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La demanda de inconstitucionalidad que presentó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra la ley que modificó la carrera judicial (Nº 19.830) generó una situación compleja. No solo por el enfrentamiento que supone con el Poder Legislativo y contra el propio gremio de jueces que apoyó la norma, sino por la dificultad que implica definir quién debe resolver la demanda.
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Es que la constitucionalidad de las leyes es evaluada por la Suprema Corte, que en este caso debe apartarse por ser quien presentó la demanda. En situaciones semejantes está previsto que se sortee una integración alternativa entre los ministros de los tribunales de apelaciones. Pero ese camino, que es el que instrumentó la SCJ, no está exento de dificultades ni de cuestionamientos.
Por un lado, el Legislativo entiende que ningún magistrado del Poder Judicial puede integrar la Corte que resuelva la demanda, porque se trata de una ley que los afecta y eso condiciona su imparcialidad. Bajo ese argumento planteó la recusación de todos los jueces, lo que recibió un “enérgico rechazo” de la Corte integrada, de acuerdo a una sentencia firmada días atrás y a la que accedió Búsqueda.
Por otra lado, algunos ministros de apelaciones que fueron sorteados para integrar la Corte se inhibieron (se abstuvieron de participar) porque consideraron que están afectados por la ley, o por otros motivos. Eso complicó la selección de los cinco integrantes, y por el momento hay solo tres ministros confirmados.
La Ley 19.830, que modificó la Ley 15.750 de la Judicatura y de Organización de los Tribunales —y que incorporó los concursos obligatorios para ascender en la carrera, entre otros aspectos— fue aprobada en setiembre de 2019 a iniciativa de legisladores del Frente Amplio y con votos de integrantes de todos los partidos. También recibió el apoyo de la Asociación de Magistrados (AMU).
En la demanda que presentó semanas atrás, la SCJ afirmó que la ley tiene “groseras inconstitucionalidades” y “violenta” la separación de poderes. La Corte se apoyó en consultas de dos prestigiosos profesores, el especialista en Derecho Administrativo Carlos Delpiazzo y el constitucionalista Martín Risso, que afirmaron que la norma implicó una intromisión del Poder Legislativo sobre el Judicial.
Un “enérgico rechazo” y una alternativa
El Poder Legislativo considera que no pueden ser los jueces los que resuelvan si la ley es o no constitucional. Por eso planteó una demanda de recusación alegando que “la totalidad de los ministros de los tribunales son recusables por integrar el Poder Judicial y en tal calidad estar subordinados a la Suprema Corte de Justicia”. Según planteó, eso “los inhabilitaría para actuar en este caso por carecer de la objetividad e imparcialidad que deben revestir los magistrados”.
También son recusables, de acuerdo con el Legislativo, los jueces Letrados y de Paz, que de todos modos ya están inhibidos de intervenir porque la demanda los emplaza como afectados. Y lo mismo ocurre, sostiene, con los jueces afiliados a la AMU, ya que presentaron ante el Parlamento “el sentir del gremio, que tiene un claro interés en el proceso”.
La Corte integrada para resolver la demanda de inconstitucionalidad —que con sus tres miembros actuales puede dictar una sentencia interlocutoria— rechazó “de plano” la recusación planteada.
El fallo, firmado el 14 de diciembre por Loreley Pera, Álvaro Messere y Claudia Kelland, sostuvo que la integración de la Suprema Corte “se realizó de acuerdo a lo previsto por la Constitución y la ley”. Rechazó que se trate de un caso de “falta de previsión”. Y agregó en seguida: “La Constitución sí previó cómo proceder cuando los miembros de la Suprema Corte se hallan impedidos de intervenir en un asunto”.
Según el fallo, “resulta inadmisible la recusación genérica e indiscriminada de todos los jueces”. Además, los ministros de los tribunales de apelaciones “no están alcanzados por las normas cuya constitucionalidad se ataca”, ya que “se encuentran en el último escalafón de la carrera judicial”.
Por otra parte, el fallo sostuvo que el alegado “prejuzgamiento por revestir la calidad de afiliados de la AMU, merece igual rechazo”. Los ministros que integraron la Corte no formaron parte de “la Directiva” de la AMU que intervino en el análisis del proyecto de ley; tampoco “participaron en las asambleas convocadas al efecto, ni emitieron opinión sobre el tema sometido a decisión”.
Así, la Corte evaluó que “corresponde el enérgico rechazo liminar de la demanda”.
El miércoles 9 el senador del Frente Amplio Charles Carrera, uno de los principales impulsores de la ley, cuestionó durante la media hora previa del Senado que la demanda sea resuelta por una Corte integrada por ministros de apelaciones, ya que a su juicio no garantiza la “imparcialidad”. Propuso que se acuda al mecanismo previsto en el artículo 41 del Decreto Ley N° 10.344, que consagra otro sistema de integración de la Suprema Corte con abogados provenientes de una lista de veinte formulada por la Asamblea General. Aunque no hay una posición unánime sobre si el artículo está vigente, “no hay norma expresa que lo haya derogado” y sería una solución “más justa y razonable”, opinó Carrera.
Una integración difícil
Al tiempo que el Legislativo cuestiona la imparcialidad de los ministros de los tribunales de apelaciones para resolver la demanda, la integración de la Corte enfrenta algunos obstáculos. Inicialmente fueron sorteados 15 ministros, previendo que algunos se pudieran inhibir. Así se conformaron tres grupos de “orden respectivo”, lo que quiere decir que el primero del primer grupo es subrogado por el primero del segundo grupo, y así sucesivamente.
El primer grupo quedó integrado por las ministras Kelland, Pera, Cristina Cabrera y Teresita Macció y el ministro Messere.
Cabrera se inhibió porque es presidenta de la AMU, y quien la subrogaba, Guzmán López, también se inhibió, según informó a Búsqueda el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat. En su lugar fue sorteado Sergio Torres, que debe resolver si integrará la Corte o si se inhibirá.
A su vez, la ministra Macció se encuentra de licencia por enfermedad, y quien fue sorteada en su lugar, Doris Morales, se inhibió. La tercera sorteada es Sylvia De Camilli, que recibió la comunicación en estos días y deberá definir.
Si De Camilli o Torres se inhiben, será necesario hacer un nuevo sorteo entre los ministros, explicó Oxandabarat.
