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    El gobierno impulsará cambios legales para aumentar los controles sobre el fútbol, cuya estructura falla “en términos de ética”

    Normas sobre sociedades anónimas deben ser más transparentes, dice titular de la Secretaría Antilavado

    El equipo que montó Carlos Díaz en la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo está con mucho trabajo en estos días. Su cronograma de tareas incluye preparar las primeras inspecciones a estudios jurídicos y otras organizaciones obligadas a reportar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Y, por si eso no fuera suficiente desafío, el domingo 3 medios de todo el mundo empezaron a darle más tareas.

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    En la tarde de ese día comenzaron a ser publicados los primeros hallazgos de una investigación de un año realizada por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), el diario alemán “Süddeutsche Zeitung”, Búsqueda  y un centenar de medios de comunicación asociados. Díaz puso a su Observatorio Estratégico a recabar toda la información divulgada para analizarla y actuar si es necesario.

    Díaz considera que los primeros resultados de la filtración de millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en crear sociedades offshore, son una muestra más de que hay que “transparentar” el sector de las sociedades anónimas. Su ideal es saber quién está detrás de cada negocio, de cada transacción para que “no haya enmascarados”. Eso, según Díaz, debería incluir la eliminación definitiva del secreto bancario que existe en Uruguay.

    En una entrevista con Búsqueda, Díaz informó que el objetivo de la Secretaría Antilavado es fortalecer los controles sobre las organizaciones sin fines de lucro, y en especial el mundo del fútbol.

    —¿Cómo sigue la Secretaría Antilavado la difusión de los documentos de Mossack Fonseca?

    —Nuestro Observatorio de Análisis Estratégico está levantando toda la información que puede, que naturalmente es abierta porque no tenemos acceso a otra cosa. Y la comparamos con la información que ya teníamos; y no hemos tenido grandes novedades en lo que tiene que ver con uruguayos. Cosas que no supiéramos no hay, al menos por ahora.

    —Durante la investigación, periodistas de varios medios plantearon a Búsqueda su sorpresa por el rol que tenía Uruguay en los esquemas que creaba Mossack Fonseca, en proporción al tamaño del país. ¿Cómo lo explica usted?

    —Uruguay tenía un sistema en que confluían varios factores. Empezando por las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), las sociedades anónimas al portador y el secreto bancario; esas tres cosas te permitían moverte prácticamente en el anonimato total. Uruguay además brinda mucha seguridad jurídica, los secretos se respetan a muerte: el secreto tributario, el secreto bancario, la confidencialidad. Quizás eso fue lo que permitió que de alguna manera sirviera para refugio o como puente de transacciones no demasiado santas. Ya con la derogación de las SAFI aprobada en gobiernos anteriores, el paso siguiente fue que las sociedades anónimas por acciones al portador tuvieran que establecer quiénes eran sus accionistas; aunque allí nos quedó el huequito de que sociedades pudieran ser accionistas de otras sociedades. Ahí no estamos llegando al beneficiario final, que es el objetivo que queremos tener. Es el objetivo último para transparentar todo el sistema, conjuntamente con el secreto bancario que ya se ha anunciado que tiene que terminar. Esto debe ocurrir por encima de las convicciones y los argumentos que cada uno puede tener, porque hay gente que defiende este tipo de ingeniería o este tipo de factores y argumenta que traen inversiones. Lo cierto es que los organismos internacionales que permiten estar o no dentro del mundo económico y financiero, están estableciendo obligaciones en cuanto a transparentar cada vez más todas las actividades del país. Personalmente creo que está bien.

    —Los documentos filtrados explicitan que hay como una industria uruguaya dedicada a la creación y manejo de sociedades anónimas offshore, en la que participan muchos estudios jurídicos locales. ¿Eso tiene que terminar?

    —Tiene que terminar o no. Tiene que terminar el que las sociedades estén constituidas en una forma en que no se permita saber quién está atrás. En este mundo en el que se dice que uno de los principales problemas que se está viviendo es el crecimiento del crimen organizado, que haya sociedades que hacen transacciones importantes y que uno no sepa, o que los estados no sepan quién es el que está haciendo esa transacción no está bien. El hecho de ser offshore no implica que no se sepa quién es el dueño, son dos cosas que no necesariamente se tienen que juntar por más que se lo pretenda. La idea es que se sepa quién está atrás, que no haya enmascarados.

    —¿En Uruguay hay conciencia clara de que eso tiene que suceder a nivel de los estudios de abogados, bancos y otros intermediarios que trabajan en el tema?

    —Los negocios son los negocios. Entonces, mientras algo no sea ilegal se va a seguir haciendo. Creo que la culpa no es ni de los estudios ni de las personas. Ya hemos hecho cambios sustanciales. En la discusión previa a la eliminación de lo anónimo en las acciones al portador hubo quienes dijeron que eso implicaba prácticamente la destrucción económica del país. Y eso no pasó. Y no creo que pase nada malo si vos transparentás todo el sistema. Uruguay no tiene la capacidad de lobby internacional como para poder resistirse a las medidas que le puede imponer el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) o la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y, a su vez, tiene una economía demasiado abierta que le impediría cerrarse; sería un suicidio para el país. Un país chico, con tres millones y pico de habitantes, no puede jugar el partido de ser el discordante con un mundo que cambió a gran velocidad. Aparecer en una lista gris o negra del GAFI es un problema grande, por eso tenés que tomar opciones. Pero yo no veo el problema por el lado de los estudios uruguayos, en todo caso habrá que controlarlos. En lo que insisto es en que esto no debe ser algo oscuro. Los estudios tienen la obligación de identificar al beneficiario final. Si lo hacen, está todo bien, si no, entran en una zona gris o negra. Eso es lo que se va a empezar a controlar: quién está atrás de esos negocios.

    —¿La Secretaría tiene previsto controlar a los estudios?

    —La Secretaría tiene previstas inspecciones para la semana que viene, para una serie de sujetos obligados. La Secretaría todavía no tiene todo el personal, pero se va a mover la cosa.

    —¿La difusión de los documentos de Mossack Fonseca va a incidir en ese trabajo?

    —Tenemos un cronograma planificado, pero puede suceder que una situación concreta nos lleve a actuar, yo no diría sobre todo el sector, sino sobre algún integrante del sector.

    —Usted planteaba la necesidad de dar mayor transparencia al sistema y que aspira a que se elimine el secreto bancario…

    —… eso del secreto bancario no es resorte de la Secretaría Antilavado, sino del Ministerio de Economía y el Banco Central.

    —¿Pero usted está a favor de eliminarlo?

    —Sí, pero no es un tema directamente nuestro. Obviamente nos favorece.

    —Por su trabajo para personas vinculadas a los esquemas de corrupción en el fútbol mundial, el titular de J.P. Damiani & Asociados, Juan Pedro Damiani, es una de las personalidades sobre las que más han escrito los medios internacionales que participan en los Panamá Papers. ¿La Secretaría Antilavado tiene pensado actuar al respecto?

    —La Secretaría, por ahora, está nombrada como auxiliar de la Justicia integrando un equipo multidisciplinario en el caso Figueredo, y está a lo que digan los magistrados. No se va a mover por ahora. Ya habrá tiempo de que la Secretaría ejerza el control, porque no queremos entorpecer las acciones judiciales ni complicar la vida de nadie.

    —Los últimos acontecimientos parecen sugerir que el mundo del fútbol aparece como una de las áreas más opacas a la hora de controlar de dónde viene el dinero que se gasta.

    —El problema concreto es que estamos con una organización como la FIFA que no permitía que las justicias nacionales actuaran; actuaban ellos. Ya vimos lo que pasó. Estamos, en el caso de Uruguay, frente a instituciones que tienen exoneraciones tributarias, que no sabemos si llevan o no los libros. Estamos frente a un mundo en el que se comercia con el precio de algo tan intangible como la habilidad para jugar al fútbol, lo que hace que no haya controles suficientes. O sea, estamos ante un mundo complicado que, para mi gusto, hay que regularlo mejor. En todo sentido: desde el punto de vista normativo, incluso desde el punto de vista de relacionamiento internacional. Es bastante novedoso que haya un organismo que esté por encima de los poderes judiciales de los países. Es ese carácter un poco divino que se le ha adjudicado al fútbol. Nosotros tenemos planteado algo que se nos exige, que es que todas las asociaciones civiles, todas las asociaciones sin fines de lucro, sean consideradas como sujetos obligados. Nos parece muy bien que eso sea así y que, con criterio, se realicen controles de origen de fondos y de beneficiarios finales. Son controles sencillos de hacer que en modo alguno van a complicar a los equipos de fútbol.

    —¿Cómo se debe hacer?

    —Hay que avanzar, se establecerá un límite económico de dinero que mueva la institución del fútbol para definir a quién controlar. Lo que nos está diciendo el mundo es que el sistema con el cual se maneja el fútbol no es el más eficiente, ni el que mejor funciona en términos de ética. La evidencia sobra.