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Carlos Caballero emigró por primera vez a Noruega como exiliado político en 1977. Regresó a Uruguay en 1984 con la reapertura democrática, y volvió a emigrar a Oslo por la crisis económica de 2002. Ahí empezó a trabajar como “intermediario” en el envío de las “ayudas técnicas” para personas discapacitadas entre las instituciones solicitantes de Uruguay y las centrales de distribución de Noruega.
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Maestro jubilado, de 72 años, Caballero explica que su tarea en la fundación Hjelpemiddelfondet es honoraria, que esa organización funciona como una red solidaria “idealista y apolítica”, integrada por noruegos y uruguayos radicados en Oslo. “Yo tengo un compromiso social que me ha movido y también conmovido por la crisis del 2002”. En mayo de 2003 se distribuyeron en Montevideo los primeros insumos enviados por la fundación noruega.
—¿Cómo está Uruguay en políticas de inclusión a las personas discapacitadas?
—Estamos muy lejos, si bien dimos pasos de gigantes con la creación en 2014 del Cenatt (Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas) que atiende a personas de muy bajos recursos. Pero si un discapacitado tiene BPS, es policía o militar, ya no le corresponden esas ayudas. Hay una dispersión institucional muy grande y la gente no sabe a dónde acudir. Por otro lado, Uruguay tiene que empezar a independizarse de las ayudas técnicas y tecnológicas del exterior. Uruguay debe preparar a sus técnicos en adaptabilidad y en reparación de instrumentos.
En Uruguay tampoco existen fábricas de producción de ayudas técnicas porque el mercado es chico y caro. Un bipedestador cuesta más de 3.000 dólares, un movilizador de miembros inferiores 7.000, las sillas anfibias valen unos 4.000 dólares.
—¿Por qué el país sigue lejos de cumplir la ley que fija el cupo del 4% de las vacantes laborales del Estado para discapacitados?
—Porque el Estado es el primer transgresor. Apenas ocho organismos alcanzaron el mínimo previsto por la ley en 2017 (la ANEP, la Caja de Jubilaciones, Antel y las intendencias de Montevideo, Canelones, Maldonado, Tacuarembó y Durazno). Las empresas privadas también tendrían que dar el ejemplo. Pero esa lucha no es exclusiva del tercer mundo, también se da en Noruega. Pasa que allí hay conciencia de que las políticas sociales son necesarias.
—¿Usted dice que en Uruguay no existe conciencia de eso?
—¡Sí hay permanentes manifestaciones en contra de las políticas sociales! Hay gente que quiere ser del primer mundo, pero actuando como en el tercero, y así no vale.