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“Instituciones fuertes”, “consumo alto” de drogas y “bajo nivel de violencia” en Uruguay permiten “ensayar” políticas “creativas”
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, presentó al presidente José Mujica un informe sobre el problema del consumo de drogas y narcotráfico en la región
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El informe que presentó este año la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales, así como de la violencia asociada al narcotráfico en la región es considerado por diversos especialistas como un mojón que explicita un cambio en el debate del hemisferio que abastece al mundo de varias de esas sustancias, ya que, por primera vez, se atreve a evaluar como una solución posible la “legalización” y “regulación” del mercado de la marihuana. “Tarde o temprano deberán tomarse decisiones al respecto”, señala el estudio pedido por los gobiernos de la región.
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Por eso, la visita del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a Uruguay esta semana para presentar el informe al presidente José Mujica fue destacada por el gobierno, que por estos días intenta que el Parlamento apruebe un proyecto que transformará al país en el único en el hemisferio en regular la producción, venta y consumo de marihuana con fines recreativos.
Antes de reunirse con el presidente, Insulza recibió a Búsqueda en el Sofitel Carrasco y aseguró que por sus características de país con “instituciones fuertes”, “alto consumo” y “niveles de violencia relativamente bajos” Uruguay tiene las condiciones para “ensayar políticas creativas” sobre drogas.
—Llega al país a presentar el informe que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre drogas y narcotráfico en el continente. ¿El objetivo es apoyar la iniciativa de legalización que discute Uruguay?
—Me han invitado para hacer esta presentación y como la persona responsable de este informe que solicitaron los presidentes, lo presento en todas partes. Uruguay ha tenido un rol de avanzada en esta discusión, así que con mucho gusto lo presento. En el asunto de la droga hay varios consensos; el principal es que, como dijo un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, estamos todos de acuerdo en que con este tema no vamos a lidiar solamente con la represión. Y es un cambio sustantivo.
—¿Eso implica que hay un acuerdo en que la teoría prohibicionista fracasó?
—Yo no diría solamente el prohibicionismo, sino también la vieja proclama de que hay que atacar la demanda y no solamente la oferta y por lo tanto hay que hacerse cargo también de las personas que consumen droga, darle tratamiento, tratarlos no como delincuentes sino como personas que están enfermas o propensas a una enfermedad. Lo que es cierto es que hay lugar a una política mucho más diversificada que antes. No es malo que en vez de imponerse una decisión desde arriba cada país vea lo que pueda hacer y los demás verán qué pueden sacar de eso. Nosotros sacamos bastantes lecciones de la experiencia de Portugal o de Holanda.
—¿Las condiciones de Uruguay le permiten ser ese sitio de experimentación?
—Hay varias categorías de países que se distinguen por los niveles de consumo y por los niveles de violencia. Países como los centroamericanos tienen consumo bajo pero la violencia es altísima. Y hay países como Chile, Estados Unidos, Uruguay, en que el consumo es alto pero la violencia relacionada con el consumo si bien preocupa, es mucho menor que en otros países. Es interesante el caso de Uruguay por ser país de consumo relativamente alto pero hay al mismo tiempo niveles de violencia relativamente bajos, y se está en condiciones por lo tanto de ensayar políticas creativas para disminuir el consumo. Ahora, ¿cuál es la razón por la que ocurre el tema de la violencia? El adecuado funcionamiento de las instituciones. Hay un alto grado de asociación entre los niveles de violencia con los niveles de impunidad y del funcionamiento de las instituciones. El delincuente mide no el tamaño de la pena que le quieren aplicar sino la certeza de la pena. Si sabe que el 96% de los que hacen eso van a ir presos, va a tener más cuidado que si el 96% queda impune, como ocurre en algunos países de América Central. Es un riesgo bajo. Por tanto, Uruguay tiene experiencias interesantes que aportar.
—Cuando Uruguay planteó el tema de la legalización de la marihuana, la Organización de las Naciones Unidas sacó un comunicado cuestionando esta vía. ¿Qué riesgos corre el país de ser sancionado a nivel internacional?
—Las convenciones son bastante fuertes al respecto. Pero creo que los países tienen derecho a resolver determinados temas. Una legalización lisa y llana de la droga podría traer dificultades, pero como lo que se está planteando aquí es una regulación, entonces es relativamente distinto. Hay un cierto temor o reticencia en el mundo a abrir las convenciones. Pero estas son referentes generales. Hoy no hay disposición a romper con las convenciones.
—¿La OEA como institución apoyará a Uruguay en esas posibles “tensiones intergubernamentales” que se pueden generar por el incumplimiento de convenciones, y que se establecen en el informe?
—Lo que nosotros apoyamos es que exista la posibilidad de que en esta materia los países puedan adoptar sus políticas. Ojalá fuera lo más coincidente posible, pero cuando hablamos de tener una gran flexibilidad para tratar estos temas, es contemplar esto. Si estamos todos de acuerdo en que el adicto debe ser tratado como un enfermo, no hay que meterlo preso. Pero hay países a los que eso no les gusta. Nosotros respetamos eso, aunque decimos con claridad que cuando padecen una adicción grave es necesario mirar que la persona no ponga en peligro su vida o la de los demás. Entonces, seamos flexibles sin salirnos del marco más o menos general en el que estamos todos: la idea de salud, que no todo se puede combatir por el lado de la represión, que hay que tener instituciones fuertes y que por ahora no vamos a denunciar las convenciones.
—Decía usted que “por ahora” no van a denunciar las convenciones. ¿Es un “por ahora” a corto plazo?
—Naciones Unidas tiene a comienzos del año 2016 una reunión. Al secretario general de Naciones Unidas le dije: no se preocupe que no van a llegar para ese año todos latinoamericanos a denunciar la convención. Eso no va a ocurrir. Son temas a largo plazo.
—¿Y para el largo plazo es una posibilidad?
—No sé lo que habrá que hacer. Pero repito, soy muy partidario de no imponer estas políticas sociales todas al mismo tiempo. Con todo lo que se dice de Estados Unidos, si usted lo ve como país y no como gobierno, es el país más avanzado en esta materia. Tiene dos estados en los que la marihuana está legalizada y por lo menos 16 en los que existe esto de la marihuana con fines medicinales. A lo mejor es bueno ver qué va pasando en esos estados. ¿Aumenta el consumo? ¿Disminuye la delincuencia? Esas son preguntas que es válido hacerse y hay países que están más en condiciones de hacerlos que otros. Uruguay es un ejemplo de país que podría avanzar por ese camino sin provocar ningún escándalo.