La reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que entró en vigencia a fines de 2017 implicó un cambio radical en el funcionamiento de la Justicia criminal y desafió a abogados, jueces y fiscales. Cambios que se hicieron sobre la marcha y disparidad de criterios entre los operadores complejizaron más la adaptación a las nuevas reglas.
Además, el nuevo régimen, con audiencias abiertas al público, aumentó la publicidad de los procesos penales y con ello la exposición de fiscales y defensores. Esa exposición no facilitó el trabajo de los abogados penales, que, como defienden a presuntos criminales —ladrones, abusadores sexuales, estafadores—, son frecuentemente blanco de críticas en las redes sociales.
Todos esos factores terminaron por impulsar la concreción de una vieja aspiración de algunos abogados que trabajan en el área penal: la de tener una asociación propia.
El sábado 29 de agosto se creó formalmente la Asociación de Abogados Penalistas (AAP). En una asamblea ese día se aprobaron sus estatutos, que en las próximas semanas se presentarán ante el Ministerio de Educación y Cultura para obtener la personería jurídica.
La asociación tiene por el momento unos 60 abogados afiliados. Su junta directiva —provisoria, hasta que se realicen elecciones en diciembre— la integran los abogados Juan Fagúndez, Gúmer Pérez, Homero Guerrero, Laura Robatto, Eduardo Sassón, Daiana Abracinskas y Juan Carlos Fernández Lecchini, entre otros.
Sus principales objetivos serán, de acuerdo con sus estatutos, “proteger al abogado penalista en el ejercicio de su funcio´n”, “defender los derechos e intereses de la profesio´n ante todas las instituciones relacionadas” con su ejercicio, “defender la dignidad e integridad de la profesio´n” y “velar por el cumplimiento de sus principios éticos”, “propender al perfeccionamiento del sistema de Justicia penal”, “fomentar la investigación” en la materia penal y “promover y estudiar” leyes, jurisprudencia y doctrina sobre Derecho Penal y Procesal Penal.
La nueva asociación se inspira en los principios de que la actuacio´n penal es “una garanti´a fundamental del proceso penal en un Estado de derecho” y que el patrocinio penal debe darse “en te´rminos de igualdad procesal con el Ministerio Pu´blico”. Entre los requisitos para afiliarse figuran el tener título de abogado, ejercer la actividad penal o la docencia en el área, y para solicitar la asociación será necesario ser presentado, al menos, por dos asociados.
Tendrá un Comité Científico y un Tribunal de Honor y se financiará con la cuota que paguen sus asociados y los patrocinios o donaciones que pueda recibir. Todos los cargos electivos que se ejerzan dentro de la asociación tendrán carácter honorario.
“Esto se estaba tratando de lograr desde hace 40 años. Siempre hubo una necesidad, por la especificidad de la materia, de reunirse”, dijo a Búsqueda el abogado Fagúndez. “Y se concreta ahora porque, si bien con el CPP viejo había muchas dudas, el nuevo ha generado muchas inquietudes y nos parecía que lo mejor era tratar de lograr de una vez por todas una asociación propia”, afirmó. “El objetivo es llevar a cabo nuestro trabajo de una manera digna y solucionar los problemas que se puedan presentar en el ejercicio de la profesión”, añadió.
“Se trata de reivindicar los derechos del ejercicio de la materia penal en un mundo hoy cada vez más complejo”, agregó por su parte Pérez, quien señaló la exposición cada vez mayor a la que se enfrentan los defensores penales. “Las críticas en las redes sociales y la difusión de los procesos antes de que culminen los juicios hacen más difícil la labor del abogado”, afirmó. Además, dijo, la sociedad suele “mimetizar al abogado con su defendido”, y no entiende que está “cumpliendo un rol en el proceso”, más allá de la gravedad del crimen que su cliente pudo haber cometido. “Queremos dignificar la profesión del abogado y no quedar como los malos de la película”.
“La idea de asociarnos es para tener más fuerza en el ejercicio de la abogacía. Las inquietudes ahora las podemos evacuar entre todos. La idea es tratar de construir y acercarnos a los distintos sujetos que cumplen un rol en la Justicia penal, como los fiscales, los defensores públicos y los jueces”, acotó Sassón.
Así como esos operadores tienen sus propias asociaciones, los abogados penales consideran que podrán fortalecer su visión uniéndose en una agrupación propia, lo que les permitirá posicionarse en un “plano de igualdad”.
“No es para confrontar con la Fiscalía ni con los otros actores del proceso penal, sino para construir y lograr un sistema más garantista para todas las partes”, añadió Sassón. “Así agrupados podemos tener mucha más influencia en la solicitud de respeto a las garantías del debido proceso en el ejercicio de la defensa técnica”.
También mencionó la intención de “proteger a los colegas que se exponen en el ejercicio de la profesión, para que tengan un respaldo mayor”.
“Claramente, la gran mayoría de la sociedad tiende a asociar al abogado defensor con el cliente. Se ha criticado la moral del abogado cuando cumple un rol que está reglado en el marco de un proceso”, agregó.
La asociación también buscará contribuir desde el punto de vista académico y tener una mayor influencia en el ámbito legislativo, dijo Sassón.
Los abogados explicaron que, si bien no descartan en un futuro trabajar en conjunto con el Colegio de Abogados —asociación que nuclea a los defensores de todas las materias—, consideran que era necesario inicialmente crear un espacio propio, debido a la “especificidad” del área penal.
“No se contrapone con el colegio”, dijo Fagúndez, quien está afiliado a esa organización. “Quizás en el futuro las inquietudes se puedan incluso canalizar a través del colegio si la asociación lo define así. Esto no busca dividir, todo lo contrario. Busca coexistir y coadyuvar, viene a sumar. Con el mismo objetivo de que el ejercicio de la profesión sea digno y honesto”, afirmó.
Pérez señaló que se trata de un grupo “muy heterogéneo, que no tiene un perfil ideológico ni partidario”. También destacó la presencia de la academia, con la integración de varios profesores de las facultades de Derecho.
La sede de la asociación estará en Montevideo, pero está entre los objetivos “acercarse a los abogados del interior del país, que enfrentan las mismas o más dificultades en el ejercicio de la profesión”, indicó Sassón.
Esta semana se comunicará formalmente la creación de la AAP a la asociación de fiscales, de magistrados y de defensores públicos. Además, se enviará una comunicación a la presidencia de la Cámara de Diputados y a la del Senado.
