A los tibios los vomitaré

Da la impresión de que Almagro ha quedado solo. Después de enviar el 30 de mayo al Consejo Permanente de la OEA una fundamentadísima petición de 132 páginas sobre la vulneración de la democracia republicana en la Venezuela de Maduro, ha sido víctima de las previsibles diatribas del chavismo troglodita y de sus aliados, pero también del silencio cómplice de quienes saben que Almagro tiene toda la razón pero prefieren jugar a una injustificable “realpolitik”.

“El petróleo”, puede decir alguien. Pero, aparte de que Venezuela ya no está en condiciones de regalar petróleo como antes para comprar apoyos sibilinos y silencios vergonzantes, ¿dónde está el límite para que los políticos que conocen de memoria lo que está bien y lo que está mal sigan dando vuelta la cara? ¿En qué clase de porquería se ha transformado el ejercicio de la política en los gobiernos democráticos de esta región si ya no abreva en las normas más básicas que hacen de la política una actividad noble y no un mero intercambio de favores, dineros y agachadas?

Un simple punteo de la nota de Almagro permite concluir que la ética y los principios están muy por debajo en las prioridades de los gobernantes latinoamericanos y del Caribe hoy día, más allá de sus posicionamientos políticos e ideológicos.

Veamos algo de lo mucho que dijo Almagro:

- “En Venezuela existe una alteración del orden constitucional democrático, derivada de una gradual, sostenida y sistemática erosión de la democracia”.

- El gobierno utiliza “el poder público para interrumpir la libre asociación y las actividades de grupos opositores y de medios de comunicación”.

- Hay una “violación de los frenos y contrapesos propios de la separación e independencia de los poderes del Estado”.

- El gobierno recurre al “nombramiento arbitrario de miembros del Poder Judicial con el fin de validar las acciones inconstitucionales de sus benefactores”.

- El gobierno hace un “uso injustificado de los estados de emergencia”.

- El gobierno realiza una “interferencia arbitraria, inconstitucional o ilegal en las deliberaciones del Poder Judicial o Poder Electoral”.

- El gobierno dispone “la terminación arbitraria, inconstitucional o ilegal del mandato de funcionarios democráticamente electos”.

- El gobierno ejerce un “permanente acoso” y aplica “decisiones arbitrarias que afectan a poderes del Estado o integrantes del sistema político”.

- “Las soluciones políticas a la hora de la verdad las da el pueblo en las urnas. El hecho de llamar a un (referéndum) revocatorio conforme a la Constitución no es ser golpista; ser golpista es anular esa posibilidad constitucional de que el pueblo se exprese. O diferirla. O ponerle obstáculos. O promover fórmulas insanas políticamente como la del diputado Diosdado Cabello: que se haga el revocatorio en marzo de 2017, Maduro lo pierde, se nombra presidente al vicepresidente y a Maduro vicepresidente, el nuevo presidente renuncia y queda Maduro de presidente”.

- “El régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco del Estado de derecho”.

- “La función pública no debe ser vista como un negocio (…). No es una profesión donde el propósito central es el enriquecimiento monetario o el favorecerse personalmente”.

- “En Venezuela se perdió la finalidad de la política. Se olvidó de defender el bien mayor y colectivo a largo plazo sobre el bien individual a corto plazo”.

- “El político inmoral es aquel que pierde esta visión porque lo único que le interesa es mantenerse en el poder, a costa de la voluntad de la mayoría”.

- “Acusar a personas que no coinciden con un tipo determinado de régimen y equipararlos con traidores a la patria o a la revolución chavista es en su esencia, como diría Noam Chomsky, ‘uno de los mecanismos más comunes en regímenes totalitarios’”.

- “Venezuela necesita definitivamente un operativo limpieza. Los indicadores internacionales de corrupción colocan al país en el fondo y demuestran un estado endémico de la misma”.

- “La situación de un país con las reservas de petróleo más grandes del planeta es crítica desde el punto de vista económico, social y humanitario”: el PBI bajará 8% este año; la inflación es de 700%; el déficit fiscal llega a 17%; la deuda externa (U$S 130.000 millones) equivale a seis años de exportaciones de petróleo; la escasez de medicamentos y equipos médicos es de 80%; el 85% de las personas que ingresan a los hospitales está malnutrida; la pobreza alcanza al 76%; la tasa de homicidios oscila entre 75 y 90 asesinatos por cada 100.000 habitantes; el promedio de espera en las interminables colas para comprar alimentos u otros insumos básicos es de casi cinco horas por día y por persona.

Después de este diagnóstico, apenas resumido aquí pero ampliamente fundamentado en las 132 páginas presentadas por el secretario general de la OEA, ¿qué cosa es lo que impide aplicar la Carta Democrática Interamericana al régimen venezolano? ¿Están tan sometidos a intereses económicos o a figuraciones personales los gobernantes democráticos latinoamericanos y caribeños? ¿Ya perdieron la capacidad de indignarse ante la opresión, ante la prepotencia y ante la injusticia? ¿Solo se gobierna con tácticas menores e intereses mezquinos? ¿Los principios no importan más? ¿Dónde quedó el sentimiento trágico de la política?

No es de extrañar, en medio de este panorama, que cada tanto emerja en estas sociedades el reclamo de los “indignados” de acá: “que se vayan todos”. Porque, como dijo alguna vez Desmond Tutu —y Almagro lo recoge en su documento—, “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

En el Apocalipsis, Jesucristo les habla así a los indiferentes: “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Así, puesto que eres tibio, y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca”.

Los tibios gobiernos de la OEA no están dando la talla. Han elegido el lado del opresor.