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Compras “extraordinarias” de artículos cuando había stock suficiente y cuyo precio fue aumentando de manera considerable en pocos meses, “omisiones graves” en el control de mercadería que no permite saber si finalmente ingresaron o no a la Cámara de Diputados y órdenes de gastos sin consultar a varios proveedores —lo que generó una “falta de transparencia en la selección del proveedor”—, son algunas de las irregularidades que detectó una investigación ordenada por el presidente de la Cámara baja, el colorado Germán Cardoso, y a cuyo texto accedió Búsqueda.
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Ayer miércoles 29, el legislador puso en conocimiento de estos hechos al Juzgado Letrado del Crimen Organizado de 2º Turno, ante la “eventualidad de que los mismos pudieren configurar ilícitos penales”. Además, Cardoso instruyó que se inicie una auditoría externa para que también realice su investigación.
En el segundo semestre del año pasado, Cardoso recibió información acerca de eventuales irregularidades en el Departamento de Compras y el Departamento de Suministros de la División Adquisiciones y Suministros de Diputados. Por eso, en noviembre instruyó que la División Auditoría Interna realizara una investigación.
En las conclusiones de esa autoría interna surgen “irregularidades que pueden estar afectando gravemente el proceso de adquisición de bienes por parte de la Cámara de Representantes”.
En la denuncia se estima que el “eventual daño causado a la Administración supera con holgura el monto de U$S 20.000”. Cardoso enumera en su denuncia ocho tipos de “irregularidades” constatadas por la auditoría interna.
“No se trata de situaciones aisladas sino que las mismas tienen una secuencia en el tiempo, comprendiendo diversos aspectos reveladores de un irregular funcionamiento administrativo, confirmado ya sea como consecuencia de las contradicciones de los deponentes en la investigación, así como de errores, omisiones, firmas que no son reconocidas por el supuesto emisor de facturas de compras, adquisiciones de materiales que luego no tienen el debido respaldo documental, en muchas de las cuales no consta su ingreso y registro formal, proveedores desconocidos por los propios funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones, etcétera, todo lo cual configura un conjunto de hechos cuyo conocimiento se estima es imprescindible sea sometido a la consideración de la Justicia Penal especializada en Crimen Organizado”, dice el titular de Diputados en la denuncia.
Sorprendente y llamativo.
Una de las irregularidades constatadas tiene que ver con el uso de la clave de acceso de una funcionaria por parte de, entre otros, el director de la División. En la denuncia se dice que es “por lo menos sorprendente” que “un número importante de solicitudes de gastos figuran ingresadas en el sistema” con la clave de la funcionara cuando esta estaba con licencia. Y se afirma que es “llamativo” que el director de la División careciera de su propia clave.
Hay una “falta de transparencia del sistema empleado, lo cual conspira contra los controles que necesariamente deben aplicarse a fin de lograr una buena administración de los recursos”, dice Cardoso en la denuncia.
Por otro lado, se encuentran contradicciones en la “digitación” de artículos en el sistema informático. El Departamento de Compras adjudica un código a un artículo y luego este es modificado por el Departamento de Suministros, lo que no es lo correcto, según la denuncia.
También surge de la investigación que se realizaron compras de artículos que ya se disponían en stock. Además, “varios funcionarios declaran que no conocen la firma y la rúbrica en el sello, ni la empresa y tampoco encuentran explicación de por qué motivo se compran determinados artículos que existían en el stock”.
En otro orden, surge de la investigación que “en varias solicitudes de gasto se formula o ingresa una supuesta unidad de destino que luego, al ser consultada, informa categóricamente que no se requirió por dicha unidad la mercadería en cuestión y que además, lo que es más grave aún, no les fue entregada”.
Se indica que hubo “fallas, irregularidades, omisiones” en el control de ingreso de mercadería. Es decir, “se procedió al pago de facturas presentadas por los proveedores, pero sin disponer de ningún documento que demuestre que los artículos adquiridos fueron efectivamente entregados”.
Además, de la investigación surge que algunas de las compras se realizaron sin hacer un llamado a oferentes. Se dan casos de proveedores que no son reconocidos por los funcionarios. Incluso hay dos de ellos que tienen el mismo domicilio.
Por otro lado, surge que varias compras realizadas tienen precios “llamativos”, ya que en cada adquisición el precio por unidad va aumentando. Por ejemplo, el 20 de setiembre de 2012 se compraron 120 resmas de hoja A4 a $ 149 cada una. El mismo proveedor las vende cinco días después a $ 155. Y luego, en abril de 2013, se le compran a otro proveedor resmas por un valor de $ 486 cada una.
Cardoso comentó a Búsqueda que presentó la denuncia porque es una “obligación” que tienen los funcionarios públicos de “dar garantías y actuar con transparencia”.
“Estoy dispuesto a ir hasta el final”, remarcó, y opinó que el próximo presidente de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Aníbal Pereyra —quien asumirá el 1º de marzo—, debería seguir con la investigación.
