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El 13 de agosto de 2010 el diario “El Nacional” de Caracas, un periódico crítico del régimen chavista, ilustró una nota en la que informaba sobre el aumento de la violencia criminal en el país con una fotografía que mostraba cadáveres apilados en la morgue de Bello Monte de la capital venezolana.
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Al día siguiente, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Autónomo de Defensa en Niños, Niñas y Adolescentes pidieron a la Fiscalía General su intervención denunciando al periódico por publicar una imagen que “vulnera el derecho a la integridad moral y psíquica de niños, niñas y adolescentes”.
Unos días después, mientras la Justicia iniciaba sus actuaciones, el diario “Tal Cual”, editado también en Caracas, decidió solidarizarse con “El Nacional” publicando la misma fotografía. Por ello fue también incluido en dicho proceso judicial.
Tres años después, el pasado 8 de agosto, un tribunal local prohibió a ambos medios publicar “imágenes de contenido violento, armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos” y los sancionó con el equivalente a 1% de los ingresos brutos obtenidos en 2009, según dieron cuenta en sus respectivas páginas web los periódicos sancionados.
Según dichos informes, la jueza Betilde Araque, fundamentó el fallo alegando que las imágenes “constituyen un peligro para el bienestar psicológico de los menores”.
Un comunicado del Ministerio Público de Venezuela reveló que el organismo “estudia la posibilidad de solicitar al Tribunal especializado la extensión de dicha medida a otros medios de circulación nacional y regional”.
Fallo cuestionado.
El fallo despertó la reacción de ambos diarios, cuyos responsables lo catalogaron de “insólito” y “canalla”, mientras denunciaron su “carácter meramente político”. “El Nacional” y “Tal Cual” aseguraron que apelarán la decisión judicial.
El abogado defensor de “Tal Cual”, Humberto Mendoza de Paola, aseguró que “resulta insólito y canalla” lo que decidió la Justicia y denunció que “fue una carta bajo la manga que sacó la jueza porque su representado fue demandado única y exclusivamente para que se abstuviera de publicar fotografías que pudiesen causar daños o zozobra en los niños, niñas y adolescentes”.
Juan Garatón, abogado de “El Nacional”, indicó que se “constituyó un mecanismo directo de censura porque las imágenes prohibidas representan la realidad dentro del país”.
“¿Si asesinan a un policía en plena vía pública, o llega la denuncia de un colectivo con centenares de armas, estas imágenes no se podrían publicar? Esto es gravísimo”, remarcó.
Garatón sostuvo que el proceso “tiene motivaciones políticas” y que el fallo reafirma que se trata de una “sentencia política”.
Interés público.
Tras la publicación de la foto y una vez iniciado el proceso en la Justicia, una resolución judicial estableció un amparo temporario que prohibió a todos los medios publicar imágenes de violencia por un mes.
Tras fuertes críticas, la medida fue levantada pero se mantuvo temporariamente para “El Nacional” y “Tal Cual”.
Miguel Otero, director de “El Nacional”, sugirió al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), que las acciones del gobierno del ex presidente venezolano Hugo Chávez estaban destinadas a “coartar la labor informativa sobre crimen y violencias en el mes previo a elecciones legislativas”.
El proceso judicial continuó su camino y tras conocerse la sentencia de la Justicia el CPJ se pronunció rechazando severamente la decisión.
Cuatro días después de conocido el fallo, el representante del CPJ, Carlos Lauría, instó desde el sitio web de la institución a la Justicia venezolana a “revertir el fallo en la instancia de apelación” porque “la prensa venezolana no debe ser castigada por informar de forma agresiva sobre temas de interés público”.
