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El dicho inglés es que solo hay dos cosas ciertas: la muerte y los impuestos. Con lo cual, la pregunta pasaría a ser inútil y tonta.
Por otra parte, abundan las definiciones legales sobre los tributos y no existe constitución que no los regule con detención, especificando quién puede imponer, cómo y a quiénes. La preocupación de que el tema quede bien acotado conceptualmente es obvia. Lo que lleva a preguntase: “¿Por qué?”. Y esa interrogante ya apunta a la del título: el tema es delicado y requiere de una fundamentación filosófica.
Paralelamente, la materia ha ido evolucionando a lo largo de los años: de una visión restricta y severa, basada en el respeto por la libertad y la propiedad, a las tesis progres hoy en boga, que no pierden mucho tiempo y energías en preguntarse de dónde surge la facultad para gravar a otros y hasta dónde puede llegar. Eso se da por sentado y el foco es puesto, en vez, sobre las virtudes del impuesto, como serían la justicia social, la redistribución y la igualdad. Robin Hood ha vuelto, ahora en versión francesa y se llama Thomas Picketty.
Esta evolución conceptual, llevada a la práctica políticamente, ha generado uno de los problemas centrales de las democracias modernas, sobre todo —pero no solamente— en los países desarrollados: grandes y muy sofisticadas cargas tributarias, que ya no dan para más (y que, con frecuencia, han entrado en una etapa de rendimientos decrecientes).
No es tonto, entonces, plantear algunas preguntas de fondo sobre el asunto.
El tema de los impuestos es viejísimo: campo histórico de fricción entre monarcas y súbditos, chispa de muchas revoluciones y partero de varias democracias (así como de la institución parlamentaria moderna, por más que ahora eso sea irreconocible).
En los albores de ese proceso, los principios estaban muy claros. Hay una frase justamente famosa de William Pitt, uno de los primeros ministros más influyentes de Inglaterra, que merece ser citada: “Taxation is no part of the governing or legislative power. Taxes are a voluntary gift and grant of the Commons…”. Está bien: hoy eso no es realista.
Pero ello no significa que no contenga un cerno de verdad, merecedor de análisis y reflexión.
Hoy los gobiernos creen (o están políticamente obligados a creer) que dentro de sus obligaciones está la de distribuir la riqueza, hacer algo llamado “justicia social” y hasta de garantizar la igualdad material de sus gobernados. Si eso es así, nada más lógico, entonces, que tengan la facultad de sacarle plata a aquellos para poder cumplir con tales obligaciones (y tantas otras).
Pregunta: ¿en qué parte de nuestra Constitución están esas obligaciones a cargo de los poderes del Estado? ¿De dónde surge el derecho de un gobierno a decidir si lo que yo tengo es mucho o poco y habido con mérito suficiente o no? ¿Cuál es el artículo de la Constitución que consagra esos poderes y a quiénes?
Los de Boston tiraron al agua el té porque les pareció que la cosa se había salido de madre (especialmente el Parlamento británico). No digo que haya llegado el momento de empezar a tirar cosas al mar, pero sí de poner algunas en su debido lugar.
Ninguna norma le fija al gobierno, como fines del Estado, la obligación de redistribuir y, menos, de igualar. Como tampoco la de asegurar bienestar. Si para intentar esos objetivos el gobierno precisa plata, tiene que pensar muy bien con qué derecho y de qué forma se la saca a la gente.
No deben caer en la soberbia de creer que saben cuánto es justo sacarle a cada quien. Nadie le ha dado facultades al gobierno para pronunciarse sobre la riqueza relativa de las personas ni sobre la existencia o no de méritos adecuados al patrimonio que aquellas detentan.
De paso, los gobiernos no pueden ser ignorantes acerca de la inevitable existencia de consecuencias secundarias negativas en la aplicación de todo impuesto.
Ambas cosas deben acabar de una vez con dogmas absurdos como los de la progresividad y de las virtudes de la tributación directa.
Pero sobre todas las cosas los gobiernos deben reconocer la gravedad que significa sacarles recursos a las personas, y eso debe llevarlos no solo a ser extremadamente prudentes sino, además, a tener un temor reverencial acerca de cómo gastar ese dinero que le han quitado a las personas sin un claro y expreso fundamente jurídico (y filosófico).
