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Aunque los detalles todavía no se conocen, el anuncio de que el Poder Ejecutivo propondrá una segunda puerta de salida de las administradoras de ahorro previsional (AFAP) para un colectivo de trabajadores que hoy ronda los 50 años, pareció contentar a todos.
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A los afectados, respaldados por organizaciones sociales como el PIT-CNT, porque entendían que se verían perjudicados al haber sido forzados por la reforma de 1996 a aportar a las AFAP, que si hubieran permanecido solo en el Banco de Previsión Social (BPS). A la administración de Tabaré Vázquez, porque despeja de la agenda pública los reclamos y movilizaciones de ese grupo; a la vez, la fórmula supondría llevar dinero desde las AFAP al BPS, lo que bajaría el déficit a corto plazo de ese instituto previsional (aunque este aspecto no fue explicitado).
El próximo envío de un proyecto de ley fue anunciado el lunes 19 por Vázquez, tras un Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva (frente a la cual se manifestaban algunos “cincuentones”). Un equipo gubernamental trabajará dos semanas en la redacción.
Los “cincuentones” (hoy con entre 51 y 59 años) son trabajadores que fueron obligados por la ley 16.713 a afiliarse a una AFAP. Con esa reforma de 1996, además de crearse las AFAP, se modificó la escala de aportes: antes se aportaba un porcentaje de la totalidad del sueldo para la jubilación; hoy, desde los $ 146.859 nominales no existe la obligación de aportar (el tope era de $ 15.000 en 1996). Así, al acercarse a la edad de retiro ese colectivo encontró diferencias entre las pasividades a cobrar y las que hubiera ganado de haberse mantenido aportando al pilar del BPS. Varios presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que falló en su contra en mayo (Búsqueda Nº 1.917).
Dentro del Poder Ejecutivo el problema de los “cincuentones” tenía varios encares posibles, teniendo en cuenta también sus efectos fiscales.
“Nos sentimos totalmente comprendidos y superados en el buen sentido por la respuesta del Ejecutivo”, dijo a Búsqueda el titular de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.
Su cartera estima que la iniciativa seguirá la tónica de la ley de desafiliaciones aprobada en 2014 (19.162). De ser así, se brindará una solución para un entorno de 30.000 afectados por el sistema mixto, “independientemente de si se incluyen o no los ya jubilados, que no mueven la aguja”, acotó el jerarca. Según un estudio de 2016 realizado por el BPS, el colectivo sería de entre 22.860 y 41.163 personas.
“Más motivados”.
Hasta 2016 las desafiliaciones de las AFAP se dieron a un ritmo de 1.000 personas al año, pero en lo que va de 2017 solo salió una. Totalizaron 3.158 (también hubo casi 12.000 trabajadores que revirtieron la opción de ingresar voluntariamente al sistema al amparo del artículo 8 de la ley de reforma), según datos oficiales.
El gobierno del presidente José Mujica sostenía que la ley 19.162 beneficiaría a 150.000 personas de forma inmediata (los afiliados son unos 1,3 millones). Dicha norma permitió a quienes tengan entre 40 y 50 años la opción de salir de su AFAP y regresar al BPS, si habían entrado voluntariamente. Antes de tomar la decisión se debía realizar un asesoramiento obligatorio en el BPS y, si les convenía, posteriormente el dinero de su cuenta personal en la administradora se transfería al sistema de solidaridad. Así, en 2014 el BPS tuvo un ingreso de US$ 130 millones que le permitió abatir su déficit (fue de US$ 30 millones, casi US$ 121 millones menos que el año anterior).
Desde el PIT-CNT se entiende que la nueva ley anunciada para los “cincuentones” tendrá una respuesta “mucho mayor” que la primera, y que se requerirá más asesoramiento. Ramón Ruiz, director en representación de los trabajadores en el directorio del BPS, pidió el miércoles 28 un análisis detallado de cómo se ha brindado ese servicio hasta ahora.
“Va a haber otro tipo de motivación, mucho mayor por el ruido que hizo el tema. Esperamos que el universo sea acotado a la realidad. Un proyecto para todos los mayores de 50 años, obligados a entrar en el sistema y con alguna otra condicionante que acote más”, señaló a Búsqueda.
El BPS estima que el caudal de dinero que puede volver al sistema de solidaridad intergeneracional por los “cincuentones” estará entre US$ 895 millones y US$ 1.440 millones. La representación de los empresarios en ese organismo había propuesto estructurar un fideicomiso para impedir que los fondos financiaran el déficit estatal.
