Uno de esos documentos, en lo relativo al Impuesto de Primaria establece que estarán exonerados de ese tributo los propietarios de inmuebles rurales cuyos valores reales correspondientes a 2014 sean inferiores a $ 650.775, para que “no incida en la ecuación económica de los emprendimientos de menor escala”, según consta en el borrador del proyecto.
Considerando ese tope, significaría que los titulares de campos de más de 55 hectáreas deberán abonar entre U$S 0,70 y U$S 1,30 por hectárea al año, dependiendo de los valores y las tasas vigentes, indicó a Campo el especialista en asuntos tributarios de la firma Guyer & Regules, Federico Camy.
Las asociaciones de productores rurales prevén transmitir a los ministros de Ganadería, Tabaré Aguerre, y de Economía, Danilo Astori, su preocupación por el impacto negativo que puede tener esa medida en los predios de menor porte. El martes 10 y el miércoles 11, el ministro de Ganadería mantuvo reuniones con varias gremiales del sector, donde se trataron este y otros asuntos.
El titular de la Asociación Rural, Ricardo Reilly, dijo a Campo que ese gravamen significará “un costo fijo más, que le agregamos a su sistema de producción, que ya tiene complicaciones para subsistir”.
Cuestionó el “concepto erróneo” que maneja el gobierno para definir al propietario de una “gran extensión de tierra”. “Un productor ganadero con 300 hectáreas, con un ingreso neto de entre U$S 40 y U$S 50 por hectárea al año, recibe un ingreso neto para vivir y reinvertir en su negocio de unos $ 30.000 mensuales, si todo sale bien”, indicó.
Durante la primera administración del Frente Amplio (2005-2010), el Ministerio de Ganadería (MGAP) adoptó varias medidas tendientes a “tratar diferente a los productores que son diferentes”, privilegiando a las pequeñas y medianas explotaciones por encima de las grandes.
Mediante una resolución, en 2008, el MGAP estableció los requisitos que deben cumplir las personas físicas para ser consideradas productores familiares a fin de implementar políticas diferenciadas para los mismos.
Las condiciones exigidas se refieren a que el productor desarrolle su actividad en hasta 500 hectáreas bajo cualquier forma de tenencia (propiedad, arrendamiento u otras), que trabaje en colaboración de, como máximo, dos aslariados permanentes o su equivalente en jornales zafrales (500 al año), y que resida en el predio productivo o a una distancia menor a 50 kilómetros del mismo, según consta en esa norma.
En 2014, el MGAP realizó algunos cambios en esos aspectos por considerar que no se ajustan a las características de la diversidad de producciones en el agro y que muchos productores que deberían ser objeto de las políticas diferenciales del gobierno quedan fuera de la anterior definición.
“Se considera productor familiar agropecuario a toda persona que con o sin la ayuda de otros gestiona directamente una explotación y/o realiza una actividad productiva agraria que no requiere uso directo de la tierra”, determinó la resolución ministerial de febrero de 2014.
Como novedad, la resolución fijó algunas excepciones a la condición de agricultor familiar, específicamente en el caso de las producciones frutícolas, hortícolas y vitícolas, y elevó a 1.250 los jornales zafrales anuales equivalentes en la contratación de mano de obra.
Estableció, además, que los ingresos nominales familiares no generados por la explotación agropecuaria sean inferiores o iguales a 14 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) en promedio mensual, que significan $ 42.728 al valor de marzo.
Para el sector apícola la condición prevista es que cuenten como máximo con 1.000 colmenas.
Respecto al tope de 300 hectáreas previsto para el cobro del Impuesto de Primaria, Buzzalino dijo: “Si nos ubicamos en el centro-norte del país con ese límite, el impuesto abarcará a un montón de productores”.
“No somos propensos a la creación de nuevos tributos para el sector agropecuario, que ya paga una importante cantidad de impuestos, además del aporte que realiza por la compra de gasoil, que subsidia el boleto del transporte urbano”, se quejó.
Advirtió que “hay una cantidad de recursos que el Estado destina a políticas de desarrollo rural y aparece esta medida (impositiva), lo que me parece típico de quien no conoce demasiado el sector”.
Hay una “voluntad política de apoyar al sector con subsidios en los seguros granjeros, que en algunos casos llegan al 90% de cobertura, y después aparecen impuestos sin demasiada información”, cuestionó.
La CNFR planteará al Poder Ejecutivo que“al menos considere la definición de productor familiar para pensar en un nuevo tributo”.
El ex presidente y actual senador José Mujica dijo estar “seguro de que habrá excepción hacia la agricultura familiar y la pequeña (producción)” en el cobro de Primaria. “No es ningún impuesto que te ponga de rodillas; es respeto a la escuela pública”, sostuvo el ex mandatario a periodistas el domingo 8 al visitar la Patria Gaucha, en Tacuarembó.
El sector y sus apoyos
En la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería hay unos 23.000 productores familiares registrados, de los cuales 58,7% se dedican a la ganadería, 18% a la horticultura, 13% a la lechería, 4% a la fruticultura y viticultura, entre otros rubros, según datos a marzo.
Ese sector ocupa a 40.000 trabajadores y abarca 1,6 millones de hectáreas.
El promedio de edad del agricultor familiar es de 53 años.
Entre las políticas que benefician a ese renglón de productores figuran la exoneración de 50% del aporte mínimo patronal en el Banco de Previsión Social para extensiones menores a 200 hectáreas y menos de 100 jornales anuales, el acceso a subsidios ante emergencias agropecuarias, específicamente a catástrofes climáticas, sequías, heladas y tormentas, según datos del MGAP.
Indican que los agricultores familiares también reciben financiamiento y acceso a semillas, fertilizantes y ración para la alimentación de productores ganaderos y lecheros en caso de sequía, y el acceso diferenciado de planes y proyectos asociativos, con recursos de préstamos otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Otros beneficios son el acceso no gravado a líneas de electrificación rural con líneas de tensión eléctrica de UTE.
Está prevista también la participación de los productores familiares en licitaciones de compras del Estado en condiciones diferenciales de productos alimenticios de origen agropecuario, mediante la ley 19.292, aprobada a fines de 2014. Esa norma otorga un mecanismo de reserva mínima de mercado del 30% para las compras centralizadas y del 10% para las compras no centralizadas.
Ese mecanismo todavía no está vigente, porque falta su reglamentación, dijo Buzzalino.
Escuelas rurales
“La ARU peleará para que una parte importante de lo que recaude el Impuesto de Primaria sea destinada a las escuelas rurales”, enfatizó el presidente de esa gremial.
Se lamentó de que muchos de esos centros educativos están olvidados, y que “hoy funcionan y subsisten en su mayoría gracias al aporte de los productores” de la zona.
Buzzalino coincidió con Reilly en ese punto y en la decisión de ambas gremiales de hacer gestiones ante las autoridades del gobierno y el Parlamento para que se canalicen los fondos hacia las escuelas públicas rurales.
Considerando el apoyo que brindan a estos centros de enseñanza las organizaciones agropecuarias en el territorio, el titular de la ARU dijo que el agro tiene “una carga tributaria elevada, sumada a los altos costos de producción, el atraso cambiario, los fletes extremadamente caros y las bajas de los precios de las materias primas”.
La presión fiscal en esa actividad pasó de 6,2%, en 2011, a 7,1%, en 2014, según estimaciones de Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa). El agro pagó unos U$S 316 millones de impuestos el año pasado.
El sector agropecuario “nunca dejó de aportar dinero a Primaria, sino que se cambió la forma de tributar para facilitar su cobro, que era muy engorroso y costoso”, indicó Reilly.
Mencionó que según la Ley de Presupuesto del año 1996, los productores rurales pasaron a pagar Imeba (Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios) e IRA (Impuesto a las Rentas Agrícolas), y es el Poder Ejecutivo, a través de Rentas Generales, el que está obligado a transferir al Consejo de Educación Primaria un monto determinado equivalente a ese tributo.
