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    “No hay una línea clara” sobre cuál es el objetivo de la reforma penal, porque el sistema político aprobó normas “contradictorias”

    Alberto Reyes ocupó los titulares de los diarios en 1997 cuando dispuso, por primera vez, que se investigara la existencia de cementerios clandestinos en terrenos del Ejército, a partir de una denuncia del senador frenteamplista Rafael Michelini. Más tarde un Tribunal revocaría esa decisión y él sería trasladado del Juzgado penal a uno civil. Pasarían varios años hasta que finalmente la Justicia comenzara la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985).

    A partir del 3 de octubre Reyes presidirá la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU). En una votación histórica el pasado domingo 11, la Lista 1 consiguió el triunfo por primera vez desde que se creó la AMU en 1996.

    Reyes, que hoy es ministro del Tribunal de Apelaciones Penal de 1º turno, asumirá la presidencia en medio de un proceso de reforma que cambiará radicalmente la manera de investigar y juzgar los delitos. Pero a su juicio, el nuevo Código del Proceso Penal está sufriendo modificaciones que vuelven “confuso” y “contradictorio” el objetivo de la reforma.

    Es que como fruto de un acuerdo entre los partidos políticos, el gobierno envió al Parlamento leyes que restringen las libertades anticipadas y las salidas transitorias para determinados delitos. Esto, opina Reyes, se contradice con el espíritu del nuevo Código, que plantea que la prisión preventiva sea una excepción.

    “¿No se ve que hay una contradicción?”, planteó. “¿La reforma va a ser para que haya más presos o menos presos? ¿Va a haber más prisión preventiva o menos?”, preguntó, en diálogo con Búsqueda. “No hay una línea clara”.

    Por otra parte, el magistrado cuestionó que se vincule al nuevo Código con una mejora en la seguridad. El “eje” de la reforma son las “garantías”, y que el juez deje de investigar y sea solo un decisor imparcial no tiene “nada que ver con la eficacia”, sino con el debido proceso, afirmó. Promocionar la reforma como una solución para la seguridad “puede ser ilusorio, y después sigue la desilusión”, advirtió. “No necesariamente va a haber más seguridad porque haya una reforma del proceso penal”.

    —¿Cómo va a encarar la nueva directiva el conflicto salarial con el gobierno? 

    —La línea es tratar de solucionar ese tema, que ya está bastante viejo. En diciembre del año pasado hubo un mensaje positivo con una ley que se aprobó y se dijo que era interés del Poder Ejecutivo solucionar el tema y que se iba a convocar próximamente a los gremios para eso. Pero esa convocatoria no se concretó. Estamos tratando de ver cuál es hoy el parecer del Ejecutivo, si el tema está o no en la agenda.Todos los gremios, menos los jueces, tienen sentencia firme en los juicios. Pero tenemos la esperanza de que la solución no dependa de un juez, cuando el interés del Ejecutivo era supuestamente poner fin al tema. Después de diciembre para acá no pasó más nada. La continuación de la historia es ver qué respuesta va a dar el Ejecutivo, pero hay una sentencia firme que tendría que cumplirse. 

    ¿Están preparados los jueces para el cambio de rol que tendrán con el nuevo proceso penal? 

    —Hoy la reforma es un hecho, o sea que ya no tiene sentido extrañar. Y, según me han dicho, es más la cantidad de jueces que quiere ingresar al nuevo sistema que la que quiere permanecer. Al principio, cuando se planteó cuál iba a ser la posición de la asociación frente a la reforma, no había demasiado interés o entusiasmo, creo que básicamente porque se había hablado tantas veces de la reforma que nadie lo tomaba muy en serio. Había jueces que sostenían que lo mejor era que la investigación la tuviéramos nosotros, pero eso ya nadie lo sostiene. Si lo fiscales lo van a cumplir bien o no es una cosa que no depende de nosotros y se va a dar en la marcha.

    —¿Hoy no hay resistencia de los jueces contra la reforma?

    —No. He escuchado discursos en ese sentido, pero no. Y si existiera hoy no tiene sentido tampoco, porque es un hecho consumado.  

    Pero la Fiscalía ha sido más entusiasta y defensora de la reforma que el Poder Judicial, al menos al comienzo…

    —Eso creo que es un poco el juego de la dialéctica para la reforma, que a mí no me parece que conduzca a nada, porque la reforma es de todo el sistema, y nos involucra a los jueces. Y ponernos como enemigos de la reforma no es real tampoco, porque formamos parte de la comisión redactora, de las bases, y lo elemental era que la investigación pasara a los fiscales, y estamos de acuerdo con eso. Por lo menos oficialmente, y consta en los antecedentes parlamentarios. Obviamente hay actores del Poder Judicial que pueden haber tenido discrepancias, pero formalmente la asociación nunca estuvo en contra de la reforma. Simplemente pensó que nunca se iba a producir. 

    ¿Cómo evalúa el proceso de implementación del Código?

    —Lo que ha ocurrido es que ha habido muchos cambios en las normas, y son cambios importantes. Cuando se aprobó inicialmente el Código era una cosa completamente diferente a lo que está manejándose hoy.

    —¿En qué aspectos?

    —Lo más complicado es la prisión preventiva, porque el discurso ha sido que la reforma va a traer más seguridad y mayor seguridad se asocia con más cárcel. En Chile cuando se aprobó la reforma un sector la vendió con el discurso de la seguridad, y otro la vendió con el discurso de las garantías, y hoy hay más presos que antes de la reforma. Ese tipo de cosas hay que tomarlas como un dato de la realidad para que no nos pase a nosotros. Hoy estamos diciendo que hay muchos presos, y por otro lado hay más demanda de cárcel. ¿La reforma va a ser para que haya más presos o menos presos? ¿Va a haber mas prisión preventiva o menos? La idea era que la prisión preventiva fuera un instrumento extraordinario, pero después de aprobado el Código empezaron a aparecer leyes referidas a determinados delitos agregando supuestos de inexcarcelabilidad. O sea que se están produciendo algunos desajustes ya antes de la entrada en vigencia, que los vamos a tener que resolver los jueces, obviamente. 

    ¿Hay normas contradictorias?

    —Queremos más seguridad, entonces ponemos como inexcarcelables algunos delitos, y el esquema filosófico del nuevo Código es que la prisión sea una excepción, entonces no hay una línea clara. Primero tendría que haber una definición de que se apunta en determinado sentido. Si la definición no es clara porque hay mensajes contradictorios, es una gran confusión. ¿Qué se le va a explicar a la gente? ¿Va a haber más presos o menos? Hay leyes que dicen que a tal delito se le responde preventivamente con cárcel, y eso no es lo que dice el Código. Entonces no hay una política pública clara en el tema judicial. 

    —¿Los jueces abusan del procesamiento con prisión?

    —En el primer gobierno de Tabaré Vázquez tuvimos una reunión porque nos achacaban que las cárceles estaban hacinadas por culpa de los jueces. Es un discurso que cada tanto se da, que los jueces abusan del procesamiento con prisión. Y en realidad la posibilidad de procesar sin prisión está muy acotada hoy, y aparentemente va a estar más acotada todavía. Y el hacinamiento no obedece a la decisión de los jueces de procesar con prisión, sino que obedece a que estructuralmente hay una respuesta preventiva de que determinados delitos sí o sí se tienen que procesar con prisión. Más de la mitad están presos por delitos de rapiña. ¿Por qué no pueden ser excarcelados? Porque la ley dice que no se puede. Entonces no es que procesen los jueces, sino que el sistema está hecho para que haya hacinamiento carcelario. Hay determinados delitos que tienen una respuesta desmesurada. No hay margen para que los jueces distingan una rapiña seria de una cometida por un primario absoluto, sin arma, por ejemplo. Si comete el delito con otro son cinco años y cuatro meses, y se los cumple todos. ¿Esos son los jueces? No, es la ley. El instrumento del procesamiento sin prisión queda reservado a cuestiones muy menores. La solución de eso tiene que ser integral y tiene que ver con la prisión preventiva. ¿Se la dejamos a los jueces para que la resuelvan caso a caso? ¿O que sea el legislador que determine que es un delito que la sociedad quiere que las personas que lo cometan estén presas? Y en lugar de invertirse eso, en el nuevo sistema parece que la idea es reforzarlo. Los mensajes no son claros. Son contradictorios.  

    —Desde la fiscalía de Corte se sostiene que uno de los temas claves de la reforma es que la prisión preventiva dejará de ser la regla. ¿Usted plantea que las normas que aprobó el Senado, fruto de una negociación política, van en contra de esa finalidad?

    —Sí, creo que lo que pasa hoy es que hay una inquietud muy fuerte en que la reforma empiece a funcionar. Entonces se deja de lado un poco la ortodoxia de la reforma. Después se tendrá que arreglar qué pasa con esta aparente contradicción. Es muy difícil, si no hay un mensaje claro de que es lo que se pretende. A los que tenemos alguna vinculación académica nos sorprendió un poco eso. ¿No se ve que hay una contradicción? La idea parece que es que salga esto, que en definitiva va a mejorar, y después se verá si esa contradicción existe, pero es bastante fácil de ver.

    ¿El nuevo Código va a mejorar la seguridad?

    —Una organización de la investigación puede mejorar la respuesta frente al delito. En términos de seguridad se podría obtener alguna mejora. Pero creo que se ha generalizado y se ha dado a entender, injustamente, que el tema de la seguridad es un problema de los jueces. En Chile dicen lo mismo, con un sistema acusatorio. La investigación ya no la van a tener los jueces, y entonces lo que vemos con un poco de desencanto es que dicen: ahora sí va a haber una respuesta en serio al delito. No es tan así. Los jueces hoy trabajan con la Policía, los fiscales van a trabajar con la Policía. ¿La Policía va a volverse más eficiente porque trabaje con los fiscales en vez de los jueces? El problema de la seguridad no es de los jueces. Es una lectura muy simple. Es un sistema que hoy tiene un diseño que no ayuda. Los jueces tienen que aplicar las normas y hoy el sistema no es bueno para la seguridad, pero tampoco es un tema exclusivo de la Justicia, es mucho más complejo. A veces vemos que hay gente que es recuperable y que el sistema le impone la prisión preventiva. Se piensa salir de ese diseño, pero hay interferencias que no está demasiado claro si se adoptan a conciencia de que hay una eventual contradicción. Con ese mensaje de que esto va a traer más seguridad creo que se ha ido un poco bajando los decibeles, ya no está tan asociada la seguridad con la reforma. Porque puede ser ilusorio, y después viene la desilusión. No necesariamente va a haber más seguridad porque haya una reforma del proceso penal. El eje de la reforma eran las garantías, y que el juez no sea el que investiga, porque si no, no es imparcial. Eso es un tema que no tiene nada que ver con la eficacia, es para estar acorde con el debido proceso. El otro tema era la prisión preventiva, que sea excepción y no regla. Hoy es regla, y se dice: vamos a cambiar eso y darlo vuelta. Y aparecen estas leyes que dicen que para ciertos delitos la prisión preventiva es preceptiva. Está difícil de digerir, pero lo vamos a tener que hacer nosotros, los jueces, pagando, como siempre, el costo “político”. Porque el juez, como el árbitro de futbol, es el culpable de los malos resultados. 

    Información Nacional
    2016-09-22T00:00:00