“Volveremos a triunfar” en el arbitraje entablado por Aratirí, dice Vázquez; la oposición recuerda “desprolijidad” de Mujica

La compañía de capitales indios y con sede en Londres, presentó una denuncia ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por su sigla en inglés) en julio de 2017 y un año después el reclamo, argumentos y pruebas dispuesto para el arbitraje donde detalla su versión en el litigio contra el Estado uruguayo.

Precisamente, una delegación integrada por los exdirectores de Medio Ambiente Alejandro Nario y Jorge Rucks (actual subsecretario del MVOTMA), los abogados Marcelo Cousillas y Eugenio Fernández, el director de Minería, Néstor Campal, el exministro de Industria, Energía y Minería Roberto Kreimerman y el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, viajará el domingo 12 a Washington para preparar la defensa con el equipo de abogados que dirige Paul Reichler, del estudio Foley Koag, que ya defendió a Uruguay en los juicios contra la tabacalera Phillip Morris y el Estado argentino por la instalación de la planta de celulosa de Botnia, entre otros, informó Sarandí.

Tras la presentación que hizo Zamin Ferruson el 3 de julio ampliando su argumentación como reclamante, en los próximos meses el Estado uruguayo deberá hacer lo mismo respecto a su defensa, tal como estipula el proceso arbitral. Luego habrá una segunda instancia argumental para cada parte, antes del inicio de la etapa de audiencias.

“Estamos convencidos que así como antes ganamos litigios internacionales, volveremos a triunfar porque el país hace años que viene trabajando y blindándose para enfrentar esta instancia”, afirmó el mandatario, según la radio.

Especialistas en arbitraje consultados por Búsqueda, entienden, sin embargo, que este es un caso distinto al de la tabacalera Philip Morris, que involucraba cuestiones de salud, y que es uno más típico relacionado con cambios en las condiciones para hacer negocios.

Hierro y datos geológicos.

Apenas conocida la información en torno al arbitraje comentada por Vázquez a la radio y la novedad del monto de la reclamación, las reacciones de la oposición no se hicieron esperar.

El senador blanco Luis Lacalle Pou sostuvo en Twitter que hubo un “lamentable manejo de los tres gobiernos del FA sobre el tema Aratirí”, el nombre con que actuó en Uruguay la india Zamin Ferrous. Y reprochó al oficialismo que no escucharon a los que hicieron advertencias en torno a ese proyecto.

“Ojalá triunfemos”, señaló en la misma red social el diputado colorado José Amorín Batlle. Luego cuestionó la “desprolijidad” de Mujica y advirtió: “La fama nos puede salir carísima”.

El senador del Partido Independiente Pablo Mieres, sostuvo en Radio Universal que tiene “serias dudas” acerca de la pertinencia de la demanda del grupo indio, aunque también cargó sobre Mujica y su “récord de improvisación”.

A su vez, el expresidente hizo algunos comentarios sobre el caso al ser entrevistado el miercoles 8 en Canal 12: “Es una empresa que acostumbra hacer este tipo de operativas. Me parece formidablemente exagerado” el monto reclamado, aunque llamó a ir “despacito por las piedras”. Para él, la cifra “es una exageración para intentar negociar después”.

La ministra de León sostuvo que más que en la ley de minería habría que buscar las causas del retiro de Aratirí de Uruguay en los cambios en el precio internacional del hierro.

Raúl Viñas, referente del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, había declarado hace varios meses a El País que el grupo Zamin Ferrous buscaba venderle al Estado los datos geológicos de la zona de Valentines para recuperar parte de la inversión en exploración que rondó los US$ 170 millones.

Otro activista en contra de la inversión minera, Víctor Bacchetta, dijo a Búsqueda que la empresa nunca tuvo credibilidad, aunque también se refirió a “las desprolijidades del gobierno uruguayo” encabezado por Mujica.

Respecto al grupo indio, Bacchetta sostuvo que tuvo “serias dificultades” en Brasil y que su verdadera sede está en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, aunque se ampara en el tratado de inversiones entre Uruguay y Gran Bretaña porque tiene un escritorio en Londres.

El juicio millonario al Estado uruguayo podría tener derivaciones en la interna del oficialismo debido a que mientras el intendente de Montevideo, Daniel Martinez, votó como senador y defiende la ley de megaminería, Fernando Puntigliano, uno de los directores de confianza en la comuna, fue gerente de la minera en Uruguay y en el exterior por encargo directo del principal del grupo, Pramod Agarwal.

Consultado esta semana por Montevideo Portal, Puntigliano se limitó a recordar que “se aprobó la Ley de Minería de Gran Porte en la mitad del proceso”.

Luego de que dicha norma subió la carga impositiva, Aratirí denunció que ese cambio de reglas ponía en peligro su ecuación financiera de su proyecto en Uruguay. Pese a todo, el entonces ministro de Industria, Energía y Minería, Kreimerman, tenía “expectativas positivas” de que el proyecto se concretara, algo que se desplomó cuando la ministra era Carolina Cosse. Por entonces la tonelada de hierro había caído a US$ 60, cuando la empresa había dicho que el emprendimiento era rentable con un precio a US$ 100.