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    “Una manga de ladrones”

    N° 1987 - 20 al 26 de Setiembre de 2018

    El 19 de febrero la expresidenta de Argentina Cristina Fernández cumplirá 66 años. En ese momento habrá acumulado el mayor número de imputaciones penales por corrupción cometidas durante su función por un mandatario constitucional. Aunque su partido no acceda a dejarla sin los fueros de senadora para que enfrente su responsabilidad judicial, cargará con una mácula sin par.

    No le alcanzará el resto de su vida para saldar su deuda con la sociedad y, especialmente, con sus votantes. Su labia progresista y revolucionaria y su presunta defensa de los derechos humanos, los sedujo, los engatusó. Les hizo creer —aún lo hace mediante una armada estructura profesional— que es perseguida por defender esos principios y a las clases más desprotegidas de Argentina. A todos los trampeó. Y les robó a mansalva.

    En su caída arrastra a su marido, el extinto presidente Néstor Kirchner. Estos y otros hechos avalan la opinión del expresidente Jorge Batlle. En 2002 sentenció: “Los argentinos son una manga de ladrones desde el primero al último”. Se refería a los gobernantes y a los empresarios que los coimeaban. Batlle, amplio conocedor de la Argentina, dejó claro a quiénes se refería. No era al argentino de a pie. En una grabación que registró Bloomberg TV comentó fuera de cámaras: “¿Sabe cómo se manejan las cosas en la Argentina? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de la corrupción que hay en Argentina?”.

    Argentina era gobernada por Eduardo Duhalde, que había sido designado por una Asamblea Legislativa luego de la renuncia de Fernando de la Rúa, que huyó acosado por un caos económico y social.

    Al día siguiente de sus explosivas declaraciones, Batlle viajó a Buenos Aires y le dijo públicamente a Duhalde: “Le pido disculpas a usted y al pueblo argentino”. Fueron, sagazmente, disculpas parciales. A él y al pueblo.

    A partir de 2003, con Kirchner a la cabeza del gobierno llegaron los depredadores mayores. A Kirchner lo sucedió su esposa, Fernández, y ambos gobiernos se extendieron durante 12 años. Según el juez federal Claudio Bonadío, 12 años de robos y coimas sin medida ni control.

    Cuando Batlle lanzó su reflexión, la oposición de izquierda lo cuestionó duramente. Más tarde, cuando la izquierda pasó a gobernar en Uruguay se convirtió en cómplice: defendió a los gobiernos de Kirchner y Fernández y a otros corruptos como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Lula da Silva y Rafael Correa. Pero los socialistas del siglo XXI han ido cayendo ante el paso firme de los jueces. Tarda pero llega.

    El lunes 17 Bonadío ordenó el procesamiento de Fernández y le solicitó al Senado su desafuero para someterla a prisión preventiva. Pretende evitar que destruya pruebas. El desafuero no se producirá. El jefe del bloque justicialista, Miguel Angel Pichetto, advirtió que la doctrina de su partido es no quitarle los fueros a ningún senador hasta que tenga condena firme.

    Es el sexto procesamiento para Fernández y en el que existen mayores pruebas debido a las contundentes declaraciones de “arrepentidos” políticos y empresarios cuyos testimonios tienen sólidas bases, según la extensa sentencia de Bonadío colgada en la página del Poder Judicial argentino.

    Entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 Kirchner, Fernández, sus secuaces políticos y varios empresarios (además de Fernández fueron procesadas 40 personas) “perpetraron un sistema de recaudación ilegal mediante el cual, por un lado, el dinero era recibido por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos y, por otro, las personas o empresas que lo otorgaban lo hacían a cambio de algún beneficio o en consideración del cargo que tenían los funcionarios”. La presidenta era “la jefa de una organización ilícita”, dice la sentencia de 500 páginas.

    Para el abogado de Fernández, Carlos Beraldi, no existen pruebas. La resolución de Bonadío es “un disparate jurídico (que) parece un guion de Netflix”.

    El monto del dinero ilegal es incalculable. Bonadío dispuso que se embargara a Fernández por el equivalente a 100 millones de dólares y a la mayoría del resto de los procesados por cifras menores.

    También procesó a los hijos de la expresidenta, Florencia y Máximo, por integrar la asociación ilícita. Los hijos del diablo. El nivel de zócalo con que se desarrollan estos juicios lo dejó en evidencia Gregorio Dalbón, otro de los abogados de Fernández que trató al juez de burro e incapaz.

    Le advirtió al juez: “Hoy te metiste con los hijos de Cristina Kirchner. Sin absolutamente una prueba de cargo. Créeme que el Karma existe. Me sentaré a la puerta de mi casa para ver pasar el cadáver de mi enemigo. Proverbio árabe”. ¡Terrible la descomposición social y profesional! Acá hubiera demorado 10 minutos en ser enjuiciado por desacato.

    En esta trama hay negocios sucios difíciles de demostrar. Por ejemplo, que Chávez y Kirchner se repartieron 50 millones de dólares mediante el manejo de bonos argentinos. Lo afirmó Claudio Uberti, uno de los arrepentidos, que dio amplios detalles de esa maniobra.

    Esta causa demuestra la eficacia del uso de testigos arrepentidos para alcanzar la verdad. Es un mecanismo que, pese a tener base legal, casi no se usa en Uruguay salvo en algunos casos de drogas. En Argentina los testigos arrepentidos podrán tener un beneficio en el momento de la condena por su colaboración al esclarecimiento de los hechos.

    Fernández espera comparecer en juicio oral en varias causas. Tiene pendientes las que se conocen como “Dólar futuro”; “Memorándum de entendimiento con Irán” (delitos de traición a la patria y encubrimiento); favorecimiento de obras viales (asociación ilícita y administración fraudulenta); “Hotesur” (lavado de activos y asociación ilícita); y “La ruta del dinero” (investigación sobre lavado de activos que tiene varias patas en Uruguay a cargo del fiscal Luis Pacheco).

    Batlle se quedó corto.

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