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La ley que entre otras cosas promueve la sustitución del dinero en efectivo por medios electrónicos de pago fue “exitosa”, ya que la sociedad uruguaya “comenzó a naturalizar” el uso de la tarjeta de débito y los comercios incrementaron de forma significativa la aceptación de estos instrumentos, según un documento interno a estudio de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU). La inclusión financiera contribuye a mejorar la estabilidad financiera, los niveles de formalización de la economía y a democratizar el acceso a los servicios financieros de personas, hogares y empresas que se encuentran excluidos del sistema, agrega.
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El tema era una reivindicación planteada por AEBU ya en 2005, se recuerda en el documento. Añade que se debe profundizar aún más en la inclusión financiera a través de mecanismos que incentiven a los usuarios a aprovechar al máximo las ventajas que supone la ley, y plantea varias acciones posibles. Por un lado, reimplantar el descuento de cuatro puntos de IVA para los pagos con débito que rigió por un año desde agosto de 2014, y luego fue abatido en un punto según lo previsto en la ley (y lo hará otro más en agosto de 2016, para quedar el beneficio definitivamente en dos). Ese estímulo permitiría que los actuales usuarios de tarjetas de débito “afiancen su preferencia por utilizarlas”, y también que las personas que tendrán un “plástico” por primera vez a partir de la obligación de que sus haberes se abonen por cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico, puedan gozar del mismo beneficio que ya tuvieron quienes poseían una tarjeta antes de que dicha obligación entrara en vigor, se alega.
Otra idea sugerida en el documento es continuar rebajando los aranceles que recaen sobre los comercios por las ventas realizadas con tarjeta, de forma de llegar a un nivel de 1,5% para el caso de los débitos.
Actualmente, dicho arancel se ubica en 2,5%, pero el Poder Ejecutivo anunció una baja a 2,35% a partir del 1º de enero de 2016, y a 2,20% desde el 1º de julio de 2016.
AEBU también aboga por que se rebajen los aranceles para las tarjetas de crédito (hoy en 4,5% por ventas al contado y 4,9% en cuotas).
Asimismo, en el documento interno se señala que deben reducirse los costos a los comercios por el arrendamiento de los equipos utilizados para registrar las operaciones con tarjetas (conocidos por la sigla POS). Con eso se apunta a que las rebajas que se instrumenten no provengan solo de subsidios otorgados por el Estado, alega el sindicato.