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En octubre de 2021, después del escándalo en torno al Municipio de Florencio Sánchez, el Tribunal de Cuentas (TCR) decidió hacer allí una auditoría extraordinaria. Habían sido condenados por la Justicia el alcalde Alfredo Sánchez, su esposa, la nuera y dos de sus hijas, una de ellas concejala (además de otra sin parentesco) y su hijo, edil departamental. Entre los delitos que se les tipificaron hubo de todo —asociación para delinquir en reiteración real, delito continuado de fraude, colusión, falsificación ideológica por funcionario público, encubrimiento— por, entre otras cosas, vender a terceros, o devolvérselas a sus propietarios a cambio de un pago, las motos incautadas por parte del personal de Tránsito Municipal por atrasos en la patente de rodados u otras irregularidades. También compraban votos pagando con motos o con pasajes de ómnibus, combustibles, materiales de construcción, entre otros bienes municipales. Falsificaban firmas, y el alcalde y una de las concejalas se quedaban con parte del sobresueldo de una funcionaria del municipio. Y cobraron coimas para evitar la clausura de una cervecería y, en acuerdo con un empresario, se repartían el dinero por obras que no se hacían, según la investigación de la Justicia.
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Pero la auditoría del TCR tuvo como propósito “identificar las debilidades de control interno y evaluar si” estas “facilitaron los delitos constatados en la investigación judicial”, sin expedirse acerca de las responsabilidades penales porque “no (le) corresponde”.
Florencio Sánchez y los demás municipios de Colonia solo cumplen tareas operativas; de la parte administrativa, financiera y contable se encargan oficinas dependientes de las intendencias. El equipo de auditores determinó que en ese municipio coloniense no existe una “adecuada separación de funciones” y, por ejemplo, los cheques eran firmados por la cajera y el secretario de la Oficina Administrativa. Además, este último era “ordenador de gastos y pagos” y al mismo tiempo quien firmaba los cheques y atendía “todos los trámites”, señala el informe, al que accedió Búsqueda.
“No existen manuales de procedimiento que definan las tareas y responsabilidades” de quienes manejan los fondos y, en consecuencia, se adolece de “supervisión” de la Dirección de Hacienda. Por su lado, el municipio “no mantuvo un criterio contable uniforme”.
La “totalidad de los gastos realizados son enviados a la intendencia con posterioridad al pago” para la intervención del contador delegado del TCR, violando la Constitución. Otro apartamiento fue la emisión de órdenes de gasto ejecutadas y pagadas sin las firmas exigidas del alcalde y dos concejales. Además, todos los gastos se hicieron mediante compra directa, sin invitar a un mínimo de tres oferentes.
En materia de recursos humanos, el TCR constató que en el Municipio de Florencio Sánchez solo “se apela a la observación visual” para controlar asistencias u horas extras. También faltan controles en el uso de vehículos municipales, “no existe registro de altas y bajas de materiales ni se realizan inventarios” de lo que hay en el depósito del predio, que, por otra parte, carece de cercos, porteras u otros elementos de seguridad para evitar ser usados por terceros, hurtos o deterioro por factores climáticos.
El equipo auditor evaluó el municipio en dos períodos. Hasta el 28 de setiembre de 2021, cuando estuvo en manos del “anterior concejo” encabezado por Sánchez, constató a partir de las actas diversos incumplimientos al reglamento de funcionamiento. Entre otras cosas, se omitió realizar convocatorias y sesionar con la frecuencia mínima requerida (dos veces al mes) y, de hecho, durante “varios meses el concejo no sesionó”. Además, las decisiones del órgano no revistieron la calidad de resolución y no se cumplió con publicar todas las decisiones, entre otros problemas. Con la directiva actual, desde el 4 de octubre del año pasado, varios apartamientos se corrigieron, pero otros persistían.
Como conclusión, el TCR señaló que “las debilidades de control interno constatadas en el funcionamiento del concejo y en el manejo de los bienes del municipio facilitaron la realización de los delitos comprobados por la Justicia. No obstante, se verificó que las actuales autoridades” están implementando “las medidas necesarias para fortalecer las áreas afectadas”.