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    A dos años de aprobada la ley sobre gestión de residuos, organizaciones reclaman que “no se ha avanzado nada”

    El ministro de Ambiente, Adrián Peña, asegura que la norma se está “bajando a tierra y comenzando a aplicar”, pero advierte que “no va a ser de un día para el otro”

    La Ley de Gestión Integral de Residuos se aprobó en 2019 con el objetivo de prevenir y reducir “los impactos negativos” de la generación y gestión de la basura. Poco después, la Universidad de la República (Udelar), el PIT-CNT y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) formaron un grupo de trabajo para contribuir a la implementación y reglamentación de la ley.

    Sin embargo, dos años después, la visión de las organizaciones es muy crítica. Están “preocupados” por el incumplimiento de plazos en cuanto a la formación de una comisión de coordinación, la finalización del registro de clasificadores y la aplicación de impuestos a cierto tipo de envases, aspectos que debían comenzar a regir a partir del 1º de enero de 2021.

    Así lo explicó Jorge Ramada, integrante de la Secretaría de Seguridad y Medio Ambiente del PIT-CNT, quien durante una comparecencia del grupo de trabajo ante la Comisión Especial de Ambiente de Diputados el 7 de diciembre dijo que la ley “todavía no está operativa”.

    La ley establece la creación de un Fondo Nacional de Gestión de Residuos (Fonagres) que se financiaría con lo recaudado por un impuesto (Imesi) a los envases plásticos y se destinaría a la recuperación de esos desechos. Sin embargo, las empresas se opusieron a la medida y el gobierno por el momento no la aplicó. De todos modos, la anterior Ley de Envases les exige ocuparse de la recuperación de una parte de los desechos plásticos que usan.

    Según Ramada, con la instalación del Fonagres “se podría haber hecho mucha cosa”, pero en la actualidad no es “seguro” que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “vaya a cumplir con ese aspecto de la ley”. Desde el ministerio le manifestaron que “hay reticencia o resistencia” a aplicar lo establecido en la normativa, dijo a los legisladores.

    Al PIT-CNT le “preocupan especialmente” los envases plásticos, que representan hoy el 60% de los residuos especiales, afimó Ramada. Es que la Ley de Envases solo se instaló en seis departamentos “y, a pesar de que uno de los objetivos era aumentar la recuperación de residuos, hoy se recicla menos del 5%”. Además, otro de los objetivos de la norma era promover la formalización de clasificadores, pero según el sindicalista “solo se ha llegado a unos 200”.

    “Se quiere seguir con un instrumento que ha fracasado”, agregó Ramada respecto a dos resoluciones del Ministerio de Ambiente (MA) aprobadas en abril que aumentaron al 30% la exigencia de recuperación del plástico para 2023 y al 50% para 2025.

    Para el grupo de trabajo, el problema “más grave que existe en estos momentos” es implantar la ley integral, dijo Ramada.

    En octubre el Ministerio de Ambiente puso a consideración pública el contenido del nuevo Plan Nacional de Gestión de Residuos, que plantea una hoja de ruta para poner en marcha la ley. Sin embargo, el sindicalista dijo que ese proyecto “no tiene financiamiento, por lo que no existe”. Señaló como otro problema que tampoco está definida su gobernanza.

    “Todas esas limitaciones hacen que a dos años de aprobada la ley no se haya avanzado nada. A pesar de que es una ley que tiene cambios importantes, y que en un tema como este era importante marcar cambios fuertes y en plazos relativamente breves para cambiar un poco la inercia, nada de eso se ha hecho”, criticó.

    Otro de los integrantes del grupo que expuso ante la comisión fue Mauricio Passeggi, representante de la red de organizaciones Nodos Ambientales Participativos. El especialista coincidió en que hoy “no se está cumpliendo la ley”.

    “Se establecen metas desde el Ministerio de Ambiente para la recuperación de envases plásticos, pero no se dan los medios para llegar a eso. Entendemos que hay poca seriedad o por lo menos poca conciencia de lo que implican los objetivos que se están planteando en cuanto a los requerimientos concretos”, sostuvo Passegi. El docente de la Facultad de Ingeniería señaló además que al no contar con las herramientas de financiación del MEF, el plan nacional es solamente “un manual de buenas intenciones”.

    “La asimetría entre ministerios es evidente, lo cual no nos permite mirar con esperanza al futuro respecto de que realmente algo de esto se vaya a implementar”, señaló Passegi. Y agregó: “Tenemos que hacer cumplir la ley. No podemos dejar que por la vía de los hechos sigamos juntando papeles, convocando a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar en comisiones, pero no se vean resultados porque no hay una voluntad política de fondo”.

    “Todos los aspectos vinculados al funcionamiento en el régimen actual de la ley de envases han sido muy malos”, afirmó en tanto el ingeniero agrónomo Manuel Chabalgoity, ex director nacional de Ordenamiento Territorial, quien expuso en representación de la Udelar.

    “Trabajamos con las herramientas que tenemos”

    El ministro de Ambiente, Adrián Peña, discrepó con las valoraciones de los representantes del grupo de trabajo. Consultado por Búsqueda aseguró que la aplicación de la ley “viene avanzando notoriamente”. Destacó que en un año el gobierno logró tener un plan nacional y dos resoluciones vinculadas a la recuperación de envases, al tiempo que ya trabajan de cara a marzo en los dos primeros decretos reglamentarios vinculados a obras de construcción y a dispositivos eléctricos y electrónicos. También prevén emitir otra resolución en enero relativa a residuos comerciales.

    “Obviamente, el desafío es implementar la ley, y es en lo que estamos, la estamos bajando a tierra y comenzando a aplicar, pero no va a ser de un día para el otro. Igualmente, todas las líneas vienen confluyendo para tener avances significativos en el período”, señaló.

    Respecto a la decisión del MEF de no aplicar el Imesi a los envases plásticos, indicó que es una decisión que “trasciende” al MA, el cual tendrá que “ir por otras vías” para exigir una mayor recuperación a las empresas. Justamente, afirmó que la semana que viene la Cámara de Industria le presentará su nuevo plan ajustado a las nuevas metas establecidas en las resoluciones de abril.

    “Las acciones son múltiples y muy bastas y no se limitan a que se imponga un impuesto o no. Como Ministerio de Ambiente tenemos nuestra posición respecto al impuesto y al Fonagres, pero trabajamos con las herramientas que tenemos”, sostuvo.

    “Hay que hacer cosas. Si no cuento con eso, seguiré. Lo que importa es mejorar los niveles de recuperación, si es por una vía o por la otra, se verá. La exigencia está y las mejoras se van a dar”, agregó el ministro.