N° 1928 - 27 de Julio al 02 de Agosto de 2017
Ante la dramática situación que se vive en Venezuela, agobiada por una prolongada crisis alimentaria, escasez de medicamentos y un escenario político exasperado y violento, con permanente violación de los más elementales derechos humanos, muchos compatriotas se preguntan qué más tendría que hacer el gobierno de Maduro para que Uruguay deje atrás la mirada complaciente con que considera al régimen chavista y llame las cosas por su nombre.
A días de la fantasmada que supone la convocatoria a elegir una Asamblea Constituyente —no prevista en la actual Constitución y cuyo objetivo es reasegurar el control bolivariano del país— y mientras la represión suma muertos, heridos, presos y exiliados en filas opositoras, Uruguay volvió a exponer moderación en torno al caso venezolano. En Mendoza los presidentes reiteraron el llamado al gobierno de Maduro a “restablecer el orden institucional, el Estado de derecho y la separación de poderes”. Instaron también al “cese de toda violencia y liberación de todos los presos por razones políticas” y exhortaron a no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales”.
Aunque loable en situaciones normales, a esta altura de las cosas la declaración no es más que un saludo a la bandera. Ante un gobierno que avasalla los derechos ciudadanos, que no cesa en sus actitudes intransigentes, que no da señales de moderación y que con sus acciones enerva a los opositores, llamar a la paz, a que negocie de buena fe, no deja de ser una ingenuidad. En el caso uruguayo, la condescendencia que baja de la Presidencia de la República a la Cancillería resulta, además, una actitud hipócrita.
Como si anteriores llamamientos e intentos de mediación no hubiesen sido aprovechados por Maduro y su cohorte cívico-militar para ganar tiempo, engañar a los mediadores y frenar la solidaridad internacional con quienes luchan por sus derechos.
Hasta ahora, todas las gestiones realizadas han fracasado rotundamente ante la intransigencia del gobierno venezolano, que ha aprovechado toda alternativa para desgastar e irritar a la oposición, desconociendo las decisiones de la Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2015, para no realizar elecciones municipales en 2016 ni convocar el referéndum revocatorio del mandato de Maduro.
Resulta imposible no advertir que, apoyado en las Fuerzas Armadas Bolivarianas, Maduro no tiene el más mínimo interés en negociar nada porque su objetivo, cada día más evidente, no es otro que imponer la continuidad de “la revolución bolivariana” por los procedimientos que considere necesarios: incluso una guerra interna, como acaba de reconocerlo.
Pretende dar continuidad institucional al régimen concebido por Hugo Chávez para perpetuarse él en el poder y a su “revolución” mediante el control de todos los resortes del poder, persiguiendo toda disidencia y prensa independiente.
Maduro apenas le ha incorporado al proyecto político bolivariano su imagen grotesca, su brutal torpeza y su escaso carisma.
Para un gobierno “progresista” como el que el país tiene desde 2005, cuyos integrantes vivieron en carne propia la represión de la dictadura durante una larga década (73-85), para un gobierno que ha levantado la bandera de la defensa de los derechos humanos y que ha hecho causa de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, de su persecución y castigo, resulta incomprensible que mire de soslayo los reclamos de quienes en Venezuela no solo se quejan de los padecimientos del diario vivir, sino que reclaman por sus libertades y derechos básicos desconocidos por el carácter represivo del régimen.
Situación que la dirigencia y la militancia de izquierda conocen bien, ya que desde la pérdida misma de la democracia en 1973 reclamaron la solidaridad internacional para tratar de ponerle fin cuanto antes a la dictadura. Desde entonces sostuvieron la tesis de que la violación de los derechos humanos no podía relegarse ante principios como el respeto a la soberanía de las naciones y a la no injerencia en los asuntos internos de otro Estado.
Consideración invocada siempre con relación a Cuba y cuando están en juego afinidades ideológicas, como ocurre en el caso venezolano.
Quienes vivimos las protestas y enfrentamientos ocurridos en nuestro país durante la presidencia de Pacheco Areco (67-72) —tiempo agitado y de tensiones propias de la Guerra Fría, de inspiración y penetración de la Revolución cubana en América Latina— nos resulta imposible no asociar aquellos hechos con las imágenes de los enfrentamientos callejeros que se viven hoy en Venezuela.
Sin embargo, no todos en la izquierda tienen la misma sensibilidad de antaño para juzgar los hechos que protagonizan los venezolanos. Pues bien, ¿cuáles serían las diferencias?
Veamos algunas.
Las dificultades en el diario vivir de los uruguayos en aquellos años en modo alguno pueden ser comparables con los padecimientos de los venezolanos hoy.
Pese a la agitada lucha política que vivía el país y a las protestas y enfrentamientos callejeros, el gobierno uruguayo no desconocía las decisiones del Parlamento y de los jueces y, aunque muchas veces caminó por el pretil, se atuvo al marco legal vigente. Y los periódicos opositores no dejaron de publicarse y de ejercer una crítica dura.
Last but not least, la inmensa mayoría de la sociedad uruguaya era ajena a la revuelta estudiantil y mucho más a la aventura de una guerrilla mesiánica, como quedó en evidencia en los resultados de la elección de 1971.
El caso venezolano, no es el único, pone en evidencia que pese a haberlo proclamado, hay sectores de la izquierda que no han revalorizado la democracia, que se valen de las libertades y garantías solo cuando les viene bien.
Interrogado en Alemania por la Deutsche Welle, el presidente Vázquez dijo que en Venezuela existe separación de poderes. O cometió un lapsus o ignora absolutamente la realidad venezolana, o pretende calmar la interna del Frente Amplio. Penoso y sin excusas.
¿Qué más tendría que hacer Maduro para que el gobierno uruguayo acepte lo que está a la vista?
¿No alcanza con incumplir la Constitución al no convocar el referéndum revocatorio de su mandato? ¿No alcanza con postergar sin explicación alguna las elecciones municipales? ¿No alcanza con reprimir violentamente las protestas callejeras por libertad y democracia?
Entonces, ¿cómo justificar esta posición difícil de entender de nuestro gobierno?
Es obvio que, jugado como está el Partido Comunista (3% del voto popular, 6% del voto por el Frente Amplio) a defender a Maduro, el presidente no quiere comprarse un problema interno y mucho menos poner en riesgo la unidad de la izquierda. A los intereses y consignas del PCU se suma el interés del MPP en cuidar sus vínculos con el régimen chavista (negocios de Aire Fresco entre otros), tejidos con paciencia y esmero por dirigentes del MLN aun antes de que el comandante Chávez llegara al poder.
Al igual que en tantos otros temas políticos, el Frente Amplio está bloqueado para preservar su unidad y tratar de conservar el gobierno. Y eso, por lo que se ve, al menos por ahora, no tiene solución.
