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A esta altura del año que viene se habrá develado el misterio. Sabremos quién ganó la elección presidencial y tendremos algunas conjeturas plausibles tanto sobre el formato de gobernabilidad como acerca del contenido de las políticas públicas del gobierno electo. La vida ya mostró muchas veces todo lo imprevisto que puede pasar en un año. Pero no veo cómo esquivar la responsabilidad de dejar por escrito, en este espacio, el testimonio de cómo estoy percibiendo las chances de unos y otros. Me apresuro a compartir la conclusión: desde mi punto de vista, el escenario es de máxima incertidumbre.
No es muy difícil entender por qué el Frente Amplio (FA) podría ganar. En primer lugar, la tendencia regional es muy clara. Según el politólogo argentino Gerardo Munck, desde 2015 en adelante, la oposición ganó en el 80% de las elecciones presidenciales. El gobierno logró ser reelecto solo en una de las 18 elecciones disputadas desde 2019 en adelante (el outlier fue Paraguay). En segundo lugar, la evidencia aportada por la historia electoral de Uruguay también es clara: desde 1942 en adelante, hubo una sola elección en la que el gobierno no perdió votos: fue en 1950, meses después de la consagración de Maracaná, en tiempos de auge económico y con el Partido Nacional todavía malherido por la división causada en marzo de 1933. A esta tendencia, años atrás, la denominamos con los colegas David Altman y Antonio Cardarello el “costo de gobernar”. En tercer lugar, las encuestas coinciden en que el piso electoral del FA está varios puntos por encima de octubre de 2019. Y no sería muy difícil que, durante la campaña electoral, lograra captar un porcentaje importante de indecisos.
Es un poco más complejo argumentar, dado lo anterior, por qué el gobierno podría (puede, a mi entender) ser reelecto. Aquí también conviene apelar a la historia del comportamiento electoral en nuestro país. La volatilidad (el número de electores que cambian de partido de una elección a otra) suele ser baja (desde 1985, la volatilidad tuvo dos grandes “picos”: uno, muy grande, en 2004 y otro, algo menor, en 2019). Cuando un elenco de gobierno toma el timón, la ciudadanía suele darle más de una oportunidad de mostrar qué tiene para ofrecerle al país. Colorados y blancos, compitiendo y cooperando, gobernaron dos décadas (1985-2005). La “era progresista” duró 15 años (2005-2020). En ambos casos, la regla fue la combinación de cambio y continuidad: siguió el mismo bloque, cambió el liderazgo dentro del bloque gobernante. En general, cada bloque tiene más de una chance.
Si mi lectura de la historia electoral es correcta, la probabilidad de la reelección del elenco de gobierno aumenta cuando existe una correspondencia visible entre promesas electorales y políticas públicas. Entre ambos conjuntos jamás existe, en términos de teoría de conjuntos, correspondencia biunívoca. Siempre hay un gap entre promesas y políticas públicas. Siguiendo con las metáforas matemáticas, la cuestión sería cuál es la superficie de la intersección entre ambos conjuntos. La coalición liderada por Julio María Sanguinetti y Alberto Volonté fue reelecta porque, en general, cumplió con las expectativas depositadas por sus votantes. La siguiente, la encabezada por Jorge Batlle y Luis Alberto Lacalle, en cambio, fue arrasada por el tsunami regional. El FA logró ser reelecto en 2009 porque el gobierno de Tabaré Vázquez, grosso modo, cumplió con las esperanzas depositadas por sus electores. Una década después perdió, cuando muchos electores interpretaron que, contra lo prometido en la campaña de 2014, el Uruguay se detuvo.
El gobierno que lidera el presidente Luis Lacalle Pou, como la mayoría de sus predecesores (al menos desde 1985 en adelante), viene haciendo un esfuerzo visible por cumplir con sus promesas, en este caso, con el Compromiso por el país firmado entre los partidos de la coalición a comienzos de noviembre de 2019. La superficie de la intersección entre ambos conjuntos, promesas y políticas, es grande. La voluntad de cumplir con la palabra empeñada fue notoria, pese a la crisis desatada por la pandemia, la guerra en Ucrania o la sequía. La aprobación de la regla fiscal, la transformación educativa en marcha y la reforma de la seguridad social son tres testimonios muy claros de esta intención. Por cierto, lo que importa no es lo que se pueda escribir acá, desde la perspectiva del analista, sino lo que interpretan sus votantes. El alto nivel de aprobación de la gestión del presidente sugiere que, en términos generales, el gobierno no ha defraudado la confianza depositada por la mayoría en el balotaje.
La coalición puede ser reelecta porque todavía no la hemos visto poner toda la energía en defender la gestión realizada. Los gobiernos tienen que dedicar mucho tiempo a hacer. Solo pueden concentrarse en defender lo que hicieron durante la campaña electoral. Nunca se sabe qué puede pasar. Siempre puede aparecer un shock externo adverso. Pero, hoy por hoy, las perspectivas para el año 2024 no son malas para el gobierno. Los expertos afirman que el año que viene la economía va a crecer (entre 3% y 4%). El salario real ya se recuperó. El plan de obras públicas (puentes, rutas) sigue avanzando (es muy visible en el interior del país). El gobierno tiene una gestión para mostrar. La estructura del sistema de partidos (coalición de partidos versus “partido de coalición”), además, lo favorece: durante buena parte del año que viene, será inevitable que la ciudadanía escuche más voces criticando al FA que al gobierno. Por más que se esfuercen los medios de comunicación por mantener la simetría, de hecho, hay muchos más precandidatos del gobierno que de la oposición. Y, pasadas las primarias (hasta el balotaje), seguirá habiendo más candidatos a la presidencia de los partidos de la coalición de gobierno que del FA.
Finalmente, habrá que ver cuáles son los temas que terminan preocupando más a la ciudadanía y cuáles son las soluciones que resultan más creíbles. No será sencillo para el FA ofrecer soluciones en dos temas especialmente importantes para la ciudadanía. Uno es la inseguridad. El gobierno asume que no ha podido todavía detener la ola de crímenes. Veremos cómo funciona el programa Cure Violence que está poniendo en marcha el Ministerio del Interior. Pero, incluso si no llegara a obtener los resultados esperados, esto no quiere decir que automáticamente la ciudadanía vaya a confiar en que el FA puede hacerlo mejor. ¿El FA será capaz de ofrecer alternativas persuasivas? Otro tanto puede decirse del costo de vida. A pesar de haber reducido la inflación, el gobierno no ha logrado que Uruguay sea un país más barato. Los precandidatos oficialistas ya están asumiendo esta cuenta pendiente. Sin embargo, otra vez, no es obvio que el FA pueda construir un argumento potente para persuadir al público de que está en condiciones de lidiar con esta temática mejor que el gobierno.
Por cierto, quedan variables muy relevantes fuera del análisis. Pero el desenlace también dependerá, al menos, del perfil político de quienes terminen ganando las elecciones primarias y del tono de la competencia electoral dentro de cada bloque.
