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Dentro de poco todos los presos, igual que los estudiantes del sistema público, tendrán su computadora ceibalita. Sin embargo, no existe ninguna política para abordar el frecuente problema de adicciones, tal como viene reclamando desde hace años el comisionado parlamentario Álvaro Garcé.
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Uruguay no parece un buen ejemplo de política criminal moderna. Las experiencias nórdicas y catalana, por ejemplo, van por el camino de aumentar las penas alternativas, que además son más baratas. Hoy hay en el país 9.786 presos, lo que representa 291,54 cada cien mil habitantes. Durante la inauguración del Observatorio Latinoamericano en Política Criminal y Reformas Penales (OLAP) en Montevideo, el experto uruguayo Luis Morás recordó que la tasa de encarcelamiento es superior a la de países como Colombia, Brasil, Venezuela y México, que tienen serios problemas de seguridad pública, y solo es superada con creces por Estados Unidos. Durante el mismo encuentro, el ex viceministro de Justicia de Colombia, Farid Benavides, dijo que “no se puede considerar democracia plena a un país con más de 120 presos por cada cien mil habitantes”.
Los presos uruguayos, según datos del INR, tienen un promedio de 24 años. En el 92% de los casos son varones con altos niveles de vulnerabilidad, no calificación y dificultades de ingreso al mercado de empleo.
Entre el 2007 y 2010 el número de presos creció a unos 800 por año. En los últimos dos años, dijo a Búsqueda el comisionado Garcé, ha disminuido la velocidad de crecimiento gracias a la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
El criminalista Morás, por otra parte, dijo que la cultura carcelaria se ha trasladado a los barrios, de ahí el aumento de los “ajustes de cuentas”, y opinó que “tener una pareja o una religión y el trabajo y no más tiempo en la cárcel tienen un efecto neutralizador” para los delitos.
Para el subdirector técnico del INR, Gustavo Belarra, “la reincidencia, que en Uruguay ronda el 60%, es un tema de discusión en todo el mundo, pero medir solo eso es un concepto restringido y reduccionista”. Aun los países con mejores políticas criminales —sostuvo— tienen entre 30 y 35% de reincidencia crónica, porque el delito es un fenómeno multicausal.
Para algunos presos institucionalizados, aunque quizás no tengan conciencia de ello, la cárcel es su verdadero hogar. Un juez penal relató a Búsqueda que, durante su pasaje por localidades del interior, tuvo casos en que pretendió no procesar pero el propio detenido le pidió ir a prisión “a pasar el invierno”.
La criticada ley de humanización promovida por el ex ministro del Interior José Díaz en 2005 liberó a unos 700 presos y tuvo una reincidencia baja, de alrededor del 23%. También introdujo la reducción de la pena por estudio y trabajo. Sin embargo, Díaz fue criticado también por una postura “idealista” que retrasó, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, la construcción de cárceles.
