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La intervención de fiscales y jueces ante un inusual número de denunciantes por acoso, abusos sexuales y discriminación no tiene precedentes. En los últimos 15 meses estallaron desde ámbitos diversas denuncias en cinco hechos que colocaron al sistema judicial ante el desafío de establecer o descartar responsabilidades. Es parte de su credibilidad ante la opinión pública, pero el sistema está colapsado y sin soluciones a la vista.
En esos cinco casos las víctimas y los victimarios superan las 150 personas y debido a su variado origen la lupa del ciudadano se instaló sobre las investigaciones. Para el sistema judicial es compleja la búsqueda de pruebas, a lo que se añaden las restricciones burocráticas que impone la pandemia. Muchas declaraciones deberán realizarse por Zoom, el servicio de videoconferencia, lo que para jueces y fiscales tiene la ventaja de acortar los plazos y mantener un registro en audio y video de los interrogatorios.
De cualquier manera, el trabajo será difícil. Las fiscalías y los juzgados ya estaban desbordados por otros casos a los que se añaden estos cinco cuya investigación se desarrollará a partir del lunes 12 de abril al finalizar la feria judicial extraordinaria.
La primera denuncia tuvo lugar en el ámbito del carnaval y se realizó ante Adicapro (Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas). En 2018 una menor de edad señaló como abusador a un exdirector de carnaval que fue imputado en diciembre de 2019 por abuso sexual a menores y por mantener diálogos de contenido sexual mediante chats. Aún no tiene sentencia de condena. Formalmente es inocente hasta que una sentencia de condena quede firme. Es razonable pensar que si en un caso, dado el tiempo transcurrido, no se ha llegado a una condena, más difícil será que ocurra ante las denuncias de los cinco casos mencionados. La fiscal Silvia Lovesio dijo haber recibido casi 200 denuncias vinculadas al carnaval, a lo que se añadieron acusaciones en Instagram.
Lovesio exhortó a las víctimas a salir del anonimato para no entorpecer las investigaciones. Advirtió que cuando transcurre el tiempo se hace más difícil encontrar la verdad y hay denuncias que convierten los hechos en clandestinos. Ocurrió en el caso de dos menores jugadoras de hockey y en el de 69 diplomáticas que voluntariamente ocultaron los nombres de víctimas y victimarios y colocaron a santos y demonios en la misma bolsa.
Otro de esos cinco casos es el conocido como Operación Océano. Tiene unas 20 víctimas y 30 investigados, entre ellos profesionales universitarios y empresarios solventes. Comenzó en noviembre de 2019 por una denuncia en Maldonado y lo extendió la investigación de la fiscal Darviña Viera sobre la retribución o promesa de retribución a menores de edad por actos sexuales o eróticos y suministro de drogas. Los casos se hicieron públicos en mayo del año pasado con la imputación de cinco hombres.
Se trata de una investigación de largo aliento que ha producido duros enfrentamientos entre la fiscal Viera y los abogados de los investigados. Imposible imaginar un rápido final porque debido a la activa intervención de los abogados y sus cuestionamientos las apelaciones estarán a la orden del día y el expediente terminará en un Tribunal de Apelaciones y eventualmente en la Suprema Corte en casación.
El 10 de marzo de 2010 estalló otro asunto con numerosos involucrados. El Observador publicó una denuncia firmada por 69 diplomáticas que fue entregada a la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, quien presidió la Comisión de Género. Ache la puso en conocimiento del canciller, Francisco Bustillo, que la derivó a la Fiscalía de Corte. Las mujeres denuncian acoso sexual y verbal, discriminación laboral por maternidad y diversidad de criterios para medir capacidades. Involucran a colegas hombres y a empresarios.
El jueves 16, sin conocimiento de Ache, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto con las firmas de Bustillo y del presidente Luis Lacalle Pou que reglamenta el trabajo de la Unidad Especializada en Género, que no será una dirección y dependerá de la Dirección General de Secretaría. Ache le comunicó su malestar al Partido Colorado y al sector Ciudadanos, que integra, según informó una nota de Guillermo Draper (Búsqueda N° 2.116).
Las 69 mujeres ocultaron los nombres de víctimas y victimarios. Por su connotación penal el fiscal de Corte le remitió la denuncia a la fiscal especializada Alba Corral, que no ha intervenido debido a los anonimatos de la denuncia. Pero, insatisfecha con esa morosidad, la jueza de Familia Especializada Lilián Elhorriburu le solicitó a la Cancillería “que proporcione el nombre, domicilio y el teléfono de las mujeres que se mencionan como víctimas de violencia de género, así como la identificación de los denunciados con nombre, domicilio y teléfono”, informó El Observador.
Una vez que reciba esta información Elhorriburu se enfrentará a otro problema. Del total de las 69 firmantes casi 25% prestan funciones en Suiza, Egipto, Países Bajos, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Canadá y en organismos como la Unesco, entre otros destinos. En esos casos parece necesaria la intervención del Zoom, al igual que para interrogar a los victimarios que se encuentren a cargo de embajadas.
El más reciente de los cinco casos voluminosos es la denuncia que el 31 de marzo se presentó ante la Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped que derivará a la fiscalía de Delitos Sexuales de 6º turno a cargo de la fiscal Mariana Alfaro. La denuncia se basa en un escrito que firmaron unas 20 jugadoras y exjugadoras en el que denuncian casos de abuso, acoso sexual y violencia por parte de un entrenador de la selección uruguaya, a quien la federación apartó de su cargo.
El País informó que la denuncia surgió de una reunión que las víctimas mantuvieron en febrero con la abogada Jimena Fradl. Allí se expresó que siete años antes dos adolescentes habían sido abusadas sexualmente y que no lo denunciaron. Durante la reunión surgió la información de que otras jugadoras habían sido acosadas por el mismo entrenador mediante mensajes de texto y en redes sociales.
