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Una larga serie de complicaciones en Citrícola Salteña —desde climáticas, hasta comerciales, laborales y de costos internos crecientes— derivaron primero en un acuerdo con su principal acreedor, el Banco República (BROU), de inmediato en un cuestionado concurso y ahora en una orden judicial de liquidación. Ese encadenamiento de hechos ocurrió en poco más de un año y sus consecuencias económicas y sociales, en particular en Salto, llevan al gobierno a negociar caminos que eviten la muerte de la empresa.
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En el intento de soluciones para evitar el desmantelamiento de esa agroindustria salteña —la más grande del rubro citrícola— participan, por el oficialismo, varios ministerios, algún ente y el BROU. Su presidente, Salvador Ferrer, explicó ayer miércoles a Búsqueda su visión sobre el rol de la institución en el caso con una metáfora futbolística: “Pudimos anticipar la jugada, tener el partido dominado, pudimos ser más ofensivos y el banco no lo fue. Ahora la pelota está en el área nuestra”. Es que, sin querer hacer “revisionismo”, las nuevas autoridades del República admiten que las propuestas de la empresa no eran aceptables, pero que de todos modos se pudo haber “liderado una posible salida”. Ahora hay riesgo de gol: la “situación es difícil, pero se puede salir adelante”, dijo el jerarca.
Las negociaciones en las que participa el gobierno apuntan a “buscar todas las alternativas posibles y terminar la zafra que está en marcha”, y luego intentar “preservar el valor patrimonial de la empresa, porque para nadie es solución el desmantelamiento”, expresó Ferres. Enfatizó la “voluntad del banco” —que le fue transmitida a Citrícola Salteña— y una “postura constructiva para que entre todas las partes, incluidos los obligacionistas, se encuentre una solución de continuidad y, en segundo término, si se sigue por el camino de la liquidación, que sea con la menor pérdida posible”. Esa actitud colaborativa desde el gobierno se expresará en algunas acciones concretas a favor de la empresa, mientras se revisan sus flujos financieros: una próxima liberación de fondos para la empresa por parte del BROU que están asociados a un contrato que tiene con la peruana Camposol, así como medidas de alivio por el lado de UTE y otros organismos públicos.
El República está en proceso de contratación de alguien con experiencia en el sector citrícola para abordar el problema de la empresa salteña, un signo de la importancia que le da al tema.
A fin de marzo Citrícola tenía créditos vencidos por US$ 9,8 millones y préstamos reestructurados por US$ 13,5 millones, según la información de la Central de Riesgos del Banco Central. La deuda bancaria —toda categorizada como “5”, es decir incobrable— es con el BROU, Scotiabank y Heritage.
En la zafra anterior, la empresa tuvo un déficit de caja de US$ 5 millones.
A través del Fondo citrícola, obtuvo fondos por $ 115 millones en 2019 y otros $ 128 millones el mes pasado, de los cuales se llevan desembolsados $ 40 millones. Pero antes, en enero, recibió otros $ 40 millones para el pago de salarios, una deuda que adquirió con el Banco de Previsión Social.
Desde el gobierno se busca “preservar la zafra” porque hay más de 2.000 puestos de trabajo en juego y compromisos de entrega con el exterior, dijeron fuentes del gobierno que el lunes 25 participaron en una de las instancias de negociación. Añadieron que “hoy no hay” un inversor para Citrícola, pero consideraron probable que aparezca porque los cítricos uruguayos tienen mercados abiertos. “Sería la mejor solución”, comentó otro jerarca del gobierno.
“Idas y vueltas”.
El viernes 15 la Justicia concursal resolvió la disolución de Citrícola Salteña (Caputto) y el cese de sus administradores, a la vez que designó como síndico a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) y otorgó 10 días hábiles para presentar el proyecto de liquidación de la empresa.
Desde la Lideco, su director gerente, Bernardo Quesada, dijo a Búsqueda que se trabaja en la propuesta de liquidación, lo que “implica definir la continuidad de hacer la zafra, siempre que no se incrementen los pasivos posconcursales”. Para eso, la institución viene manteniendo reuniones con los distintos organismos y empresas, y analizando el costo total de la zafra (energía, salarios, transporte, etcétera). Citrícola había estimado que el costo era de US$ 20 millones y que los negocios de venta involucrados serían por US$ 27 millones.
Este año la empresa comenzó antes la zafra, y ya exportó US$ 1,8 millones. Jorge Caputto, su gerente general y uno de los dueños, dijo en El País del jueves 21 que es “el mejor momento del negocio en los últimos cinco años”.
El año pasado Citrícola se había amparado en un concurso de acreedores al agravarse sus problemas financieros y en noviembre presentó a sus acreedores un plan de pago, aunque con mayorías que fueron cuestionadas.
En su edición de ayer, el semanario colorado La Mañana planteó “dudas acerca de “cuál era el verdadero objetivo” de las anteriores autoridades del BROU, ante las “idas y vueltas” que dio en torno a ese concurso. La publicación cita al abogado Ricardo Olivera García para asegurar que el banco habría sacrificado parte de sus garantías hipotecarias para poder registrar una parte de su crédito como quirografario —sin garantía— a los efectos de lograr una mayoría en la junta de acreedores que decidió la suerte de la empresa. “¿En qué podría beneficiar esto al BROU, y mucho menos a nuestro país?”, pregunta.
Apelación. Ayer la empresa presentó el recurso de reposición a la sentencia de liquidación, informó a Búsqueda su abogado, Olivera García.
Explicó que la apelación plantea, por un lado, que la Justicia “erró en lo que tuvo que terminar decidiendo”, porque sostiene que no se lograron las mayorías que necesitaba el convenio de acreedores que presentó Caputto “cuando realmente se juntaron”. “Saca conclusiones apresuradas y prematuras”, por lo que “se debe revisar”, afirmó Olivera. Por otra parte, dijo, hay “errores de procedimiento”, se está “pasando por encima” a lo establecido en la ley de concursos. En su opinión, la sentencia tiene “vicios sustanciales y formales muy importantes”. Si la Justicia concursal no da marcha atrás, Olivera confía en que así lo haga el Tribunal de Apelaciones: la acción en ese ámbito fue acompañada con un estudio económico que demostraría la viabilidad de la industria citrícola y la posibilidad de pagar a los acreedores.
A su juicio, en torno a Citrícola “hay un problema de responsabilidad social, económica, política, para que esto se mantenga en marcha”.
