escribe Federica Chiarino
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa reforma previsional que empezó a ser discutida tiene como centro el Banco de Previsión Social (BPS), el instituto más grande del sistema. Pero abarcará además a los servicios de retiro de policías y militares y a las cajas paraestatales. Algunas también enfrentan tensiones financieras.
En el caso de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), en octubre su directorio aprobó un proyecto de reforma, pero en votación dividida (Búsqueda N° 2.094). La iniciativa fue enviada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) creada por el gobierno para discutir cambios al sistema en general. Pero los integrantes del directorio que votaron en contra, quienes además integran la Asociación de Afiliados a la CJPPU, impulsan una propuesta alternativa que también hicieron llegar al Poder Ejecutivo y a la CESS.
Al igual que el proyecto aprobado por mayoría en la CJPPU, el de la Asociación de Afiliados —que integra unas 4.600 personas— propone un aumento de la edad y la cantidad de años de servicio para configurar la causal de jubilación común. Sin embargo, establece una suba paulatina desde el año que viene y hasta 2025: 61 años de edad y 30 de servicio en 2021, 62 y 31 respectivamente en 2022, 63 y 32 para 2023, 64 y 33 para 2024 y, finalmente, 65 y 35 para 2025. De 2026 en adelante se requerirían 65 años de edad y 35 de servicio, y si se acumulan servicios amparados por otros institutos de seguridad social se exigirá un mínimo de 40 años de servicios, según el texto al que accedió Búsqueda.
Otro punto de coincidencia entre los dos proyectos es la intención de dotar a la caja de facultades similares a la de una administradora de fondos previsional (AFAP), en cuanto a que el organismo quede habilitado a gestionar ahorros voluntarios. También se añade la posibilidad de que la CJPPU pueda ser “agente recaudador de aportes destinados a fondos de ahorros previsionales radicados en el país, incluidos los administrados por las AFAP, o a la contratación de seguros de retiros en empresas aseguradoras habilitadas al efecto”. En estos casos podrá percibir una comisión por recaudación.
Por otro lado, el proyecto alternativo dispone que los directores electos como titulares o suplentes del directorio, así como el veedor del Poder Ejecutivo, “estarán impedidos de integrar la Comisión Asesora y de Contralor durante el período completo de su mandato”.
El proyecto deja explícito que los empleados de la caja no podrán percibir ingresos salariales mensuales permanentes por todo concepto (incluyendo partidas, compensaciones y similares), por el desempeño de sus actividades en la Caja, por un monto superior al 60% (sesenta por ciento) de la retribución total sujeta a montepío del presidente de la República, conforme al artículo 21 de la Ley 17.556 en la redacción dada por la Ley 19.438”. Además, añade que a aquellos empleados de la caja que “ya se encuentren percibiendo un salario que supere el tope fijado en el inciso anterior no se les aplicará a sus ingresos salariales los aumentos y reajustes correspondientes hasta tanto los mismos alcancen el referido tope”. Esta disposición alude a la situación producida en torno al sueldo del gerente general de la CJPPU de $ 715.900, cifra que superaba los topes previstos por ley (N° 2.077).
La nueva propuesta plantea reducir la integración del directorio de siete a cuatro miembros; tres serían electos por los afiliados activos con declaración de ejercicio y el restante por los pasivos. Además, el Poder Ejecutivo designaría a un “veedor”, con voz pero sin voto, y honorario.
“En la actual ley el Estado no se hace responsable ni va a ayudar si la caja tiene problemas. Entonces entendemos que, si esa es la situación, no es aceptable que tomen decisiones sobre situaciones políticas y económicas cuando no se van a hacer responsables de los resultados”, dijo a Búsqueda Robert Long, quien además de ser presidente de la Asociación de Afiliados es suplente en el directorio de la Caja de Odel Abisab.
“Tenemos otra concepción política de la caja. Nosotros hacemos énfasis en los problemas de la gestión del directorio. Son 10 años en los cuales ha venido teniendo un deterioro económico, financiero, etc. No se han hecho las acciones desde el punto de vista de la gestión, no digo para encontrar hoy una caja totalmente equilibrada, pero sí que estuviera en mejores condiciones de patrimonio y de reservas, y no lo está”, opinó Long. “Creemos que eso es responsabilidad pura de los directorios, especialmente de este último” y de una “gerencia que tiene un enorme poder en la caja, burocratizada, muy tecnocrática”.