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Uruguay cuenta con poblaciones indígenas y afrodescendientes relativamente pequeñas: en el último censo (2011), casi nueve de cada 10 personas se identificaron a sí mismas como blancos con respecto a su origen racial primario. Pero aunque las desigualdades étnico-raciales representan una parte reducida de la inequidad total en el país, aún hay “mucho por hacer” en este campo, señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en una investigación reciente.
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¿Cómo dividimos la cuenta? Impuestos y gasto público para cerrar brechas étnicas y raciales en América Latina alude, estrictamente, a Uruguay y otros cuatro países de la región (Brasil, Bolivia, Guatemala y México). Es el que tiene la menor población indígena (2,4%) y afrodescendiente (4,7%).
Las tasas de pobreza que enfrentan esas poblaciones en Uruguay son “significativamente más elevadas” que la de los blancos: los afrodescendientes tienen 2,15 veces más probabilidades de ser pobres y 2,75 veces de ser indigentes, comparado con 1,46 y 1,57 para los de origen indígena, respectivamente.
Según la investigación, la tributación directa tiene poco impacto sobre estas brechas. Pero aunque las transferencias directas conducen a una “impresionante reducción” tanto en los niveles de pobreza como de indigencia, “son más problemáticas” pues exacerban las desigualdades de manera tal que los afrodescendientes experimentan tasas de pobreza extrema 2,87 veces más elevadas que las de la población blanca, en términos de ingreso disponible, y las poblaciones indígenas registran tasas de indigencia 1,82 veces superiores. Por su lado, los impuestos indirectos aumentan la pobreza en todos los grupos étnico-raciales.
Oportunidades
El ingreso medio de los afrodescendientes en Uruguay es 55,8% del de la población blanca, mientras que esa relación es de 70,7% en el caso de las personas de origen indígena. Cada conjunto de intervenciones fiscales ayuda a equilibrar las cosas, sobre todo cuando se incluye la monetización de los servicios de educación y salud pública; con eso los ingresos medios de los afrodescendientes pasan a representar 65,7% de lo percibido por los blancos, y sube a 77,2% en el caso de la población indígena.
“Aunque los gastos sociales del gobierno en Uruguay son progresivos en términos étnico-raciales, ello se debe en gran medida a las amplias diferencias en tasas de pobreza” entre los distintos grupos más que a la implementación de intervenciones de políticas específicas que suministren apoyo financiero a indígenas y afrodescendientes, señala el BID en su estudio. Si el gobierno busca promover la inclusión étnico-racial en la sociedad, es “fundamental que incremente las oportunidades laborales y educativas para estos grupos”, por ejemplo, aumentando la calidad de la educación terciaria preparatoria, así como el número de alumnos de pueblos indígenas y afrodescendientes inscritos en estos programas. Ello tiene el potencial de incrementar su participación en la educación terciaria, estimulando así la progresividad étnico-racial de estos gastos. “(…) Uruguay aún tiene mucho por hacer en la promoción de la igualdad” étnico-racial, remata.
El Ministerio de Desarrollo Social presentó en marzo los resultados del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia 2019-2021.
