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    Agujeros de la memoria

    N° 1928 - 27 de Julio al 02 de Agosto de 2017

    En su insustituible novela 1984, crítica del estalinismo soviético, George Orwell inventa una genialidad para mostrar el férreo control que ejercía el Gran Hermano sobre aquella imaginaria sociedad. Orwell crea los “agujeros de la memoria”, que es donde las personas debían arrojar cualquier pedazo de papel que pudiera perjudicar a “el Partido”. Esa era la forma en que “el Partido” se garantizaba la incineración de documentos que pudieran poner en riesgo su relato sobre la historia. Es más: gracias a esa tarea de destrucción, “el Partido” quedaba habilitado para reescribir la historia a su antojo puesto que había hecho desaparecer las pruebas del pasado.

    La tentación orwelliana anduvo sobrevolando la Junta Departamental de Montevideo a fines de junio. Concretamente, el día 26, la Comisión de Derechos Humanos de la Junta recibió a una delegación de cuatro ciudadanos venezolanos exiliados en Uruguay. Los venezolanos presentaron petitorios particulares, como vender “arepas” en la vía pública y, además, denunciaron al régimen que preside Nicolás Maduro.

    Esto último disparó los demonios orwellianos. Cuando la reunión terminaba, algunos ediles oficialistas, ofendidos porque —según dijeron— les habían vendido “gato por liebre”, votaron la supresión de las palabras de los venezolanos de la versión taquigráfica: resolvieron arrojar a los “agujeros de la memoria” los planteamientos de los exiliados.

    El edil Roberto Gossi (Partido de la Gente) había presidido la sesión de la Comisión de Derechos Humanos. Tres días después de esa reunión, ya en el plenario de la Junta, Gossi denunció esa situación. “Se decidió por parte de una edila integrante de la comisión que se suprimiera la versión taquigráfica, luego de haber consentido durante toda la sesión la presencia de los taquígrafos y no haber objetado ninguna de las expresiones de los visitantes”, dijo.

    Gossi precisó que la mutilación del acta supone que el documento final de la sesión de la comisión “no registra lo que se dijo” ni “registra un hecho histórico”. El edil agregó que “si hay una supresión o destrucción de documento público, estamos ante una situación muy, pero muy grave, incluso lindando el terreno penal”.

    Entonces, el secretario general de la Junta, Carlos Otero (Movimiento de Participación Popular), resumió un informe jurídico según el cual el tajo que se infirió al acta (aprobado por cinco ediles en seis; los cinco, frentistas), “es reglamentario” y, por eso, “corresponde proceder a la supresión” de las palabras de los venezolanos. Pum: es reglamentario y andá a quejarte a lo de tu abuela. Chau.

    El edil socialista Sebastián Valdez consideró que los venezolanos y el edil Gossi, que los invitó, habían faltado a la “verdad” y habían sido irrespetuosos con los integrantes de la comisión, porque no esperaban que los exiliados fueran a hacer una denuncia política contra Maduro.

    La edila Cristina Ruffo (Partido Nacional) preguntó dónde están la versión taquigráfica y la grabación de la sesión. “No sé si las destruyeron o las rompieron o las quemaron o qué hicieron”, comentó. El edil batllista Gustavo Zúñiga estimó que aunque los venezolanos hubieran hecho una exposición política contra las violaciones a los derechos humanos que todos los días practica el gobierno de Maduro, “¿qué comisión más idónea para plantear un tema así que la Comisión de Derechos Humanos?”.

    Intervino más adelante la edila Graciela Villar (Frente Líber Seregni) para defender la amputación del acta. “No hay nadie más hábil que un político para meter gato por liebre. Y estamos en un evidente corral, donde dijeron que venía un gato y entró una liebre”, explicó. Villar atribuyó al presidente de la comisión, como un rol “fundamental”, que “cuando alguien se va de mambo debe parar la mano”.

    “Con gentileza parlamentaria se los escuchó, se los atendió, no se les faltó el respeto y después se resolvió, como corresponde y con respaldo del reglamento, no mantener esa versión taquigráfica”, argumentó.

    O sea, “como corresponde” decidieron quemar los papeles para que no conste lo que los venezolanos fueron a decir sobre el compañero Maduro.

    Los que se fueron completamente “de mambo” son los ediles frentistas que decidieron esta barbaridad. Demos por buena la explicación de que fueron invitados para una cosa y se descolgaron con otra. ¿Y? ¿Qué problema hay? ¿No ocurre todo el tiempo eso?

    Los ediles molestos con lo que los venezolanos dijeron pudieron haber discutido con ellos durante la sesión de la comisión todo lo que se les ocurriera. Pudieron haber dicho allí que sentían que se les estaba pasando gato por liebre, que se sentían engañados y utilizados, que los venezolanos eran agentes de la CIA, que Maduro es un gran presidente… lo que quisieran. Lo único que no podían hacer fue lo que hicieron: borrar de la memoria histórica ese hecho. Porque existir, existió.

    Puede que hayan actuado de buena fe y que simplemente haya sido una decisión no suficientemente pensada. En cualquier caso, les convendría repasar la novela de Orwell. Enseña mucho.

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