Basándose en “quejas” y “denuncias de viticultores y bodegueros”, el senador del Partido Nacional Jorge Saravia realizó un pedido de informes al Ministerio de Ganadería (MGAP) dirigido al Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), fechado el martes 11, vinculado a una serie de temas, como los gastos de ese organismo en publicidad, en viajes al exterior, en hoteles, además de los balances contables de los últimos cinco años y la situación de las deudas generadas por operativos de fomento a la exportación de vinos y a la distribución de jugos de uva en escuelas, entre otros.
Así lo señaló Saravia a Campo, diciendo que también “preocupa” a empresarios del sector la decisión del Inavi de gastar “miles de dólares” para construir un nuevo edificio “inteligente”, cerca del cruce de las Rutas 9 y 48, en la entrada de la ciudad de Las Piedras, en momentos en que se redujo la producción y las ventas del rubro vitivinícola. Ese organismo pagó unos U$S 300.000 por el terreno el año pasado, dijeron productores vitícolas.
Consultado por Campo el presidente del Inavi, José Lez, reconoció que presentó “una idea (de la nueva sede para ese organismo) al directorio, que lo está estudiando”, pero que” todavía no está concretado” (ver recuadro).
Ese legislador dijo recibir “permanentes comentarios” sobre el cierre de bodegas y la disminución de la cantidad de viñedos en producción, por lo que solicitó al MGAP datos de las “bajas” de ese tipo de emprendimientos de los últimos años.
“Sigo sosteniendo que están desapareciendo bodegas, cuando Inavi dice que no, hay productores que dicen que si”, enfatizó.
En la última década hubo una menor actividad en el sector que llevó a un recorte en la cantidad de viñedos (28%), en la superficie plantada (11%) y en la produccion de uvas (24%), según datos del Inavi (ver Campo Nº45). Y el número de bodegas operativas bajó de 268 a 195 entre 2005 y 2014. Hace 20 años funcionaban 404 bodegas en Uruguay que producían entre 80 millones y 100 millones de litros de vinos.
Varios de los asuntos planteados en el pedido de informes aluden a posibles desacuerdos de algunas gremiales que integran el directorio del Inavi respecto a algunas determinaciones que adoptó el presidente de ese organismo. Inclusive, hay cuestionamientos por haber tomado algunas decisiones sin haber tratado los temas en esa instancia directiva, como la de que Uruguay sea sede del próximo Congreso Internacional de la Viña y el Vino en 2018, comentaron empresarios del sector.
En la Asamblea de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, realizada en julio en Alemania, el MGAP con el apoyo de Inavi presentó la candidatura para organizar el congreso considerando que el mismo será “una oportunidad para que el sector vitivinícola mundial constate la evolución de la vitivinicultura de Uruguay en estas dos décadas”, según un comunicado divulgado en el sitio web de ese organismo.
Saravia solicitó los balances del Inavi y pidió conocer si estos fueron aprobados o no por cada uno de los integrantes del directorio, tres del Poder Ejecutivo (Ministerios de Ganadería, de Industria y de Economía), dos del Centro de Bodegueros, dos de la Asociación Nacional de Bodegueros, tres del Centro de Viticultores y dos de la Organización Nacional de Vinicultores.
Saravia dijo que el año pasado, siendo presidente de la Comisión de Ganadería del Senado, formuló un pedido similar pero no obtuvo respuesta del Inavi, y que ahora insistió con ese trámite, tras mantener reuniones con productores y bodegueros que se quejan, entre otras cosas, de gastos “excesivos” en viajes y en publicidad “que no dieron resultado, en un sector que viene en caída libre”.
El legislador pidió datos sobre los gastos de viajes al exterior realizados por las autoridades de los últimos cuatro años, cantidad de viajes, objetivos y concreciones de los mismos, además de información de los gastos de representación en Uruguay, en hoteles y restaurantes, motivo y copia de las facturas de los últimos tres años.
“Los delegados de las bodegas representan cierto sector pero no a todos los productores de vinos y a veces, los temas que se tratan en las discusiones internas del directorio no llegan a los integrantes de las gremiales”, sostuvo.
En el pedido solicitó información sobre la situación actual de la deuda de operativos organizados por el Ministerio de Ganadería, el Centro de Viticultores de Uruguay (CVU) y el Inavi entre 2010 y 2012, y el negocio “jugo de uva en escuelas”, a cargo del MGAP, la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP), el CVU y el Inavi de 2012, especificando ingresos, egresos y reembolsos, así como el detalle de los costos operativos en fletes, servicios, insumos y distribución. Mediante un convenio firmado entre esas instituciones en noviembre de 2012, el MGAP articuló ese plan de negocios, por el cual ANEP se comprometió a comprar hasta 600.000 litros de jugo de uva por un monto de hasta U$S 600.000.
El legislador recordó que el pedido está amparado por el artículo 118 de la Constitución de la República, que establece esa potestad y dispone que si la institución específica no facilitare los informes dentro del plazo previsto en la ley (de 20 a 90 días) el senador podrá solicitarlos por intermedio de la Cámara a la que pertenece.
José Lez adelantó que responderá a “todo”
“Sí, vamos a responder todo, como corresponde al informe, que fue presentado por un representante del Poder Legislativo que tiene todo el derecho a hacer las preguntas”, dijo a Campo el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), José Lez, consultado sobre el pedido formulado por el senador blanco Jorge Saravia.
Ese jerarca se encontraba en la Expo Milán para participar en la celebración del día de Uruguay el martes 25.
En lo que se refiere a balances y presupuestos, expresó: “Para eso tenemos a la Auditoría Interna de la Nación, que es nuestro auditor principal”.
Respecto a las deudas correspondientes a los operativos de producción y exportación de vinos articulados entre el Ministerio de Ganadería, el Centro de Viticultores y el Inavi, Lez señaló que esos proyectos tienen la particularidad de que se llevan adelante con el Poder Ejecutivo. “Y nosostros somos los veedores y seguidores”, agregó. Eso tiene un informe que va al MGAP, que también le hace un seguimiento,
“Sí, los resultados todavía no están cerrando y obviamente quedan deudas y números por cerrar”, reconoció. Pero dijo no recordar el monto específico adeudado.
En cuanto al plan para instalar una nueva sede para el Inavi, Lez argumentó que el actual edificio es alquilado y que necesita una actualización por los años que tiene. Se pagan unos U$S 60.000 de alquiler al año, estimó.
Fuentes del sector indicaron que ese organismo prevé tomar un préstamo de U$S 2 millones del Banco República para construir esa obra.
Sobre eso “todavía no hay nada decidido”, dijo el titular del organismo. Acotó que “sin duda que no hay posibilidades” de hacerlo sin pedir un crédito.
Lez reconoció que el terreno fue comprado con fondos de ese instituto.
