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    Un dibujante de un diario fue forzado por el gobierno de Ecuador a “rectificar” una caricatura mediante una nueva ilustración

    El insólito caso se produjo en aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, una norma creada por el presidente Rafael Correa para aplicar un sistema de censura “legal” en su país

    Una caricatura que graficó el allanamiento de la Policía de Ecuador a un periodista de ese país acusado de “corrupción” por el gobierno de Rafael Correa transformó al dibujante Xavier Bonilla “Bonil” en el primer periodista a quien la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) le aplicó la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada hace siete meses, responsabilizándolo de promover “la agitación social” mediante su trabajo.

    La caricatura de “Bonil” que provocó la ira de la Supercom fue divulgada en el diario “El Universo” el 28 de diciembre de 2013. Allí, el caricaturista difundió una tira sarcástica denunciando el allanamiento hecho por la Policía un día antes contra el periodista Fernando Villavicencio, a quien el gobierno vincula como asesor del asambleísta opositor Cléver Jiménez y lo acusa de “corrupción”.

    En el dibujo, los efectivos golpean la puerta diciendo: “Regale la Navidad” y luego ingresan al domicilio de Villavicencio violentamente para llevarse documentación. La ilustración apareció acompañada por la siguiente leyenda: “Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción”. (Ver Dibujo 1)

    La publicación de este dibujo determinó que la Supercom condenara al caricaturista “Bonil” a hacer otra ilustración que “rectificara” la primera, según lo establece la Ley Orgánica de Comunicación, llamada “ley mordaza” por todas las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión. La Supercom también aplicó a “El Universo”, el diario donde salió la caricatura, una multa equivalente al 2% del promedio de su facturación del último trimestre, amparándose en el artículo 25 de la “ley mordaza”.

    El argumento de la Supercom —dirigida por un funcionario designado directamente por el presidente Correa— fue que el diario no se abstuvo “de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de una persona involucrada en la indagación previa aludida en la caricatura y en el texto mismo”.

    El 1º de febrero, “El Universo” dedicó su editorial a condenar la resolución adoptada por la Supercom y denunció que “lesiona, una vez más, la libertad de expresión en el país”.

    “Agitación social”.

    El 15 de enero, la Supercom presentó un informe según el cual la “forma de presentar un hecho a través de caricaturas afecta y deslegitima en efecto la acción de autoridad (su posible ilegitimidad tiene que ser impugnada por otras vías)” y “apoya a la agitación social que genera un enfoque erróneo de los hechos, por la supuesta acción represiva que evidencian las imágenes”.

    Lejos de considerar la caricatura como un hecho periodístico de carácter sarcástico o humorístico, los analistas jurídicos William Sánchez León y Juan Pablo Rojas, encargados de redactar el informe de la Supercom, tomaron la obra de “Bonil” como si fuera una noticia y la cuestionaron de acuerdo con los criterios ampliamente restrictivos de la Ley Orgánica de Comunicación.

    Entre los “fundamentos de Derecho” del informe de Sánchez León y Rojas se mencionan normas que no aplicarían a una caricatura humorística. Los abogados aluden al artículo 18 de la Constitución de Ecuador, según el cual “todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos”.

    El informe también refiere a los artículos 10 y 22 de la Ley Orgánica de Comunicación. El primero consiste en que todo el que divulgue información debe “abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas, respetar los derechos de autor y las normas de citas” y “asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difunden”. El segundo indica que “todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada”.

    Rectificación.

    “Bonil”, el caricaturista, publicó un escrito de siete páginas defendiendo su libertad de expresión para dibujar, pero el 31 de enero la Supercom le obligó a “rectificarse” en un plazo de 72 horas.

    Entonces, “Bonil” publicó el 5 de febrero en “El Universo” una caricatura “rectificatoria” de la primera con la siguiente leyenda: “Policía y Fiscalía allanan domicilio de Villavicencio e incautan sus tablets, computadoras y celulares”. El nuevo dibujo muestra al periodista allanado dando paso de buena gana a los policías e invitándolos a que se lleven sus materiales en un estado de felicidad. La ironía de “Bonil” en su segundo dibujo es muy clara y evidencia las consecuencias ridículas que tiene la aplicación de la “ley mordaza” ecuatoriana. (Ver Dibujo 2)

    Sin embargo, en lugar de considerarlo una burla, el jefe máximo de la Supercom, Carlos Ochoa, declaró que la caricatura de rectificación es “excelente” y que “Bonil” cumplió con lo que el organismo le había exigido. Además, Ochoa indicó que lo hecho por el periodista es “parte del trabajo de la caricatura; de una u otra manera expresar con otro lenguaje lo que sucedió”.

    El presidente Correa, principal promotor de la Ley Orgánica de Comunicación, defendió la actuación de la Supercom alegando que “no se está combatiendo el humor de la caricatura, sino la mentira y la corrupción”.

    En su cadena nacional de radio y televisión del sábado 1º (todos los sábados tiene una y duran más de dos horas cada una), Correa calificó al caricaturista como un “cobarde” y agregó: “Vamos a luchar con toda nuestra fuerza contra estos cobardes, sicarios de tinta y contra sus mentiras, ladre quien ladre”.

    “Basta de tantas mentiras”, concluyó.

    La Ley Orgánica de Comunicación ha sido denunciada como la peor legislación de América Latina contra la libertad de expresión por las relatorías de la ONU y de la OEA, por la Asociación Mundial de Periódicos (WAN), por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por la Asociación Internacional de Broadcasters (AIR), por el Instituto de Prensa Internacional (IPI) y por el Comité de Protección de Periodistas (CPJ).

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