jerarca policial

    El oficial de Inteligencia avisó al juez penal y este al periodista: unos sicarios lo iban a asesinar en la puerta de su casa simulando un rapiña.

    Así habría salvado la vida el periodista de Canal 10 Daniel Cancela, luego de haber realizado un informe en el cual se podía ver, poco después de un motín, un portón del Penal de Libertad instalado en la casa de un jerarca policial de cárceles en la Costa de Oro.

    El informe televisivo de Cancela, a cargo de la cobertura policial de “Subrayado”, divulgó otros actos de corrupción y tráfico de drogas en las cárceles, como consecuencia de lo cual se produjo el procesamiento con prisión del jerarca policial y de otros tres policías durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005).

    El hecho fue narrado por el propio Cancela al periodista Aureliano Folle durante una entrevista para el libro “La otra mirada”, editado por Planeta, que se presenta hoy jueves en el Club Español.

    “Era de mañana y el celular sonó, como otras tantas veces en el día. Pero esa llamada traía otro tipo de mensaje. En la voz del juez, Cancela escucha: “Inteligencia me dice que lo van a matar, en la puerta de su casa y simulando una rapiña, un sábado en la mañana”.

    En esos días hubo reuniones secretas y consultas de alto nivel. “Había que tener un plan, intentar evitar lo que parecía ya resuelto. Se reunió con el canal, con el abogado y con el juez y labraron tres actas, que encerraron en tres cajas fuertes, una en poder de cada asistente. El pacto era: si Cancela es atacado se sabrá quién fue. Y ese dato nada menor le fue advertido a un ladero del autor intelectual del plan”, asegura Folle en el libro.

    Cancela relató a Búsqueda que en esos días se reunió varias veces con el abogado del Canal, el ex magistrado Gervasio Guillot y con la directiva Lucía de Feo, para analizar la información suministrada por el juez penal Pablo Eguren y encontrar una forma de proteger su vida.

    Guillot aconsejó difundir la noticia, cosa que se hizo, mientras el ministro de Interior, Guillermo Stirling, ofreció protección policial.

    La Justicia penal procesó a varios policías, entre ellos al ex director de cárceles, inspector Carlos de Ávila, y al director del penal de Libertad, José Sande Lima.

    Tal como había informado Cancela en 2001, años después, un comunicado de prensa de la Dirección Nacional de Cárceles reconoció que Sande vendía “como chatarra varios bienes pertenecientes al establecimiento, algunos deteriorados y otros no, producto de los motines que se habían producido”.

    El comunicado explica que entre los materiales vendidos en su provecho, Sande incluyó calderas, cocinas, rejas, puertas de celdas, inodoros, lavamanos y hasta un furgón que se utilizaba para el traslado de internos.

    También se confirmó que Sande utilizó vehículos oficiales para el traslado de materiales del penal, que empleó para la construcción de una vivienda en la Costa de Oro, donde también hizo trabajar a personal penitenciario con herramientas y materiales del Estado.

    Sande, un ex integrante de la Guardia Metropolitana, está preso en la cárcel de Piedras Blancas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y fue identificado como miembro del Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA).

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