Cuando un gobierno falla en determinada área o sector de actividad, puede asumir las responsabilidades que le corresponden o tratar de involucrar a actores externos. Con frecuencia las culpas se las lleva “la prensa opositora”.
En Uruguay la inseguridad es la principal preocupación del gobierno de José Mujica y, desde hace varios años, todas las encuestas de opinión indican que para la ciudadanía ese es el mayor problema del país.
Desde que este tema se instaló en la opinión pública varios jerarcas gubernamentales cuestionaron con distintos énfasis y estilos la actitud de los medios, particularmente de la televisión, por su cobertura de los hechos de violencia diaria. Y ha habido quienes han reclamado algún tipo de regulación en los contenidos, alegando que los medios “tienen que ser responsables” por lo que difunden.
El miércoles 20, el gobierno anunció 15 medidas para combatir la inseguridad. Denominadas “medidas para la convivencia ciudadana”, una de las iniciativas marcaba “Promoción del diálogo con los medios de comunicación, sus trabajadores, universidades y la sociedad civil, para la adopción de formas de autorregulación en materia de manejo de informaciones referidas a seguridad y violencia”.
Dicha medida implicará también incluir dentro del horario de protección al menor (que impide la difusión de contenidos de carácter violento o sexual) los informativos de los canales. El decreto 445 de 1988 establece que el horario de protección al menor va desde la apertura de los canales hasta las 21.30. Dicha normativa excluye de esa protección a los informativos y los periodísticos políticos y deportivos.
Esta propuesta gubernamental derivó en diferencias a la interna del gobierno, entre quienes la consideran una limitante a la libertad de expresión y los que entienden “necesario” regular a los medios.
Según el documento que fundamenta las medidas, esta iniciativa se debe a que: “El consumo se expande y, con la ayuda de los medios de comunicación que promueven la idea de la felicidad asociada al consumo, los individuos generan medios múltiples para la obtención de esos fines consumistas que alteran la propia convivencia ciudadana y mercantilizan el concepto de felicidad”.
El gobierno solicita un “compromiso muy fuerte” a los medios y argumenta que “la caída sustantiva de la pobreza, la casi erradicación de la indigencia, el más bajo desempleo de la historia, las mejoras del salario real, etc., nada de esto aparece reflejado con la importancia que tienen en los medios masivos de comunicación”.
“No ocurre lo mismo con la crónica roja. En el año 2006 hubo algo más de 25.000 segundos por mes dedicados a temas policiales, en mayo del 2011 las noticias policiales ocuparon 35.000 segundos, en tanto en mayo del 2012 fue de más de 50.000”, se destaca en el texto oficial.
“Los medios de comunicación, en especial la TV, ya no sólo reflejan la realidad sino que pueden amplificarla y multiplicarla, al generar imágenes e informaciones que terminan incluso, aunque no sea su intención, exaltando la violencia y estimulando conductas agresivas”, se añade.
El texto gubernamental acusa a los medios de manejar la información “de manera irresponsable y sensacionalista, convirtiendo a la información en un espectáculo” y llama a buscar “un sano equilibrio” entre “el derecho a informar” con “los derechos que tienen las personas” ante los medios.
“La regulación no puede ser un mecanismo para acallar a los medios, (...) pero también hay que decir, enfáticamente, que los medios tienen obligaciones y responsabilidades ineludibles para con la sociedad”, agrega.
Un día después, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunció que el gobierno se reunirá con los medios para crear un “código de ética” y que el control del gobierno una vez incluidos dentro del horario de protección al menor “será inflexible”.
Breccia es un defensor de la necesidad de regular a los medios y ya lo ha expresado públicamente en varias oportunidades.
Limitante.
Pero días después del anuncio del Poder Ejecutivo, el vicepresidente Danilo Astori admitió que por esa vía se puede “limitar la libertad de expresión”, según publicó el diario “El País”, el sábado 23.
“Una perspectiva diferente dentro del gobierno fue la que mostró ayer el vicepresidente Danilo Astori, sobre la iniciativa para incluir los contenidos de los informativos dentro de las normas sobre protección al menor. En una charla informal, sostenida luego de una entrevista con varios medios en el Palacio Legislativo, Astori comentó a ‘El País’ que el anunciado decreto del Poder Ejecutivo para incluir a los informativos en el horario de protección al menor, ‘en los hechos es una limitante a la libertad de expresión’”, informó el periódico. “Hay que tener cuidado hasta dónde llevamos los límites”, agregó Astori.
Por su parte, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) emitió un comunicado condenando la decisión del gobierno. “Es a los responsables de los mismos a quienes compete establecer los principios éticos que han de regular su actividad”, señala el texto.
“Andebu confía en que no prosperen mecanismos impuestos por el gobierno destinados a controlar la libertad de programación, el funcionamiento e independencia de los medios, afectando asimismo el derecho de nuestra sociedad de elegir libremente los contenidos informativos, culturales y recreativos que ella considere más apropiados para satisfacer sus propias necesidades y preferencias”, añade.
A regular.
Pero mientras Astori expresa sus prevenciones, el diputado del MPP Alejandro Sánchez dijo en una entrevista en el diario oficialista “La República”, que “en los temas de la inseguridad tenemos que hacernos cargo todos y los medios tienen su responsabilidad también. Y en la preservación de las practicas que llevamos adelante, los medios tienen mucho que ver y el Estado tiene que regular”.
“¿Esto es un cercenamiento a la información? No. Los informativos van a poder difundir cuanta muerte tengan ganas. Lo que no van a poder hacer es mostrar por la pantalla cómo muere una persona de una manera tan frívola como se hace hoy”, añadió en la nota publicada el martes 26.
“¿Qué agrega a un ciudadano ver la muerte de una persona 48 veces? No agrega nada. Se puede informar sin generar hechos de morbo, que lo que hacen es aumentar los niveles de inseguridad. Para nadie es interesante mostrar las imágenes de cómo matan a una persona”, sostuvo.
Consultado sobre si abarcaría la televisión por cable, el legislador del sector frenteamplista del presidente dijo que “lo va a tener que abarcar, vamos a tener que regular”.
Otro espacio “que hay que regular” para Sánchez es Internet. “Cuáles serán los elementos de regulación no los tengo claro, pero sé que hay que buscar elementos para regularlos”.
