N° 1888 - 13 al 19 de Octubre de 2016
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáHay momentos en que ciertas controversias políticas sorprenden, resultan incomprensibles y convocan a la perplejidad. Incluso a quienes siguen con atención el discurrir de la política nacional. Son situaciones que afectan la credibilidad y el prestigio de quienes, por ejercer posiciones de responsabilidad política, son referentes ciudadanos, formadores de opinión. Sorpresa, incomprensión, perplejidad. Es lo que acaba de ocurrir ante las reacciones que motivó el reciente planteo del senador colorado Pedro Bordaberry.
Bajo el impacto emocional causado por el asesinato de Heriberto Prati Pittaluga a manos de un rapiñero, Bordaberry anunció su intención de procurar la censura y caída del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. “Estamos dispuestos a llegar a recorrer los caminos establecidos en los artículos 147 y 148 de la Constitución (…) con todo lo que ello implica y llegar hasta las consecuencias que se quieran, para buscar respaldar la paz pública”, declaró.
Su planteo, respaldado por otros dirigentes opositores, no podía sorprender a nadie. Los cuestionamientos al ministro ante una ola delictiva que no cesa y que periódicamente genera episodios violentos que impactan a la población, no son un hecho nuevo. Con independencia de simpatías políticas o condición social, hace tiempo que sectores de la sociedad han sido ganados por un sentimiento de indefensión ante lo que consideran una respuesta ineficaz y tardía de la Policía. De ello se responsabiliza al titular de la cartera. Las críticas aumentaron al conocerse declaraciones suyas poco oportunas, en las que sugirió que cuando se enfrenta a un delincuente armado, ante individuos que carecen de códigos y que están dispuestos a todo, “no conviene mostrar resistencia”.
El consejo, que podría considerarse apropiado en otras circunstancias, despertó la indignación en muchas personas no solo porque se consideró que cuestionaba la reacción de la víctima, sino porque se interpretó como el reconocimiento de que estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia.
Bonomi lleva seis años y medio al frente del Ministerio. En estos años la cartera ha dispuesto de más recursos, más equipamiento, más personal y se han mejorado los salarios de sus funcionarios. Una y otra vez ha anunciado planes y reestructuras procurando mejorar una gestión policial. Pero eso solo es reconocido por el oficialismo.
Bordaberry, al tratar de aprovechar la conmoción que dicho crimen causó en la opinión pública atacando un flanco débil del gobierno, puede ser acusado de “oportunismo político”, de procurar un golpe efectista para obtener cierto protagonismo. En todo caso, así suele hacerse política.
Dado que el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras y que su bancada ha actuado disciplinadamente, la propuesta del senador colorado estaba desde el principio destinada a fracasar. No solo porque Bonomi tiene el pleno respaldo del presidente Vázquez y de su partido, sino porque la oposición carece de los votos necesarios para lograr la censura. El procedimiento previsto por los artículos 147 y 148 de la Constitución prevé mayorías que, salvo deserciones en la bancada del gobierno, resultan inalcanzables en la actual legislatura para cualquier iniciativa opositora rechazada por el oficialismo.
Por otra parte, el planteo de Bordaberry no tiene siquiera el respaldo de toda la oposición. Pero además, a la eventual disolución de las cámaras y llamado a elecciones solo se llega mediante una decisión que requiere la voluntad de los legisladores (mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General), del presidente de la República (que debe confirmar al ministro) y finalmente una votación de la Asamblea General menor a los 3/5 de sus miembros (76 votos, la oposición apenas llega a 63).
Se trata de una situación institucional a la que nunca se ha llegado. Solo una vez estuvo en juego, a comienzos de los 70, durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco. Pero en la instancia decisiva, el voto de varios legisladores colorados se sumaron a la censura determinando la caída del ministro cuestionado y evitando que el presidente pudiera disolver las cámaras y convocar la elección legislativa.
Si el planteo de Bordaberry podría considerarse un “saludo a la bandera”, un acto para congraciarse con una opinión pública temerosa e indignada y para lograr protagonismo, la reacción del Frente Amplio, de organizaciones asociadas al proyecto político de la izquierda (PIT-CNT, FEUU) y de su militancia resultó tan irracional como desmesurada. Sobre todo si se recuerda la actuación del FA mientras estuvo en la oposición.
Flanqueado por legisladores de la coalición gobernante, el flamante presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, acusó a la oposición de “generar inestabilidad” política en el país. Miranda instó a los partidos opositores a “viabilizar las respuestas a la ciudadanía en el marco de la institucionalidad democrática y republicana, sin apelar a atajos que generan inestabilidad” y llamó a la oposición a reflexionar sobre estos hechos.
El diputado socialista Roberto Chiazzaro dio un paso más al considerar que hablar de elecciones anticipadas “apunta a desestabilizar la democracia en Uruguay”, el senador Rafael Michelini asoció el planteo de Bordaberry con declaraciones del senador blanco Luis Lacalle Pou, quien semanas atrás dijo que había que “ayudar” al FA “a terminar en tiempo y forma” su gobierno. A su juicio estos hechos demuestran la “desesperación” de la oposición. La senadora socialista y ex presidenta de la coalición, Mónica Xavier, cuestionó las expresiones de Bordaberry y llamó a “cuidar la democracia”. Otros dirigentes frentistas hablaron de “alarma pública” y, confirmando su condición de organizaciones oficialistas, el PIT-CNT y FEUU sumaron sus voces a los ataques contra el senador colorado. En las “redes sociales” los militantes del FA no se pusieron límites para ajusticiar a Bordaberry. Total, el apellido lo condena.
En política, nada ocurre porque sí. Todo tiene una explicación.
Por eso cabe preguntarse por qué si el planteo de Bordaberry está previsto en la Constitución, el FA le atribuye la intención de desestabilizar la democracia. ¿Seguir procedimientos previstos por la ley atenta contra la democracia? Pero además, ¿qué explica el grado de virulencia si se sabe que ni Bordaberry ni toda la oposición junta pueden censurar al ministro?
No es la primera vez que desde el FA se reacciona así ante cuestionamientos políticos opositores. También ocurrió meses atrás cuando la oposición criticó el apoyo dado al vicepresidente Raúl Sendic al conocerse que carecía del título de licenciado que le es atribuido en diversos documentos oficiales.
Hasta no hace mucho, respaldados en su mayoría parlamentaria, el gobierno y el FA ninguneaban a la oposición. Ni se ocupaban de responder sus críticas.
La explicación de este cambio de actitud, de la inquietud y el nerviosismo que manifiesta el oficialismo en los últimos meses, debería buscarse en los resultados de encuestas que registran una caída de la intención de voto de la coalición gobernante.