En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Abogados de oficio pelean por su autonomía, mientras evalúan acudir a organismos internacionales a denunciar situación “crítica”
Aunque crece el consenso sobre la necesidad de dar mayor independencia a la Defensa Pública, la institución no obtuvo más recursos ni cargos en el proyecto de Rendición de Cuentas
Los defensores de oficio no eran demasiado visibles en el debate público. Solían mantener un perfil bajo, secundario, opacados por el protagonismo de jueces y fiscales. Pero desde hace unos años eso empezó a cambiar y ahora su voz aparece cada vez con más frecuencia en los medios y las redes sociales. Incluso desde la Asociación de Defensores de Oficio (Adepu) propiciaron una amplia discusión pública sobre los excesos en la actuación de la Policía, tras denunciar reiteradas situaciones irregulares en operativos y detenciones. Hoy, convencidos de que tienen un rol fundamental en la protección de los más débiles, dicen que están dispuestos a acudir a los organismos internacionales para hacerse escuchar.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Es que pese a que parece haber un mayor consenso sobre la necesidad de que la Defensoría, que hoy funciona bajo la órbita del Poder Judicial, se fortalezca y se convierta en una institución autónoma, por ahora no hay señales que apunten a ello. Al menos no desde lo presupuestal.
“Nos llamó la atención que no nos dieran nada en la Rendición de Cuentas”, dijo a Búsqueda el presidente de Adepu, Joaquín Gamba. “Es bastante inentendible cómo el poder político sigue olvidándose de la Defensa Pública”, añadió.
“Últimamente empezamos a ver un consenso en la academia, con profesores muy destacados fundamentando por qué es importante la independencia de la Defensoría, y también vemos al sistema político más interesado en nuestro trabajo”, dijo la abogada Carolina Camilo, y añadió que, sin embargo, eso no se vio reflejado en el proyecto de Rendición del gobierno.
La ausencia de recursos extra para fortalecer a la Defensoría ocurre al tiempo que se prevén fondos para crear nuevos cargos de fiscales. Los abogados públicos entienden que así se sigue fortaleciendo a una de las partes en el proceso penal —la acusadora—, en detrimento de la parte defensora. “En el sistema acusatorio penal uno de los principios básicos es la igualdad entre la Fiscalía y la defensa. Pero a la Defensa Pública no se le dieron los recursos técnicos para investigar, por ejemplo. No tiene psicólogos, peritos, nada. Entonces no está en igualdad de condiciones con la Fiscalía, y se sigue acrecentando esa desigualdad con nuevos cargos para fiscales y técnicos. No nos oponemos a eso, pero pretendemos que se creen también los cargos para la contraparte, mínimamente. Es como que se olvidan”, reprochó Gamba. La Defensoría Pública cumple un rol clave en la Justicia penal porque asiste a más del 90% de las personas investigadas.
“Los parlamentarios piensan que nunca van a estar asistidos por defensores públicos. Si no, uno no puede entender cómo se siguen ampliando estas diferencias entre las dos partes”, añadió.
En un comunicado que divulgará hoy jueves, al que accedió Búsqueda, Adepu expresa su “preocupación” ante la ausencia de mayor presupuesto para la Defensoría y el Poder Judicial en su conjunto, y señala que eso es un “indicador infalible para conocer el verdadero compromiso del Estado uruguayo con el derecho de acceso a la Justicia”.
“Hemos denunciado en reiteradas oportunidades las carencias institucionales y presupuestales que se vienen arrastrando y acrecentando en los últimos años a consecuencia de grandes reformas legislativas” que han supuesto un aumento del trabajo de los defensores de oficio, pero “no han sido acompañadas por el presupuesto para garantizar un servicio mínimo de calidad”, reprocha la asociación. “La deuda del sistema político con la Defensa Pública es innegable”.
En su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, que tiene a estudio el proyecto de Rendición de Cuentas, Camilo planteó que hay “solo 285” defensores públicos en el país para asistir a más de 200.000 consultas por año. “Esto hace que, obviamente, la Defensoría pública se encuentre en una situación crítica” y que el servicio que se brinde sea “nefasto”. Insistió en que “básicamente” lo que piden son “más cargos”.
En diálogo con Búsqueda, Gamba dijo que si en la discusión parlamentaria de la Rendición no tienen éxito, evalúan acudir a organismos internacionales, como los comités de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, a denunciar al Estado uruguayo por no garantizar las condiciones mínimas de acceso a la defensa.
Autonomía
Más allá del reclamo por recursos, hay una discusión que es más de fondo, y que tiene que ver con la ubicación institucional de la Defensoría. Hoy forma parte del Poder Judicial y está sujeta a la jerarquía de la Suprema Corte de Justicia, pero cada vez cobra más fuerza la idea de que debería ser una organismo autónomo e independiente.
“Pensamos que la Defensoría debería ser un servicio descentralizado, espejo de la Fiscalía. Eso permitiría tener una organización propia, recursos propios y una planificación desde una política pública de acceso a la Justicia”, dijo Camilo. Los defensores también cuestionan la conveniencia de estar sujetos a la autoridad de la Corte y a la evaluación de los jueces cuando ellos en los procesos muchas veces confrontan las decisiones judiciales. “Tenemos intereses contrapuestos, roles diferentes”, explicó la abogada.
Esa idea llegó a plasmarse en un anteproyecto de ley en 2015, pero no prosperó ante la posición de la Corte de que era inconstitucional.
Ahora el senador del Frente Amplio Charles Carrera tiene previsto volver a llevar el tema al Parlamento. Un proyecto de ley que planea presentar a principios de agosto, a cuyo borrador accedió Búsqueda, establece la transformación de la Defensa Pública en un servicio descentralizado. “Necesitamos, de una vez por todas, posicionar a los defensores públicos en el lugar que se merecen”, escribió el legislador en una columna publicada en abril en la diaria. “¿Debe seguir siendo la Defensoría Pública un servicio dentro del Poder Judicial, o debería crearse un organismo independiente con su propio presupuesto?”, planteó.
Otras voces se han sumado recientemente a apoyar la necesidad de un cambio institucional. Durante una actividad académica organizada por Adepu y el Centro de Estudiantes de Derecho de la facultad estatal, el exfiscal de Corte Jorge Díaz, que impulsó la creación de la Fiscalía como servicio descentralizado, se mostró a favor de recorrer un camino similar con la Defensoría.
“La receta más eficaz para incentivar un mejor trabajo de la Fiscalía —y una mayor calidad de las investigaciones policiales— es el fortalecimiento y la autonomía de la Defensa Pública”, escribió esta semana en su Twitter el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Mario Spangenberg. “Me alegra que, poco a poco, se vaya generando opinión sobre la necesidad de independencia de la Defensoría Pública y del Instituto Técnico Forense. Es algo que desde la academia venimos pidiendo hace años”, tuiteó días antes el abogado y docente de la Universidad de Montevideo Santiago Pereira Campos.
Incluso en la propia Suprema Corte de Justicia hay posiciones favorables a la reforma institucional. Aunque aclaró que se trataba de una opinión personal, el presidente de la Corte, John Pérez Brignani, dijo en el Parlamento la semana pasada —tal como informó El Observador— que a su juicio “no existe ningún impedimento constitucional ni legal que impida que sea un organismo descentralizado igual que la Fiscalía”.
