A pedido del Poder Ejecutivo ante las presiones de un Foro de la OCDE, el Senado pone a votación tratado tributario con Argentina

Exactamente un año atrás, a fines de octubre de 2011, el Foro Global había hecho público un informe con cuestionamientos que le impidieron a Uruguay pasar de fase y lo expusieron, según el gobierno, a eventuales represalias económicas por parte de los más de 100 países que integran ese ámbito (ver Búsqueda Nº 1.676).

En el curso de los últimos tres años “las autoridades uruguayas han tomado una serie de acciones importantes para responder a las recomendaciones”, se remarca en el documento. Menciona entre ellas la ampliación de la red de acuerdos para la cesión de información tributaria incluyendo a socios “relevantes”, como Argentina, y otras tendientes a asegurar la disponibilidad de datos sobre la propiedad en empresas extranjeras que funcionan en el país, la identificación de los dueños de acciones al portador y de información contable adecuada para todas las entidades.

El nuevo informe difundido por el Foro Global evalúa punto por punto las recomendaciones hechas y su cumplimiento. En general, señala que las medidas tomadas pusieron “en su lugar” el marco normativo uruguayo y en otros casos a ese comentario se adicionan recomendaciones. Dicha aprobación con salvedades aplica para el acceso a la información bancaria, que debe operar “independientemente del período al que se refiera” (en alusión a la limitación que se estableció por decreto de habilitar la difusión de datos pero con posterioridad al 2 de enero de 2011); a los “derechos y salvaguardas” de los contribuyentes de modo que no supongan una restricción a la obtención de datos tributarios; y a la puesta en vigencia de los acuerdos bilaterales suscritos. “Uruguay debe dar los pasos necesarios que le correspondan para conseguir que cada uno de los tratados firmados entren en vigor lo antes posible”, insta el Foro en el informe.

Sin “oportunismo”

En línea con ese reclamo, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, pidió al Parlamento que dé un rápido tratamiento al texto negociado con Argentina.

“Esperamos que nuestros legisladores lo aprueben lo antes posible. Este acuerdo firmado con Argentina tiene que ser comprendido sin ningún oportunismo. Que no aparezcan las voces que digan que ‘bueno, ahora que pasamos a la fase 2, no lo aprobamos’ y dilatemos su aprobación”, dijo ese jerarca en declaraciones publicadas en la edición de octubre de la revista “Ciudades”, que publica la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. “Ello sería un acto muy pernicioso para el país”, agregó.

El acuerdo fue firmado en abril por el propio Lorenzo y el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, Ricardo Echegaray. Pero mientras en ese país ya fue ratificado por el Congreso, en Uruguay quedó a consideración de los legisladores desde el 27 de julio sin que hasta ahora hubiese un pronunciamiento.

Algunos sectores de la oposición política ya adelantaron que votarán en contra. Pero en función de la premura que pidió el ministro de Economía y sus asesores, el Senado someterá a votación el texto en una sesión plenaria prevista para el próximo miércoles 7, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.

El tratado reglamenta el procedimiento para que la administración tributaria de cada país pueda cursar pedidos de datos sobre contribuyentes específicos, y la forma y plazos en que será respondido, entre otros aspectos. En la AFIP se considera que el acuerdo permitirá investigar a empresas y particulares argentinos por negocios e inversiones no declarados en Uruguay.

Algunos países económicamente más avanzados nucleados en el llamado Grupo de los 20 —entre los que está Argentina— promovieron en los años recientes un combate frontal a la evasión tributaria internacional. Con ese mandato la OCDE y su Foro Global han desarrollado estándares normativos en favor de la transparencia fiscal.

En la reunión efectuada en Ciudad del Cabo también fue aprobado un reporte de evaluación sobre Argentina. Se trata de una “jurisdicción con alta transparencia tributaria, tanto por la normativa existente como así también por la efectiva práctica del intercambio de información”, concluyó el Foro Global, según indicó la AFIP en un comunicado publicado el 26 de octubre bajo el título “Argentina, uno de los países más transparentes del mundo”.

A la guerra con alfiler

Un aspecto del tratado con Argentina que inquieta a legisladores de la oposición y también a operadores inmobiliarios es el posible uso retroactivo del mismo.

El texto prevé su entrada en vigor 30 días después de recibida la última notificación del cumplimiento de los procedimientos previstos en sus respectivas legislaciones.

El pasado martes 30 de octubre, en una discusión del asunto en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, el colorado Ope Pasquet alertó sobre el posible “uso retroactivo de la información que se obtenga” por parte de la AFIP. Y ese senador agregó: “Es muy difícil precisarlos y hacer que las preocupaciones que podamos tener respecto de estas situaciones cristalicen en normas jurídicas, pero lo cierto es que en este tratado no hay norma alguna que impida esos uso de la información para investigar situaciones, actos o períodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia” del acuerdo.

El senador oficialista Enrique Rubio tomó la palabra para aclarar que si a juicio de Uruguay “llegara a producirse la distorsión de finalidades y cometidos del tratado para dar alcances que perjudican notoriamente a ciudadanos argentinos que tienen inversiones” en el país, quedará planteada una “situación política que no es resoluble por el texto del tratado” y podría ameritar su denuncia.

El mismo martes la Comisión de Asuntos Internacionales recibió a una delegación de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay. Su presidente, Gabriel Conde, se refirió también al tema de la retroactividad. Dijo que el problema se podría presentar cuando la AFIP pida la información de un argentino y los datos “arrojen que tiene tres inmuebles en el Uruguay; será obvio que no los compró ese mismo día. Por lo tanto, para la AFIP será muy fácil conseguir la información registral que le permita saber desde cuándo tiene esos inmuebles y así cobrarle (los impuestos por) los últimos cinco años”.

Alfredo Tortorrela, integrante de la misma gremial empresarial, opinó que el tratado de intercambio de información tributaria “siembra un desvío para la inversión extranjera” en Uruguay.

Contó que esta semana fue convocado a disertar sobre inversiones en la región en un congreso internacional en la ciudad argentina de Mendoza. “Hace un año hubiera defendido al país (Uruguay) con mucho entusiasmo, pero ahora veo que realmente la seguridad jurídica, la apertura y el aplauso que antes se les daba a los inversores ahora pasa por ponerles una cáscara de banana. (...) La verdad es que me voy a la guerra con un alfiler”, se lamentó, y pidió proteger la “credibilidad internacional” que tiene el país.