La última vez que un uruguayo presidió una reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo fue en 1986, con la vuelta de la democracia. El colorado Hugo Fernández Faingold, en ese momento ministro de Trabajo, condujo la 72ª edición, que estuvo enfocada en la seguridad en el uso del asbesto. Aunque el tema central parezca lejano, también aparecen en las taquigráficas de la época temas vigentes, como el problema del desempleo juvenil y la necesidad de fomentar a las pequeñas y medianas empresas.
Más llamativo es que, a lo largo de toda la conferencia, se repitió una y otra vez la enunciación de “justicia social”. Es un concepto que hoy, 40 años después de aquella instancia, sufre una “arremetida” por parte de Estados Unidos, Argentina y otros países de similar signo político, afirmó a Búsqueda el responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Leonardo Batalla. Esa es una “línea roja” a no cruzar, y desde donde se va a parar el ministro al que asesora, Juan Castillo, cuando este presida la próxima 114ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en las primeras semanas de junio, en Ginebra.
Aunque aún no es oficial por ser una decisión a ratificar en el primer día de la conferencia, la única postulación a la presidencia es la de Castillo, por lo que probablemente así ocurra. Lo acompañará una delegación del ministerio para abordar cuatro líneas de trabajo principales: igualdad de género, tripartismo, diálogo social y trabajo en plataformas.
Aunque Uruguay no llegó a definir expresamente en su reglamentación la relación de dependencia de trabajadores en plataformas como PedidosYa o Uber, desde el MTSS creen que se deben fijar criterios para establecer, por ejemplo, “quién es responsable” de la cobertura médica cuando un trabajador tiene un accidente. En la conferencia del año pasado la discusión sobre el tema fue “muy dura”, con una fuerte resistencia de los países más industrializados, afirmó el asesor ministerial. Por eso insistirán, sabiendo que hay países que “van a intentar” que un convenio al respecto no ocurra.
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Leonardo Batalla, responsable de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Trabajo.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Por otro lado, la delegación uruguaya y el propio Castillo también considerarán “línea roja” las políticas de género. Según Batalla, existe una “arremetida importante para eliminar ese concepto y volver a un planteo de hombres y mujeres” —con el objetivo retomar definiciones basadas en el sexo—, que no prosperó en ediciones anteriores gracias a que “la gran mayoría de países” están en desacuerdo. Desde Uruguay, agregó, esa postura no tiene fuerza desde el sector empleador ni de los trabajadores, con los que el gobierno está trabajando para reglamentar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Aviso por despidos
Además de ese último convenio, el MTSS trabaja en la reglamentación del 153 sobre descanso en los transportes por carretera. No logró construir acuerdos para el 188, relativo al trabajo en la pesca, y desde febrero aguarda la aprobación por parte de Presidencia de un proyecto de ley que ratifique el 158, relacionado con la terminación de la relación de trabajo. Si la propuesta llega al Parlamento y se promulga, el Ejecutivo podrá decretar el derecho de los trabajadores a contar con un período de aviso por parte de sus empleadores antes de ser despedidos.
“Avisar es tener un poco de empatía con el otro. He escuchado algunas declaraciones sobre qué ingrato sería para un empleador seguir teniendo en su empresa a alguien que sabe que en los próximos 15 días lo va a despedir. Bueno, mucho más ingrato es para el trabajador no saber que lo van a despedir”, argumentó Batalla. Y agregó que el aviso permitiría a las autoridades de Trabajo analizar alternativas para disminuir el impacto en caso de despidos masivos.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, criticó en más de una ocasión el proyecto por entender que restringir la “salida” de un empleado puede complejizar su “entrada” a una empresa, y que eso generaría un “efecto negativo” en los niveles de ocupación. Para el asesor de Castillo, eso es “plantear una consecuencia antes de analizar el efecto mismo” de una iniciativa que “pasaría por un proceso de discusión” previa a ser reglamentada.
A pesar del desacuerdo, celebró la disposición que públicamente mostró Oddone sobre “debatir” con Castillo y eventualmente “revisar” su posición. “Yo no diría que no hay apoyo (de Economía a los objetivos de Trabajo), sino simplemente (que hay) un intercambio. El gobierno no tiene dos posiciones sobre un tema; puede tener dos opiniones, pero la posición en un determinado momento se lauda. El Ministerio de Trabajo tiene un diálogo fluido con Economía en excelentes términos, y busca siempre llegar a un acuerdo para presentar una postura única al presidente de la República”, sostuvo Batalla.
Rol de la OIT
Otro punto de orden en las conferencias de la OIT tiene que ver con la comisión de Aplicación de Normas, donde se recibe una “lista larga” de países que violaron convenios que ellos mismos ratificaron, y luego se define una “lista corta” de 24 países a estudiar. El año pasado, notó, fue “bastante llamativa la cantidad de países de América Latina” que la integraron.
“Nosotros siempre esperamos no estar. En el 2019 Uruguay estuvo en la lista corta por un reclamo de parte de los trabajadores respecto a pautas de la negociación colectiva, pero esperamos que (este año) no sea un tema que nos incluya. Si uno mira la última ronda (de los Consejos de Salarios), un porcentaje altísimo fue por acuerdo de partes. La negociación colectiva en Uruguay funciona”, valoró.
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Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo.
Presidencia
Existen 10 convenios fundamentales que abordan temas como la abolición del trabajo forzoso, la libertad sindical o la discriminación, que —a diferencia de Uruguay— varios países nunca ratificaron. Eso trae el problema de que no pueden ser juzgados en la comisión porque no hay un incumplimiento efectivo.
Estados Unidos ratifica “muy pocos convenios” y, por lo tanto, no va a la Comisión de Normas, ejemplificó. Es un país que protagoniza una ola de “ataques a los organismos internacionales” y, en consecuencia, se ha retirado de varios espacios que bregan por el multilateralismo. Incluso, recordó, asesores del presidente Donald Trump manifestaron en un informe la voluntad de que la potencia abandone su espacio en la OIT.
“Hoy no hay un organismo a nivel tripartito, a nivel global, que se discuta con la franqueza y la firmeza que se da en la OIT. Por eso nosotros defendemos ese espacio y entendemos que cuando hay arremetidas —y esto es una posición política— contra los intereses de los más débiles, hay algunos organismos internacionales que marcan algunos parates hasta donde se puede ir. Para nosotros, la OIT cumple hoy ese rol”, declaró.
Dichos “parates” se resumen en advertencias por incumplimiento, sin mayores consecuencias. Por eso es que estos espacios precisan de una “rediscusión sobre quiénes son los verdaderos actores” y por qué, por ejemplo, existen países con poder de veto en organismos como Naciones Unidas. En ese sentido, el MTSS envió al Parlamento un proyecto de ley para ratificar la enmienda constitucional de la OIT aprobada en 1986 —mismo año de la presidencia de Fernández Faingold—, que nunca entró en vigor por falta de adhesiones, pero que propone una serie de cambios en su propia gobernanza.
Cooperación
A pocos días de instalada la actual administración, la cartera de Trabajo centralizó varias áreas a modo de aprovechar sus “escasos” recursos, tanto humanos como económicos. “Nosotros somos muy austeros en el tema de gastos. Tratamos de medir y de tomar decisiones asertivas respecto a dónde ir, por qué y quién va”, aseguró.
La oficina vinculada a asuntos internacionales que lidera Batalla tiene varios tratados de cooperación con otros países, como Brasil -recientemente instaló en la frontera de Rivera una Mesa para Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil-, Ecuador, Honduras, México, China y España, entre otros.
Bajado a tierra, la cooperación internacional en temas de trabajo es útil para procesos como el que ahora Uruguay atraviesa al discutir la reducción del tiempo de trabajo. “Tuvimos con el gobierno anterior de Chile un intercambio fluido de cómo fue su proceso a las 40 horas semanales. También lo hicimos con España y con México hace unos pocos días. Nuestra intención no es copiar, simplemente aprender de cómo se dieron esas instancias y trabajar de acuerdo a las particularidades de nuestra realidad nacional”, comentó.
Otra de las competencias que deben asumir es el trabajo con la Junta Nacional de Migración para atender las “demandas” de quienes llegan al país en busca de empleo. En caso de ser pertinente, también se los asiste en la tramitación de la documentación necesaria para incorporarse al mercado de trabajo informal.
El próximo jueves 23, anunció el responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación del MTSS, presentarán un trabajo estadístico en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y el Banco de Previsión Social que recoge evidencia sobre la población migrante y su inserción laboral en Uruguay, y que permitirá “tomar decisiones” en materia de políticas públicas.
“Evidentemente que hay trabajo informal (en la población migrante), se da mucho también en la frontera (...). Uno de los principales roles que tenemos es que sepan que en este país hay derechos que tienen que ser respetados, y que el Ministerio de Trabajo vela porque las normativas se cumplan. Quien llega sin documentación es presa fácil de la informalidad”, advirtió.
