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Hace diez años las autoridades del Instituto Nacional del Menor —hoy INAU— eran cuestionadas por la oposición (en especial el Frente Amplio) debido a “malos tratos” en la Colonia Berro. La respuesta de las autoridades del momento era que se había suspendido a funcionarios, se llevarían algunos casos a la Justicia, se mejoraría la infraestructura y se incorporaría más personal.
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Una década después, los papeles se invirtieron. Pero ahora, además de las críticas de la oposición al funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), hay un reclamo de 30 organizaciones sociales para que se remueva a las autoridades de esa dependencia y una denuncia por malos tratos de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Las autoridades se defienden: señalan que en dos años se mejoró la vida de los adolescentes en los centros y rechazan que se produzcan malos tratos. Y si los hubo, fueron investigados y se enviaron a la Justicia cuando lo ameritó.
“A esta altura, confieso que tengo dolores en la espalda de tantos palos recibidos”, dijo Ruben Villaverde, el presidente del Sirpa, el jueves 8 cuando compareció durante cuatro horas ante la Comisión de Población de Diputados.
Pese a los “palos” de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de las organizaciones sociales —entre las que se encuentran Familiares de Detenidos-Desaparecidos y el Servicio de Paz y Justicia— Villaverde y sus compañeros de directiva se fueron con el respaldo del Frente Amplio. Esto no sorprendió a las organizaciones sociales, que dicen que hace tiempo denuncian las malas condiciones de vida de los adolescentes recluidos pero el gobierno no hace caso a ellas. Juan Fumeiro, del Comité por los Derechos del Niño, dijo que evalúan elevar estas denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Recordó que se hizo el planteo en el Comité contra la Tortura, de donde el gobierno “salió bastante mal parado”.
Además, fuentes del Sirpa cuestionaron que entre los ingresos de nuevos funcionarios haya familiares de jerarcas y explicaron que aún “falta” trabajo para lograr que los adolescentes estudien.
El jueves 8 los integrantes del Sirpa, el INAU y el Ministerio de Desarrollo Social informaron sobre lo realizado en dos años y se refirieron al informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que a comienzos de abril denunció en el Parlamento malos tratos a los adolescentes en conflicto con la ley y que están 23 horas al día encerrados, entre otras situaciones.
Las autoridades explicaron en la comisión que el plan de trabajo trazado pasa por reducir a cero las fugas de los hogares y apostar a la educación y salidas laborales para los adolescentes. Hoy un 80% de los internos estudia —hay más de 600 adolescentes privados de libertad— y 350 están prontos para salir a trabajar, informaron.
En cuanto a las denuncias de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Villaverde dijo que se toman “muy en serio todas y cada una de las recomendaciones” que se le han hecho desde esa institución.
El presidente del INAU, Javier Salsamendi, expresó su respaldo a “todo tipo de investigación” de denuncias de posibles malos tratos. Aseguró que el organismo ha realizado las denuncias a la Justicia cuando correspondía. Villaverde dijo “que no es cierto” que los jóvenes estén 23 horas al día “encerrados”.
Un día antes, el miércoles 7, el presidente del Sindicato del INAU, José Lorenzo López, dijo en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados que le “llama la atención” que cuando un funcionario es agredido por un adolescente infractor “no tiene la debida trascendencia” y no genera la misma repercusión que cuando las denuncias son contra los menores de edad.
López recordó que hay 1.300 funcionarios en el INAU y “solo 26 procedimientos administrativos por presuntas prácticas que no se corresponden con las reglas establecidas”.
“Queremos descartar de plano que haya práctica sistemática de tortura o de malos tratos en ningún centro” del Sirpa, afirmó.
López dijo que las 30 organizaciones sociales “plantean una situación diferente a la real” y que “están viendo una película muy antigua”, ya que la situación del Sirpa “ha cambiado”.
Malos tratos.
La exposición de las autoridades del Sirpa fue respaldada por los legisladores oficialistas. Felipe Michelini (Frente Líber Seregni) dijo que el Frente Amplio quiere “colaborar” porque “está compenetrado con la plena vigencia de los derechos humanos en el país”.
“El gobierno uruguayo no acepta bajo ningún concepto la impunidad, y menos aún malos tratos y torturas (...). Que quede claro que aquí no hay complicidades ni disciplinas partidarias. Además, estamos convencidos de que las autoridades, desde el Poder Ejecutivo hasta el último director, cuando hay violación de derechos, se identifican los hechos, y si son graves, se clasifican, se procede a hacer investigaciones administrativas y a hacer denuncias penales”, agregó.
Nicolás Pereira (Corriente Acción y Pensamiento-Libertad) afirmó que es de “Perogrullo decir que en todo sistema de privación de libertad de adultos y de adolescentes en el mundo entero hay casos de abuso y de malos tratos”.
“Creemos que la discusión que debe tener esta Comisión —que es la visión con que está encarando este tema el Poder Ejecutivo— es sobre cómo se actúa en cada caso. Acá la discusión no es si hay o no malos tratos —que los hay, los puede haber—, sino si ello es una política sistemática de parte de la Administración, que no lo es claramente. También la discusión está en si, en el caso de detectar episodios de este tipo —como han sido detectados—, la Administración mira para el costado —que no es el caso— o si establece cada una de las investigaciones y denuncias correspondientes ante cada uno de los casos”, opinó.
En tanto, Daniela Payssé —que integra la Comisión de Derechos Humanos— dijo a Búsqueda que a las organizaciones sociales “les faltó información” sobre la realidad de los centros de internación y por eso “hicieron una interpretación del informe que no es adecuada”.
La legisladora explicó que en ocasiones, “cuando hay visitas a los establecimientos, los gurises o los familiares pueden plantear determinados cuestionamientos a prácticas que es posible que existan, pero no es una práctica sistemática de la institución”, dijo.
Por su parte, la senadora Lucía Topolansky (MPP) dijo que le “gustaría” que “los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos se instalaran en convivencia 15 o 20 días para que puedan ver chiquilines que están muy nerviosos, porque en el momento de la abstinencia de alguna droga se vuelven agresivos. En ese forcejeo es claro que puede haber algún problema”, dijo, según “La Diaria” del viernes 9.
Una opinión diferente dentro del Frente Amplio fue la del sector Ir —que apoya la candidatura de Constanza Moreira—, que emitió un comunicado en el que afirma que es “inadmisible que se intente matizar o deslegitimar las denuncias de violaciones a los derechos humanos”. Reclamaron que se investiguen y que de comprobarse tengan “efectos concretos sobre los responsables, sean estos funcionarios, autoridades de carrera o políticas”.
