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    Tres periodistas ecuatorianos llevan 17 días secuestrados por una célula disidente del grupo guerrillero FARC en Colombia

    El lunes 26 de marzo, un periodista, un reportero gráfico y un conductor del diario El Comercio de Quito fueron secuestrados en Mataje, provincia de Esmeraldas, en la frontera ecuatoriana con Colombia.

    Tras unas primeras horas de incertidumbre, el ministro del Interior de Ecuador, César Navas, confirmó en rueda de prensa los hechos y afirmó que ya habían establecido contacto con los secuestradores y que los detenidos estaban en buenas condiciones de salud.

    El equipo se encontraba realizando tareas periodísticas en esa zona, que recientemente estuvo inmersa en varios hechos de violencia originados por grupos armados disidentes del original comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    Las FARC y el Estado colombiano alcanzaron un histórico armisticio en 2016 luego de cuatro décadas de sangrientos enfrentamientos que dejaron miles de muertos, entre ellos varias decenas de periodistas. Los secuestros fueron un modus operandi de la guerrilla para exigir diferentes pretensiones.

    Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia, confirmó el mismo día del secuestro que Walter Patricio Artízala Vernaza, alias Guacho, era el responsable del rapto de los periodistas.

    El general Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Armadas Colombianas, dijo a los medios de ese país que el Guacho es el cabecilla de las disidencias de las FARC en el suroccidente del país.

    “Guacho es, sin duda alguna, la persona responsable del atentado a las torres en Tumaco y del secuestro de los periodistas”, confirmó el general Mejía.

    Información cruzada.

    El secuestro fue el primero en varios años en la región. Si bien algunos países de América Latina tienen un amplio historial de periodistas asesinados (entre ellos Colombia), es inusual que en la actualidad y en la región los reporteros sean utilizados como moneda de cambio para demandar reclamos.

    El jueves 29, Navas dijo que el gobierno ecuatoriano se encuentra “en un proceso propio de negociaciones, demandas y más”.

    Para el domingo 1º, los familiares de los periodistas secuestrados resolvieron dar sus nombres. Se trata de Paúl Rivas Bravo, de 45 años, fotógrafo; Javier Ortega Reyes, de 32 años, periodista y Efraín Segarra Abril, de 60 años, conductor.

    “Las familias de los tres trabajadores de la comunicación secuestrados hemos decidido dar a conocer sus nombres públicamente pues estamos convencidas de que saber quiénes son permitirá que todo el país se nos una en el pedido de su pronta liberación”, dijeron en el acto realizado ese día.

    Durante varios días, la falta de información o las declaraciones cruzadas crearon un clima de incertidumbre entre los ciudadanos con respecto a cuál era la situación real de los periodistas secuestrados.

    Así, la primera prueba de vida de los periodistas se difundió el martes 3 cuando comenzó a circular un video de 22 segundos donde se los ve encadenados.

    En el video, los secuestrados aseguran que sus vidas están en las manos del presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, y que sus captores piden “el intercambio” de tres de sus compañeros “detenidos en Ecuador” para dejarlos en libertad.

    En otro fragmento de la grabación, el periodista Javier Ortega manifiesta que los secuestradores forman parte del Grupo Armado residual Oliver Sinisterra, al mando de Walter Patricio Artízala Vernaza, alias Guacho, y que antes era parte de la columna Daniel Aldana de las FARC.

    “Señor presidente Lenin Moreno, en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas, nuestras tres vidas para ir sanos y salvos a Ecuador”, afirmó el periodista Ortega.

    En la mañana de ayer miércoles, mediante un supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra los disidentes de las FARC anunciaron haber matado a los periodistas secuestrados.

    La noticia generó alarma y preocupación y los gobiernos de ambos países desmintieron la veracidad del comunicado, aunque al cierre de edición aún no se había difundido una nueva prueba de vida de los secuestrados.

    Cartas y pedidos.

    Los comunicados y pedidos se sucedieron entre las organizaciones de defensa de la libertad de expresión, medios y periodistas de la región.

    Uno de los más contundentes fue la carta que César Ricaurte, director ejecutivo de la organización ecuatoriana Fundamedios, entregó al presidente de Ecuador firmada por más de 500 periodistas y organizaciones.

    “Hacemos nuestros los planteamientos de 500 periodistas ecuatorianos y colombianos que han firmado una carta pidiendo la liberación de los colegas”, señala la carta.

    “Por eso, los firmantes planteamos a los gobiernos de Colombia y Ecuador que coordinen las acciones necesarias para garantizar la liberación inmediata de los periodistas”, añade.

    “La SIP condena este secuestro no solo porque transgrede la ley ecuatoriana, sino también resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, para que se respete la condición de civiles a los periodistas y personal de los medios que trabajen en zonas de conflicto armado”, sostuvo el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gustavo Mohme, en otra carta que se sumó a las varias que recibió Moreno en estos días.

    Con el correr de los días las organizaciones comenzaron a exigir mayores resultados. El supuesto comunicado de ayer miércoles sobre la muerte de los periodistas generó una nueva declaración conjunta entre Fundamedios, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras.

    “Es inadmisible la forma en la que los gobiernos de Colombia y Ecuador han manejado la información pública relacionada con el paradero de los periodistas. Durante estos 16 días las autoridades ecuatorianas señalaron que los periodistas se encuentran en territorio colombiano, en contradicción con lo planteado por las autoridades colombianas, que han afirmado que los periodistas se encuentran del lado ecuatoriano de la frontera. Los gobiernos no pueden continuar evadiendo responsabilidades mientras entregan información contradictoria a los medios de comunicación. El gobierno ecuatoriano no puede pretender ser la única fuente de información”, señalan en el texto.