—¿Qué planes prioriza? ¿Y cómo los proyecta con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo estará en esta posición?
—Hay una continuidad en la gestión, ya que los equipos son los mismos que venían trabajando y en los que tengo plena confianza. No hay un cambio abrupto de conducción. Sin perjuicio de la incertidumbre que puede provocar no saber por cuánto tiempo estaré en este rol, obviamente tengo una serie de ideas, desde cosas inmediatas como la firma de un convenio con el sindicato de trabajadores a la creación de la Fiscalía de Toledo. A la tarea constante de intentar sensibilizar al sistema político sobre la importancia de la Fiscalía para la sociedad, que necesita adecuados recursos. Porque la prestación de servicios de la Fiscalía está íntimamente atada con un gran esfuerzo y sacrificio de los técnicos, fiscales y administrativos, de lo contrario no se podría haber plasmado el cambio de sistema procesal que hoy cumple cuatro años.
—¿Sigue el debate sobre el posible nuevo fiscal, o trata de mantenerse al margen?
—No, yo no estoy en las redes, y tampoco me creo mucho. A veces la gente me ha manifestado que se sienten bien representados con mi persona, pero me quedo con lo más humano… como el sábado pasado en San Luis cuando fuimos a conversar con los vecinos. Hubo cosas hasta jocosas, como que me dijeran “usted es la única persona que conozco que cuenta con el apoyo de tirios y troyanos”. Que tampoco sé si es así, pero él veía que yo encarnaba un tipo de personalidad que no encuentra resistencia en determinados sectores políticos.
—Bueno, es un hecho que su nombre no generó resistencia e incluso tuvo el respaldo de Presidencia. ¿Le parece importante ese respaldo?
—Eso implica mayor responsabilidad. Respeto a aquellas autoridades que confían en la labor que uno pueda desempeñar, pero sobre todas las cosas respeto a la gente. Que es lo que me puede desvelar. Las decisiones que uno toma pueden ser cuestionadas, pero no debe caber duda de que son adoptadas con absoluta buena fe.
—¿Se comunicó con el presidente?
—Sí, incluso compartimos momentos en el 134º Aniversario de Bomberos.
—¿Lacalle Pou le trasmitió algún mensaje en ese encuentro?
—Es como usted señala, un mensaje de normalidad, tranquilidad. Sería incapaz de mencionar temas que son privativos del presidente en la charla que tuvimos.
—Hoy está en un cargo de alto perfil, pero la exposición no es nueva para usted. En su trayectoria como fiscal estuvo al frente de Crimen Organizado y pidió, por ejemplo, el procesamiento del exministro de Economía y del expresidente del Banco República. ¿Le han “cobrado” algunas de sus acciones como fiscal desde el sistema político?
—Nunca me colgué ninguna medalla por haber solicitado ni esos u otros enjuiciamientos. Siempre entendí que cumplía con la misión de fiscal. Y yo no persigo a personas. Analicé hechos, adopté una decisión y la promoví ante la Justicia, que me amparó en todas las instancias procesales. Pero nunca me colgué ninguna medalla. Son seres humanos que estaban frente al sistema judicial como debe ser en un régimen democrático. Ninguna satisfacción personal me ha causado eso.
—Pero del otro lado puede no verse así. Hay ejemplos recientes de que al sistema político no le cae en gracia cuando la Justicia toma decisiones que afectan a miembros de su partido. ¿Eso lo sintió?
—No considero que nadie me haya cobrado cuentas. Me he mantenido con la misma humildad con que inicié mi carrera como fiscal el 17 de diciembre de 1997. No varió nada. Son las reglas de juego y no considero nada más que haber cumplido con mi deber.
—¿Le gustaría seguir en el cargo hasta 2025?
—Gusto no. Estoy acá sin pretenderlo, si bien era consciente de que subrogar a Díaz implicaba, si no había acuerdo del sistema político, estar al frente de la Fiscalía. Pero después de tanto tiempo y tantas batallas, no encuentro especial gusto... porque no lo esperaba, nunca la soñé, nunca la pretendí. Más que gusto, siento la responsabilidad.
—El nuevo Código del Proceso Penal cumplió esta semana cuatro años. ¿Qué ventajas destaca, y qué problemas?
—Muchas ventajas. Desde el tema de los presuntos inocentes presos, sin condena, que se ha revertido y hoy estamos en 86 % de personas privadas de libertad con sentencia ejecutoriada. Eso afectaba la imagen del país. También debo ser absolutamente realista. Se pensaba que el código favorecía a la delincuencia. Recuerdo con bastante precisión los números que teníamos en 2017, 11.058 presos, y el número en 2018, que era 10.150. Ahí se armó un precioso debate que el tiempo ubicó en su exacta dimensión y hoy estamos en 14.000 o más presos.
—Se exhibe como prueba de eficacia del código la cantidad récord de presos. Pero parte del objetivo de la reforma era profundizar las vías alternativas, salir de la lógica de la prisión como única opción. ¿Fracasó esa parte?
—También creció el número de personas formalizadas o condenadas que están cumpliendo un régimen de libertad asistida o libertad a prueba. Hay más de 10.000 situaciones de esa naturaleza, imagínese lo que sería en términos de superpoblación, hacinamiento, si la única vía fuera la prisión. Evidentemente han crecido ambas vías.
—Uno de los principales cuestionamientos al CPP apunta al uso muy mayoritario del proceso abreviado. ¿Lo ve como un problema?
—Es una solución. Sería impensable a esta altura, en el 2021, que tuviéramos el 70% de personas privadas de libertad sin condena. Segundo, una de las críticas que se hace al proceso abreviado es que rebaja la pena. Pero lo que olvidamos es que antes, frente a estos mismos casos, podía ser un procesamiento con prisión que en poco tiempo, dos, tres, cuatro meses, obtenía la libertad provisional, y nadie se escandalizaba. Los famosos incidentes excarcelatorios eran diarios. Y sería absolutamente imposible llevar todos los casos a juicio oral y público, por la complejidad que tienen. El abreviado es una forma rápida de resolver el conflicto, con un ahorro muy grande de recursos humanos y económicos.
—La Operación Océano ha sido uno de los casos más mediáticos y controvertidos de la Fiscalía. La semana pasada se resolvió cambiar a la fiscal Darviña Viera poco antes de concluir la etapa de formalización. Si bien se atribuyó la decisión a cuestiones de salud, ¿pesó el desempeño de la fiscal?
—No el desempeño sino la certeza de que la fiscal no iba a estar en todo el desarrollo del proceso, que uno lo prevé en años. Porque a nivel de colegas era sabido que su propósito era ampararse en el régimen jubilatorio en los primeros meses del año entrante, entonces ni siquiera consideramos que sería tiempo suficiente para la iniciación del proceso.
—¿O sea que Viera no tenía intención de continuar la causa hasta el final?
—Evidentemente no. Eso lo debería decir ella, pero yo me permito decir en nombre de la más auténtica verdad, que la Fiscalía General quiere que este proceso siga su curso normal, que cada cual tenga su día ante el tribunal. Queremos las cosas con extrema corrección. Y si a eso le unimos lo más importante, la situación de la doctora Darviña, absolutamente reconocida por todo el cuerpo de fiscales del país, que manifiesta una cuestión de salud —obviamente no puedo entrar en detalles personales— no podíamos permitir que se siguiera alargando un proceso que no admite la famosas subrogaciones. En esta megacausa es absolutamente desaconsejable. Si las secuencias de audiencias se pueden establecer una semana y otra y otra, de modo alguno preveo que tres o cuatro fiscales distintos puedan llevar el tema. El problema de salud junto al problema de ampararse próximamente al sistema jubilatorio, llevó a que, en consenso con la doctora, adoptáramos la decisión que nos pareció más conveniente para la preservación de la investigación. Le otorgamos todos los méritos a la lucha de la Dra. Darviña y su equipo por más de un año y medio, enfrentando a una larga lista de imputados y una más larga lista de abogados que evidentemente crean una situación dispar. Y que va a continuar siendo así. Pero estamos confiados en que se seguirá con todos los recursos que tenga la Fiscalía para permitir que la población tenga certezas, si hay responsables y si hay inocentes.
—Los abogados defensores han señalado errores de procedimiento, algunos desestimados y otros recogidos por las juezas. ¿Está conforme en cómo se trabajó el caso? ¿Se cometieron errores que debieron haberse evitado?
—Los errores, hasta donde yo sé, son corregibles, subsanables. Ante una observación de la magistrada, se corrige y se continúa. En una causa tan compleja como esta, y con esa disparidad de fuerzas humanas, para no hablar de capacidades sino de fuerzas, 60 contra cuatro... pueden ocurrir. No es bueno que ocurran, se advirtieron, se van a corregir y ahí debería terminar el tema. De modo alguno pretendo entrar en disputas dialécticas con abogados sobre si son grandes, chicos, pequeños... son errores sub-sa-na-bles.
—¿Fue un error unificar a todos los imputados en una causa?
—Lo respondo muy sencillo: es una estrategia que tomó la fiscal y su equipo, que con el diario del lunes, del martes, del miércoles... vemos que es complejo seguir un procedimiento con tantos imputados. Con humildad la Fiscalía toma esto como un aprendizaje. Seguramente en su momento será motivo de análisis. Fue una decisión que uno tiene que respetar. Nadie me preguntaría nada sobre esta operación si en vez de 32 personas imputadas en un único proceso, tuviéramos 32 procesos distintos. Ahí uno advierte que fue una estrategia que admite ser analizada.
—Díaz en su momento defendió la presencia mediática de la Fiscalía que lleva el caso para dar la “batalla comunicacional”, porque los casos “se juegan” en los juzgados y “en la prensa”. ¿Está de acuerdo?
—Considero que la comunicación auténtica de lo que sucede es buena para la gente. Terminar con los secretismos y con la falta de transparencia, que puede llevar a confusiones. Haría el matiz de que todas las cuestiones de derecho deben finalmente ser debatidas en los estrados y resueltas conforme a la ley. Pero eso no quita el ejercicio de la libertad de expresión que tienen abogados, víctimas, imputados. Y también los fiscales. Lo que no me parece es que ese hecho sea permanente.
—¿O que sea parte de la batalla que hay que ganar?
—Eso a mí no me parece. Es mi opinión, respeto otras opiniones. Está bien que se sepa, pero que estemos un día sí y otro también únicamente discutiendo fuera de los estratos judiciales lo que tenemos que discutir en ese ámbito, a la larga no me parece lo más correcto.
—Abogados han acudido a los medios ha señalar presuntos errores de fiscales, no solo en la Operación Océano sino en otros casos, como la supuesta preparación de testigos. ¿Cree que hay una estrategia de buscar minar la credibilidad de la Fiscalía?
—No quiero opinar de estrategia de las defensas precisamente para no profundizar esa aparente grieta que alguna persona podrá tener interés de que se visualice. Simplemente digo que la Fiscalía no tiene ninguna necesidad de estar armando declaraciones que no se comparezcan con la realidad. Lo que recoge la investigación son evidencias, que para transformarse en pruebas se requiere ir a un juicio oral y público, con todas las garantías ante un juez. No sé qué daño podríamos causar si fuera cierto. Y además no es cierto. Sería contrario al deber más sagrado de los fiscales de ser objetivos y respetuosos de la ley. Lo rechazo con el mayor énfasis posible, sería inocuo y sería sobrestimar de nuestros jueces.
—Más allá de algunas fluctuaciones, los homicidios han crecido en los últimos años, y venimos de unos días particularmente violentos. Usted que trabajó como fiscal de Homicidios, ¿es la mayor presencia del narcotráfico? ¿Puede revertirse?
—Evidentemente la droga, su comercialización, tiene incidencia en gran parte de los homicidios. Lamentablemente es así y es una realidad. Uno debe reconocerla para seguir luchando y buscando caminos de solución, que no son fáciles. En general las personas a quienes les atribuimos la autoría de homicidios son jóvenes, sin trabajo y con escuela primaria. Hay un problema cultural, de formación, muy grande, que necesariamente el Estado debe continuar atacando si pretendemos un día no estar inmersos en esos actos de violencia que eran ajenos a nuestras vidas y que ahora lamentablemente son de casi todos los días.
—Recuerdo que cuando se instaló el nuevo CPP me contó que recorrió las seccionales para presentarse con los policías que trabajarían junto a usted. Estoy al tanto de que ahora planea organizar reuniones periódicas entre fiscales y policías. ¿Es así? ¿Qué aspira a lograr con eso?
—Cuando hablo de una fiscalía amigable y abierta, también engloba eso. En el interior siempre lo aplicábamos y ahora vamos a empezar en Montevideo, esta semana. Cuando termine el turno el fiscal de la zona 1 dialogará con el jefe de la zona 1 para ver qué falto, qué sobró, qué no se hizo. Muchas veces el cara a cara nos lleva a señalar “yo sin tal medida probatoria no puedo formalizar”, por ejemplo. Y la autoridad policial también tiene la respuesta de por qué tal fiscal adoptó tal decisión. Eso ayuda, evita problemas, malos entendidos. También lo vamos a hacer entre las fiscalías de violencia doméstica y abusos sexuales y las unidades especializadas de la policía. Será un trabajo de largo aliento pero si no lo empezamos…
—Uno pensaría que ese diálogo ya existía. ¿No hay ese tipo de intercambios, que parecen fundamentales, entre policías y fiscales? ¿Depende de las personas?
—Depende de las personas. Yo, capaz porque tenía una fiscalía muy sensible, necesitaba un contacto muy cercano con los investigadores, con la policía científica, el intercambio, el ir. A veces la vorágine del trabajo lo impide. Pero en ese aspecto empezamos. Estamos dispuestos a conversar con los ciudadanos cuando así lo requieran, que se sientan respaldados por el accionar de la fiscalía. Ese es uno de los objetivos y sueños que uno tiene. Es difícil y demanda mucho tiempo, pero estamos dispuestos a hacerlo.
—Usted que conoce de cerca el trabajo en el terreno y la actuación policial; ¿las modificaciones de la Ley de Urgente Consideración que le dieron más libertad a la policía tuvieron una consecuencia positiva o negativa? Desde la Defensoría de oficio, por ejemplo, se denuncia que incrementaron los abusos.
—Los temas deben ser tomados con mucha prudencia, analizados. Si hubiera abusos deben ser corregidos, son innecesarios en una investigación penal. No concibo eso. Estamos atentos a que eso ocurra y por eso ese contacto que pretendemos con las autoridades policiales. Estamos en un sistema de derecho y somos fervientes defensores de la vigencia de los derechos fundamentales de todas las personas. Pero especialmente de las víctimas y testigos de delitos.
- Recuadro de la entrevista
Un encuentro personal con Domenech