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    “No podemos ser” policías

    Para el presidente de la Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles (Adapi), Raúl Calandria, el lavado de activos es algo ajeno para el sector.

    “El lavado del dinero que proviene del sistema financiero no se da en la compraventa inmobiliaria. No creo que nadie venga hoy a pagar con una valijita llena de billetes para comprar una propiedad. No pasa”, aseguró a Búsqueda.

    “Hoy con todos los controles, del escribano, el operador, el constructor, es muy difícil que se dé una operación sospechosa. Yo, operador, no puedo preguntarle (al cliente) de dónde sacó el dinero para comprar la propiedad. Sé que me va a pagar con una Letra de Cambio y si el dinero está en el sistema financiero no puedo saber si es sucio o no. Los que deberían saberlo son los bancos, tampoco el escribano puede tomarle una declaración jurada, investigarlo. No podemos ser la Policía”, alegó.

    Según Calandria, “el que quiera venir a lavar dinero al Uruguay lo único que tiene que hacer es montar una inmobiliaria, si quiere, para lavar un 6% más (por el arancel de 3% que se cobra a la parte compradora y vendedora). ¿Pero cuál sería la finalidad de utilizar una inmobiliaria con cierta trayectoria en el mercado para lavar dinero? No van a caer en esa, porque además saben que estamos comprometidos en denunciar si entendemos que algo huele mal”.

    De acuerdo a la regulación vigente, las inmobiliarias —además de instituciones financieras, corredores de bolsa, rematadores y otros agentes— deben reportar presuntas operaciones de lavado ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. En 2013 (último dato disponible) hubo 275 informes de casos sospechosos y ninguno provino desde el sector inmobiliario.