Los números y las ficciones de Chile

Luego de cuatro gobiernos consecutivos de la Concertación, el triunfo de las derechas de gestión, con Sebastián Piñera a la cabeza, instaló una propuesta conservadora, presentada como aséptica y distante del pasado oscuro y de cualquier radicalismo. Y parecía que Chile iba a entrar en un péndulo amigable, de sucesiones de un lado al otro del espectro sin mayores traumas. Un toquecito rojo durante cuatro años, darían lugar a una pizca conservadora después. Sin embargo, el modelo guardaba en su trastienda tensiones y dificultades que ninguna propaganda podía ocultar.

La chispa fue el aumento del precio de transporte, pero fue una circunstancia que pudo haber sido cualquier otra, como tantas veces sucedió en la historia. El estallido masivo, en realidad, esconde presiones de años y contradicciones no resueltas.

Piñera reaccionó con represión, y la respuesta masiva provocó reacciones que llegan desde lo profundo. Políticos conservadores justificando esta y todas las represiones, negando las torturas de la dictadura de Pinochet y realizando lecturas acordes con su visión jerárquica del mundo y de la sociedad, atizaron los peores recuerdos. Las fuerzas de represión, especialmente Carabineros, volcaron su violencia contenida durante años, y los golpes, los arrestos y las torturas reaparecieron; los fantasmas del pasado volvían de la mano del “estado de emergencia” y del “toque de queda”. La lucha social ganó los tiempos y las calles y la protesta por la vida se transformó, rápido, en una lucha política, cosa que en Chile no cuesta nada ni debe llamar la atención. La larga geografía chilena no tuvo región sin protestas, incendios o saqueos.

El 19 de octubre, Sebastián Piñera “escuchó” los reclamos, y aceptó la reducción de los precios del transporte, y la instalación de una mesa de diálogo, algo tarde para resolver tensiones acumuladas por tantos años. El 21 el gobierno admitió la necesidad de reformar la Constitución, tan cargada de la herencia pinochetista, para democratizar definitivamente el país, pero con el desafío de crear una sociedad integrada realmente. El modelo de los últimos treinta años parece agotado y sin posibilidades de recargarse. La izquierda se negó a aprobar las normas que habilitan la reforma en tanto no cese la violencia y no se aclaren las responsabilidades por las muertes y las torturas. De ahí a pedir la renuncia de Piñera hubo un paso, que dieron rápidamente.

El gobierno propone un nuevo contrato y una nueva “agenda social”, con aumentos de salarios y pensiones, mejoras en los servicios de salud y en creación de trabajo, así como cambios en las administraciones, desafíos para el nuevo ministro de Economía.

La crisis social chilena, producto de un largo y complejo proceso, se tradujo rápidamente en un conflicto político y en un cuestionamiento a su democracia. El sistema, que para el presidente es “ejemplar”, fue interpelado en sus pilares y el conflicto en las calles aceleró su transformación. Las élites no desean su colapso, ni la izquierda su caída, por tanto la salida es un nuevo contrato que termine el proceso iniciado en 1984. La transición a la democracia en Chile fue –es– larga, quizá demasiado extensa. Las dirigencias, en general, deslumbradas en un espejismo construido por discursos autocomplacientes y por aplausos de un entorno regional fascinado por las irrealidades, chocaron violentamente con lo profundo de una sociedad que exige justicia, mejoras y una democracia sin tutelas ni ficciones. El año entrante deberá realizar ese desafío y parar a Chile en la realidad, donde deberá hacerse cargo de sus límites, sus errores y sus graves problemas. Las duras lecciones de su historia reciente les han enseñado que los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia.