El teléfono del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, empezó a sonar. Era un número desconocido, atendió y del otro lado escuchó la voz quebrantada de una mujer llorando desesperada porque su hijo estaba en el CTI. El joven había sido asignado junto a otro compañero para armar una biblioteca, una de las pocas oportunidades de salir de la celda en el Penal de Libertad. Otros siete presos se molestaron por no ser elegidos, discutieron y los apuñalaron. “Es tan grande la falta de actividades que cuando a alguien le dan una tarea que le permite salir, eso le puede costar la vida por la frustración de los otros”, dice Petit.
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La misma vida llevan varios presos en algunos módulos de los penales de Libertad, Canelones, Maldonado y también en el penal femenino. Los módulos 8, 10, 11 y 12 del Complejo Penitenciario Santiago Vázquez (Comcar) son el infierno del sistema carcelario. Los presos pasan semanas encerrados sin salir al patio, sufren hacinamiento, no tienen talleres educativos y conviven entre violencia, intentos de suicidios, extorsiones y el deterioro por el consumo de drogas.
En total equivalen al 33% de los centros y allí, de acuerdo a las normas internacionales, hay “trato cruel, inhumano o degradante”. En otro 41% de las cárceles las condiciones mejoran, pero siguen siendo “insuficientes para la rehabilitación” y solo un 26% de las prisiones dan “oportunidades de rehabilitación”.
A esa conclusión llegó Petit y lo plasmó en su informe anual presentado ante el Parlamento el pasado jueves 27. En diálogo con Búsqueda, el comisionado dice que sabe que su calificación “es pesada”, pero asegura que “lo que debe preocupar es ver a Uruguay en este nivel”.
Las cárceles cada día tienen más presos; en febrero pasado existían unos 11.150 reclusos, cinco veces más que en 1985, casi el triple de los que había en 2000 y un 22% más de los que había en 2010. Alrededor de 580 son mujeres, de las cuales 340 están en el Centro Nacional de Rehabilitación. A nivel mundial Uruguay ocupa el lugar 30 en el índice de prisionización —cantidad de presos cada 100.000 habitantes—, por delante de Colombia, México, Argentina, Bolivia y Guatemala.
Petit no entiende por qué Uruguay tiene más presos que países con oleadas de crimen organizado, secuestros permanentes, narcotráfico muy desarrollado o las maras en Centroamérica. “Sí hay cosas nuevas que nos asustan, pero da la impresión de que vivimos con mucho miedo y no nos está dejando pensar cuáles son los caminos para trabajar en las distintas fases que tiene la violencia”, dice.
La vida preso.
Las cárceles muestran dos realidades antagónicas. En centros como Punta de Rieles, Domingo Arena y varios penales del interior del país se da “una convivencia con posibilidades de rehabilitación”, la violencia es poco frecuente y aun con carencias edilicias o de personal, se impulsan proyectos. Hay huertas, aulas para estudiar, clases de yoga, fútbol y otras tantas actividades.
En el Polo Industrial, bajo la órbita del Comcar, donde participan 500 presos, hay fábricas, talleres, biblioteca y salas de reuniones. Allí funcionan empresas privadas que pagan un sueldo a los reclusos y los capacitan como operarios.
Este modelo aún sigue siendo para unos pocos, en Punta de Rieles es donde más se desarrolló, participaron 596 reclusos, pero para Petit el camino a seguir es replicarlo en las prisiones más complicadas.
En el otro extremo, en los módulos 8, 10, 11 y 12 del Comcar celebraron la llegada de las clases de rugby, porque en algunos casos arrastraban años sin actividades. La educación no penetra, apenas hay 2.150 estudiantes en todo el sistema y unas 150 personas son analfabetas. En los celdarios 1 y 2 del Penal de Libertad hay unos 1.000 internos que salen al patio una vez por semana. “Si viven encerrados, lo que viven es violencia, corrupción, amenazas y eso hacen cuando salen porque es lo que aprendieron”, dice Petit.
La violencia en la cárcel es cotidiana. Hay 20 veces más homicidios que en la sociedad en general y algunos centros en específico tienen registros muy por encima del resto. En el Comcar hay cuatro veces más heridos que en los demás penales. Y entre el Penal de Libertad y el Comcar sumaron 22 muertes violentas en 2016, el 71% del total del sistema.
Petit repasó las carpetas de los presos fallecidos y se encontró con que no existen planes específicos para la recuperación de los internos con metas concretas para su reinserción a la sociedad. En su lugar, “la idea del castigo sigue estando muy fuerte” y “el pesimismo cultural, no solo en Uruguay, de que las personas que cometen delitos tienen un circuito mental que funciona mal y no se puede recuperar”.
En las cárceles donde hay mayor cantidad de presos es donde hay más carencias. Falta personal para encargarse de la seguridad, se dan encierros prolongados en la celda, no hay recursos para la atención en salud mental, escasos programas contra las adicciones y la ausencia de programas de asistencia social.
“En los lugares donde hay más violencia no es porque estén los peores presos, es porque están las peores condiciones”, asegura Petit.
La falta de personal afecta la atención de los presos y las consecuencias son letales. En junio de 2016 Ana, una reclusa de la cárcel de Soriano, no se sentía bien. Hacía un tiempo sufría depresión y la vida de la cárcel no la ayudaba. Comenzó a cortarse las venas, hasta que la guardia la vio y la llevó a enfermería para que le suturaran las heridas.
—¿Por qué se infringe heridas? —le preguntó el oficial.
—Porque me quería matar, porque soy muy impulsiva y extraño a mi familia, me quiero tratar con psicólogo o alguien que me ayude para estar bien, y cuando salga poder trabajar y criar a mi hijo. Necesito mucho que me ayuden —respondió.
El tratamiento psicológico no llegó y en febrero pasado se ahorcó en su celda.
“La cárcel debe ser el CTI de las políticas sociales, el lugar donde estén los mayores dispositivos para quien llega con una enorme cantidad de problemas. Se da al revés, en el CTI no hay ningún aparato, no hay nada. Entonces a los más graves es a los que menos se les da y la conclusión es que se van a seguir agravando y extendiendo a sus familias”, dice Petit.
Vuelta a la calle.
El comisionado está convencido de que el preso solo se puede recuperar si en la cárcel se encuentra con un plan de rehabilitación con buena convivencia y herramientas educativas. “Si no, estamos liquidados porque afuera reproducen lo que vivieron adentro”, dice.
El antecedente de la cárcel complica a los presos cuando salen a buscar trabajo. La “ley de humanización y modernización del sistema carcelario” obliga a incluir en todos los pliegos de licitaciones de obras y servicio público un 5% del personal de peones a liberados, pero Petit asegura que no se aplica porque las empresas eluden contratarlos cambiando el rango de las tareas.
La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) los ayuda con su reinserción, pero no puede dar cobertura a todos. En 2016 salieron de la cárcel 6.500 personas, la Dinali atendió a 2.062 personas y en las pasantías laborales protegidas trabajaron 254 usuarios, en su mayoría en dependencias del correo, el puerto y OSE.
El escenario para Petit es “muy frágil”. Malas condiciones de reclusión, violencia, ocio forzoso y ausencia de programas educativos que impacta en los presos y sus familias. Por eso insiste en replicar los casos como Punta de Rieles. “Si no, con tanta gente que sale de centros donde no han recibido aportes educativos, laborales o culturales, solo se puede generar nuevos problemas”.
Información Nacional
2017-05-04T00:00:00
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