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Uruguay recibirá “en breve” un “embate” por parte de “los burócratas internacionales” de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un órgano independiente de Naciones Unidas, que tratarán de “presionar” al país “desde lo político y lo económico” para que cambie su política de regularización del mercado de la marihuana.
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Esa es una de las principales conclusiones a las que arriba Pablo Galain Palermo, doctor europeo en Derecho e investigador senior del Instituto Max Planck de Alemania, en un trabajo académico recientemente publicado en la revista de Derecho Penal.
Según Galain, la ley que habilita la venta de cannabis en farmacias y el autocultivo en los hogares es “muy interesante” y merece ser observada científicamente para evaluar sus resultados.
El académico señala que la norma supone un “cambio de paradigma” con respecto a la política de cannabis. “El modelo uruguayo parece constituir un sistema regulador basado en la política de reducción del daño que no renuncia al objetivo de ‘contralor social’ de los consumidores recreativos y de los consumidores compulsivos”, señala.
No obstante, advierte algunos inconvenientes con los que puede enfrentarse esta legislación.
“El control del consumidor mediante registros y bases de datos no disminuye la estigmatización que pueda rodear al uso recreativo y puede constituir un elemento negativo para el objetivo de ‘combatir’ al mercado ilegal de producción y venta de cannabis”, ya que “muchos usuarios no querrán aportar datos a los funcionarios estatales encargados de los controles administrativos”, expresa. A su juicio, esa “situación de desconfianza puede significar un aliciente para los mercaderes del crimen organizado”.
“Subsidio”.
Galain recuerda que en el modelo uruguayo el Estado “tiene el fin único de regular los procesos de producción y distribución del cannabis para combatir el mercado ilícito y reducir el daño en la salud de los consumidores”. En esa línea, el Estado puede verse incluso obligado a “subsidiar” la producción de cannabis para competir con el precio del narcotráfico. Eso puede ocasionar “la reacción inmediata de los opositores del modelo regulador”, indica el especialista.
En particular, al experto le “llama la atención” que “los primeros opositores” al modelo uruguayo sean “los principales países envueltos en la industria farmacéutica y de los productos medicinales y países que padecen el grave problema del narcotráfico conjuntamente con órganos internacionales como la JIFE, que se afilian a la política de ‘guerra al narcotráfico’”.
En otro pasaje de su trabajo, Galain profundiza en este aspecto. Indicando que la JIFE ha sido “el control burocrático más incisivo” de las críticas a Uruguay. Cuando el Parlamento discutía el proyecto, el organismo internacional advirtió en su informe anual del 2013 que esa iniciativa ponía “en grave peligro la salud pública y el bienestar de la sociedad”.
Por eso, “no es difícil vaticinar —en breve— un embate para presionar a Uruguay desde lo político y lo económico” por parte de la JIFE, opina Galain.
En el polo opuesto, a su juicio, se ubica la Organización de Estados Americanos (OEA), que “apoya la búsqueda de alternativas a la guerra contra las drogas, que tanto daño causa en la región”.
Para Galain, “el modelo uruguayo no contradice el sistema internacional de prohibición, sino que se opone directamente a quienes ‘controlan’ el mercado ilícito, que es aquel al que se ven obligados a recurrir los consumidores en sistemas en los que está permitido el consumo pero no las formas de adquisición”.
“Así las cosas, el modelo uruguayo no es totalmente legalizador, sino que es regulador y se mantiene como un modelo de prohibición que castiga a todos aquellos que actúen por fuera de la regulación estatal”, concluye.
