Una calavera con casco de obrero, un pico y una pala. El dibujo en blanco y negro acompaña a la leyenda: “La soberanía se nos va por un caño. La tierra no se vende. No Aratirí”. Es una de las pintadas que los activistas en contra de la minería a cielo abierto han estampado en varios muros, muchos de ellos en los alrededores del Palacio Legislativo.
Su decisión de plantarse en contra de la ley de minería impulsada y aprobada por el gobierno del Frente Amplio los llevó a lanzar el lunes 2 de diciembre la campaña para llegar a un plebiscito para reformar la Constitución y evitar la aplicación de la norma. Pero hasta ahora el plan del Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto (Uruguay Libre) no había logrado que su “bandera” fuese adoptada por alguno de los actores del sistema político.
Sin embargo, en los últimos días Fitzgerald Cantero, diputado del Partido Colorado por Montevideo, decidió adherir a la campaña en contra de la minería metalífera a cielo abierto de forma activa, y saldrá a hacer campaña por los departamentos del interior del Uruguay.
Hasta el momento es el primer parlamentario que resuelve sumarse a la recolección de firmas pero espera que el presidente de la República, José Mujica, y todos los precandidatos presidenciales apoyen la iniciativa para que la ciudadanía resuelva sobre un tema en el que, opinó, “se define la viabilidad del Uruguay”.
Consultado por Búsqueda sobre los motivos de su decisión, Cantero dijo que lo hace “por una cuestión medioambiental” y porque cree que la ley de minería de gran porte “es inconstitucional”.
“Va en contra del Uruguay Natural que queremos y que el Frente Amplio dice perseguir. Su programa de gobierno en 2009 apuntó al país natural y al desarrollo sostenible; es decir, aquel que no hace irreversible el daño. Si esto no es irreversible, ¿qué lo es? Porque en este proyecto queda comprometida buena parte de los recursos naturales del país”, afirmó.
“(El presidente) le había pedido a sus ministros que salgan más al interior del país para hablar de las bondades de la megaminería y el proyecto de Aratirí, bondades que yo no encuentro”, agregó.
Sostuvo que Aratirí tendrá “un impacto a corto y mediano plazo con consecuencias negativas para el futuro del país”.
“Se habla de 30 años o 40 años de explotación, y pensemos lo que puede ocurrir en la vida de cualquier persona en 30 o 40 años y qué futuro les vamos a dejar a las próximas generaciones”, enfatizó.
Cantero opinó que la ley de minería se contradice con el artículo 47 de la Constitución, que indica que “la protección del medio ambiente es de interés general” y que “las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”.
A medida de Aratirí.
Cantero aseguró que la ley fue “hecha a medida para Aratirí, al punto que el gobierno estableció a este proyecto dentro de lo que es la minería de gran porte sin tener aún las autorizaciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)”.
El lunes 4 el Poder Ejecutivo, con la firma del presidente José Mujica y el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, aprobó la calificación de minería de gran porte para el proyecto Valentines de Aratirí por constatarse que “supera las cuatrocientas hectáreas de área de intervención directa”.
En su artículo 3º la ley de minería de gran porte recientemente aprobada establece que serán calificados de esta forma los proyectos que cumplan con alguna de estas condiciones: “ocupar una superficie superior a 400 hectáreas de área de intervención directa”, “contar con una inversión superior a 830 millones de UI (Unidades Indexadas)” y “tener un valor anual de comercialización del producto obtenido de actividad minera mayor a 830 millones de UI”.
El Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa en 2011 ante la Dinama indica que solo el complejo minero implica afectar 14.505 hectáreas —5.928 hectáreas intervenidas y 8.577 no intervenidas—, lo que involucra al menos a 417 productores.
Las firmas de Mujica y Vázquez.
Cantero, legislador de Vamos Uruguay, anunció que invitará a sumarse a la campaña a todos los presidenciables de los diferentes partidos políticos.
El parlamentario entiende que es un tema “vital para el Uruguay” y que es importante que los precandidatos se pronuncien y convoquen a la ciudadanía.
Cantero dijo que su decisión de adherir a la campaña es personal pero igual se la comunicó al líder de su sector, el senador Pedro Bordaberry, quien le dijo que está de acuerdo y que acompañará con su firma.
El jueves 12, tras un almuerzo de la ADM en el que expuso el vicepresidente Danilo Astori, Mujica sostuvo que “lo más probable es que se haga un plebiscito” y agregó: “Esto ya lo vamos a discutir abiertamente, no nos apuremos”.
Cantero considera que “si él cree eso sería bueno que acompañe con su firma y sea la ciudadanía la que se expida”.
También espera que el ex presidente y actual precandidato por el Frente Amplio Tabaré Vázquez adhieran a la iniciativa “porque en la gira que hizo por el interior puso al medio ambiente como una de las banderas a defender, para sustituir las bolsas de nailon por las de papel y las botellas de plástico por las de vidrio”.
“No tengo dudas de que va a acompañar con su firma este plebiscito”, sostuvo Cantero.
La campaña.
En los últimos días la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) divulgó un spot publicitario en el que el presidente del sindicato de trabajadores de Aratirí, Francisco Da Silva, explica los beneficios que otorga al Estado la ley de minería de gran porte.
Para Cantero esto es una “competencia totalmente desleal” con la iniciativa impulsada por el movimiento Uruguay Libre porque “se están usando los recursos del Estado para promover una ley contra la que hay un movimiento social que se manifiesta”.
“Es importante que el sistema político se involucre con esto porque es un tema muy importante para el Uruguay, en el que le va la viabilidad al país. Además, y esto lo hemos estudiado en la ciencia política, todas las consultas populares que no cuenten con apoyo político están destinadas a fracasar”, dijo Cantero.
El objetivo de la campaña lanzada por las organizaciones sociales y ambientales es alcanzar las 250.000 firmas, el 10% del padrón electoral, para solicitar a la Corte Electoral la convocatoria a un plebiscito para reformar la Constitución y agregar la prohibición de la minería a cielo abierto en todo el país.
El diputado colorado recordó la experiencia de cuando su partido salió a juntar firmas para convocar a un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal. Comentó que para pasar la etapa de descarte y repeticiones y “sellar” la convocatoria es importante juntar unas 300.000 firmas.
Si logran ese objetivo, el plebiscito para que la ciudadanía se expida sobre si quiere incluir en la Constitución un texto expreso que prohíba la minería de gran porte a cielo abierto se realizará con las próximas elecciones nacionales obligatorias, el 26 de octubre de 2014.
