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Un viaducto de poco más de un kilómetro es la transformación principal que generará en la rambla portuaria un proyecto que nació en 2016 como producto de un trabajo de consultoría de la empresa Iceacsa. El plan, que tiene el propósito de agilizar el acceso de camiones y trenes al puerto de Montevideo y que se volvió más urgente con el anuncio de la posibilidad de una segunda planta de celulosa de UPM, dará el próximo mes un paso fundamental hacia su concreción.
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El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, informó a Búsqueda que fijaron el 23 de mayo como fecha de apertura de la licitación de la obra. En esa competencia, las empresas Saceem y Grinor tendrán una ventaja sobre sus competidores por ser dueñas del proyecto de iniciativa privada que el gobierno tomó como referencia.
La obra fue uno de los puntos centrales de la sesión del pasado miércoles 18 en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Para tratar varios temas portuarios, ese día los legisladores recibieron al Directorio de la ANP y al ministro de Transporte, Víctor Rossi.
En la reunión, el diputado del Partido Nacional, Juan José Olaizola, opinó que la obra del viaducto “está ajena” a las competencias de la ANP y que viola el artículo 190 de la Constitución de la República. Allí se establece que los entes autónomos y los servicios descentralizados no pueden “realizar negocios extraños al giro que perceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”.
Aunque la rambla portuaria está bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte, Díaz aseguró a Búsqueda que administrativamente el tema está “saldado”, ya que el ministerio cedió a la ANP la potestad de hacer la obra. Lo que permanece, señaló, es el debate conceptual de si está bien o está mal. “Para nosotros está bien”, afirmó.
El jerarca desarrolló su posición ante los diputados que integran la Comisión de Transporte. Allí explicó que la visión de la ANP es que existe responsabilidad de las autoridades portuarias en la conectividad terrestre (vías y carreteras) de los puertos. Señaló el caso de España, como un ejemplo que practica ese mismo camino.
“Nosotros no nos sentimos ajenos. Esta obra tiene que ver con el puerto”, afirmó Díaz.
El ministro Rossi estimó su costo entre los US$ 130 y US$ 140 millones. Según dijo, la ANP pagará la mayor parte con “recursos propios que su economía le permite”. Además, tienen un acuerdo “ya negociado” con el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) para el financiamiento de US$ 50 millones del proyecto.
Fonplata fue creado en la década de los 70 por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El préstamo, indicó Rossi, “está autorizado por el Ministerio de Economía” y “se va a absorber con las transferencias que históricamente la ANP realiza a la economía central”.
Olaizola también planteó en la sesión su preocupación por la situación financiera del organismo que, además de la obra del viaducto, está llevando adelante otros proyectos de infraestructura portuaria que estimó en unos US$ 500 millones. Con ese escenario se preguntó si la ANP “realmente tiene la espalda para soportar esos gastos o si supondrá en los próximos años una desfinanciación del organismo”.
Díaz y Rossi le transmitieron que el plan de inversiones contaba con el aval del Ministerio de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
En plazo.
Una de las obras más importantes en el plan de inversiones de la ANP es la del puerto pesquero en Capurro, cuyo costo está estimado en unos US$ 90 millones. Pese a que su origen se remonta al primer gobierno del Frente Amplio, la obra aún no logró concretarse.
A fines del año pasado, el proyecto que ya estaba adjudicado al consorcio Teyma-Chediak-Lavigne pareció desmoronarse. En noviembre, el gobierno resolvió rescindir la adjudicación y ejecutar las garantías que establecía el contrato ante una serie de incumplimientos de las empresas.
Apenas 11 días más tarde, sin embargo, la ANP decidió dejar en suspenso la rescisión hasta el 1º de marzo con el requisito de que el consorcio presentara una nota manifestando su “voluntad inequívoca de cumplir” con el contrato (Búsqueda Nº 1.950).
En la sesión de la Comisión de Transporte, Díaz informó que tras una nueva prórroga a ese plazo y negociaciones “orientadas al cumplimiento”, el consorcio presentó un proyecto con modificaciones. Díaz dijo a Búsqueda que una comisión técnica de la ANP estudiará el trabajo para tomar una decisión definitiva respecto a la suspensión de la rescisión.
De todos modos, dijo que la gerencia y la subgerencia del organismo siguieron de cerca el proceso para evitar que el planteo del consorcio desembocara otra vez en un rechazo.
“Preocupa mucho”.
Rossi compartió con los diputados de la Comisión de Transporte su posición respecto al artículo 116 de la pasada Rendición de Cuentas que obliga a las empresas portuarias a asegurarle a su personal un mínimo de 13 jornales. El jerarca reconoció que le “preocupa mucho” la medida, cuya aplicación está en suspenso mientras se procesa una negociación en el Ministerio de Trabajo.
Rossi cree que las consecuencias del artículo “se van a expresar” en los portones del puerto de Montevideo. “No lo inventamos, no lo promovimos y tratamos de no alentar a que se recorriera este camino, pero hoy es una realidad”, dijo sobre la discusión previa. De todos modos, aseguró que coincide con el espíritu de la norma porque la situación de desprotección de los trabajadores eventuales del puerto “no está a la altura del tiempo que vivimos y mucho menos de las economías que se mueven”.
“Si no es este artículo, busquemos el que pueda resolver esto”, alentó.