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    “No hay ni por asomo” posibles nuevas emisiones en la Bolsa

    Un fideicomiso de activos inmobiliarios y una obligación negociable de una empresa del sector lechero. Ninguna acción. Ese fue el panorama de emisiones en el reducido mercado bursátil uruguayo durante el primer semestre del año y, según operadores, es incluso probable que nuevas regulaciones hagan perder atractivo para que las empresas busquen incursionar en el mismo procurando financiamiento o ampliar su capital social.

    “No hay ni por asomo ninguna posibilidad de que aparezca un emisor nuevo”, dijo a Búsqueda el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Pablo Montaldo. Agregó que “algunos proyectos que estaban en carpeta” hoy “están parados”.

    Las estadísticas sobre la operativa bursátil local al cierre de junio que publicó días atrás el Banco Central (BCU) le ponen números a la pequeñez del mercado. A esa fecha estaban en circulación obligaciones negociables por U$S 256 millones, acciones por U$S 264 millones y fideicomisos por otros U$S 313 millones, todos títulos de empresas. A su vez, las compraventas de estos instrumentos financieros fueron el mes pasado por U$S 820.000, considerando tanto la BVM como la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

    En los meses recientes hubo alguna nueva emisión privada, es decir por fuera de estos mercados.

    Cambio regulatorio.

    A fines del mes pasado, en su calidad de regulador y supervisor del mercado de valores el BCU puso a consulta un proyecto de modificaciones normativas. En un comunicado en el que lo anunció, expresó que la intención de su Superintendencia de Servicios Financieros es proponer una regulación “acorde a las buenas prácticas de gobierno corporativo para emisores de valores de oferta pública”, para que así estas empresas logren un “adecuado control de su gestión” y brinden “mayor información a los inversores” sobre las mismas. Además, dicta disposiciones en cuanto al “uso de información privilegiada” y crea un régimen de sanciones.

    La adopción de estas prácticas, argumenta, “contribuye directamente a una mejor reputación de los emisores” y genera “mayor confianza” de los inversores, configurando un “escenario más favorable” para la colocación de títulos de deuda y “mejores precios en las acciones”. El BCU asegura que las modificaciones “no tendrán costos significativos para las empresas”.

    Entre las disposiciones que introduce el proyecto está la obligación de que los emisores designen un representante de los tenedores de valores y una asamblea de los mismos (cuya aprobación se requiere, entre otras cosas, para determinar quitas, cambios de moneda o modificaciones en fechas de pago e intereses). También determina que se implementen “prácticas de gobierno corporativo” para “asegurar procesos adecuados se supervisión y control de la gestión de su dirección”, que implican asegurar “la competencia ética y profesional de los directores” y el personal superior, una “estructura equilibrada”, designar un Comité de Auditoría y Vigilancia, y un área de Auditoría Interna, así como el establecimiento de un plan de negocios y la adopción de un código de ética, la contratación de un auditor externo y una calificadora de riesgo, entre otras cosas.

    Varios actores del mercado tienen bajo análisis el proyecto y prevén hacer comentarios, para lo cual el BCU dio plazo hasta el próximo viernes 27.

    Desestímulo.

    Montaldo dijo entender la preocupación del BCU “por la salud de los emisores” y remarcó que las normas están “inspiradas en las mejores prácticas internacionales”, pero cuestionó que sean “aplicables” en Uruguay “dada la pequeñez del mercado”.

    En su opinión, las medidas propuestas “desestimulan” el ingreso de nuevos emisores al mercado porque les agregan más obligaciones en cuanto a estándares de gobierno corporativo. Afirmó que también le sería difícil cumplirlos a alguno de los emisores ya existentes.

    “En la práctica” los potenciales emisores “le huyen a todo este tipo de controles”, enfatizó el corredor de bolsa. “Son muy pocos los emisores que hay, y son muy pocos los que están dispuestos a someterse a este tipo de normativa”, insistió. Los cambios propuestos son “de países desarrollados” y de “difícil cumplimiento” en Uruguay, agregó. Por ello, dijo, es necesario compatibilizar los estándares a los que se pretende llegar con “la realidad del empresariado uruguayo, que todavía está lejos”.

    Montaldo aseguró que los “altos requerimientos regulatorios” que ya se aplican en el país son un “tema de conversación permanente con los emisores”, que para algunos resultan “desmesurados” dado el tamaño de la economía uruguaya.

    Informó que la BVM probablemente presente comentarios al BCU sobre el proyecto, aunque señaló que los “cambios más grandes” afectan a los emisores y no la las bolsas o a los corredores. Dijo que las propias empresas emisoras de papeles bursátiles son las que tendrán que opinar al respecto.

    Por su parte, Eduardo Barbieri, gerente general de la Bevsa, declaró a Búsqueda que la propuesta regulatoria “proyecta introducir cambios importantes” e informó que esa institución bursátil se encuentra “analizando el tema” para hacerle llegar sus comentarios al BCU.

    Por el lado de los emisores, José Luis Rial, gerente financiero de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche —la última que colocó una obligación negociable por U$S 3 millones dentro de su programa “Conahorro”— y a su vez representante de los emisores en la comisión de promoción del mercado de valores que funciona en la órbita del Ministerio de Economía, dijo haber hecho una consulta a las empresas que emiten valores públicos y que se encuentra recibiendo comentarios para luego unificarlos y “hacer una respuesta global”.