Agua y deuda: ¿qué (no) aprendimos?

Hace un poco más de dos décadas, antes de la ruptura del Plan Real en Brasil, en enero de 1999, no eran pocos quienes expresaban su preocupación por la estabilidad económica de Uruguay a raíz de las inconsistencias de la política macroeconómica y las carencias de la regulación del sistema financiero.

La operación del canje de la deuda que evitó el default en mayo de 2003 y la creación de la Unidad de la Gestión de Deuda en el Ministerio de Economía y Finanzas en 2005 abrieron paso a una verdadera política de Estado en materia de deuda pública. Gracias a que ella ha priorizado colocaciones a plazos largos, a tasas fijas y en moneda local, la vulnerabilidad de las finanzas públicas de Uruguay disminuyó de forma significativa respecto a la que prevalecía durante la década de los 90.

Del mismo modo, la crisis bancaria de 2002 dio lugar a una regulación y a unos procedimientos de supervisión bancarios del Banco Central más efectivos y potentes. Debido a ello, el sistema financiero es menos frágil que en el pasado.

A su vez, la creación del Ministerio de Desarrollo Social en 2005 permitió canalizar más recursos y coordinar con mayor eficacia la protección de la población vulnerable.

Durante dos décadas, gobiernos de diferente orientación mantuvieron y perfeccionaron los criterios de gestión de la deuda pública, así como de la regulación y la supervisión bancaria que emergieron de la crisis de 2002. No solo por eso pero también gracias a todo ello durante los últimos 20 años Uruguay consolidó su estabilidad macroeconómica, se ha mantenido inmune a la inestabilidad financiera argentina, accede de manera fluida a financiamiento internacional y su deuda soberana goza de la más alta calificación desde que es evaluada por las agencias internacionales.

La crisis de 2002 debería habernos enseñado que gestionar proactivamente los riesgos que enfrentamos tiene beneficios que compensan sobradamente la afectación de recursos que demanda hacerlo. Por eso cabe preguntarse: ¿por qué no aplicamos lo aprendido para enfrentar los peligros asociados al abastecimiento de agua?, ¿por qué nos dejamos estar? Al respecto, es posible especular recurriendo a dos argumentos.

En primer lugar, el diagnóstico con el que se contaba no evaluó adecuadamente los riesgos asociados a una sequía prolongada para el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Montevideo. Si bien la falta de lluvias a la que estamos asistiendo no era un evento muy probable, el solo hecho de que fuera posible y de que no había forma de gestionarlo si ocurría debió haber llevado a las diferentes autoridades a ser más prudentes ejecutando las inversiones que eran necesarias. Sobre todo, si se tiene en cuenta que hacía mucho tiempo existían proyectos que permitían atacar el problema. Incluso, el actual gobierno decidió recorrer un camino diferente al que había quedado definido durante el período anterior y para el que había financiamiento disponible. En breve, el problema estaba identificado, pero se subestimó el riesgo asociado a no ejecutar las obras requeridas.

En segundo lugar, como el desabastecimiento crítico de agua era algo poco probable, priorizar las obras para tener disponibles fuentes alternativas suponía incurrir en gastos ciertos a corto plazo a cambio de beneficios contingentes a largo plazo. Es probable que, debido a ello, la administración anterior haya decidido priorizar otros proyectos de inversión, mientras que la actual, al haberse concentrado en el ajuste fiscal implementado en 2021 y 2022, restringió la disponibilidad de recursos para llevar adelante las obras. Subestimar los riesgos asociados a la postergación de la ejecución de los proyectos de infraestructura de agua dio lugar a una evaluación temporal distorsionada de los beneficios y costos que favoreció, precisamente, el aplazamiento de las inversiones.

Las crisis suelen facilitar transformaciones que, aunque son imprescindibles y contribuyen al bienestar general, son difíciles de implementar porque afectan intereses o postergan otros cambios que cuentan con más simpatía. Debido a ello, en algunas ocasiones los gobernantes prefieran dejar que las situaciones críticas se precipiten, puesto que ellas pueden ayudarlos a viabilizar acciones que de otro modo no se habrían podido poner en práctica.

La actual crisis del agua no deriva de una postergación deliberada para facilitar cambios que eran difíciles de implementar. Ojalá fuera eso. El problema al que estamos asistiendo es producto de un grave error de apreciación: la subestimación de los efectos de una sequía prolongada sobre el abastecimiento de agua potable para más de la mitad de la población del país. Esto es especialmente delicado si se tiene en cuenta que, como se había señalado, no existen fuentes alternativas a las cuales recurrir en una emergencia como la que estamos atravesando.

A esta altura deberíamos haber aprendido que cuando no se enfrentan los riesgos sobre los que los expertos advierten la gestión de sus consecuencias es muy probable que terminen siendo mucho más costosas que haber actuado a tiempo. El año 2002 debió ayudarnos a entenderlo mejor. Sería deseable que cuando dejemos atrás la actual crisis del agua no olvidemos que a veces lo barato puede salir muy caro.

* El autor es economista, doctor en Historia Económica y socio de la consultora CPA/Ferrere.

(1) En 2010, 2013 y 2015 el exministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, escribió sobre el tema basándose en análisis realizados por el Ejército Nacional y expertos extranjeros.