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Las 30 organizaciones sociales que la semana pasada reclamaron la renuncia de la dirección del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), por “graves violaciones” a los derechos humanos de los adolescentes infractores que están en las dependencias de esa institución, reclamaron al Parlamento que no tenga en cuenta los “costos políticos” e investigue las denuncias.
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Las organizaciones enviaron ayer miércoles una carta a los diputados de la Comisión de Población y Desarrollo que hoy jueves recibirán al directorio del INAU y del Sirpa para analizar el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos que a comienzos de abril denunció en el Parlamento malos tratos a los adolescentes en conflicto con la ley y que están 23 horas al día encerrados, entre otras situaciones.
El presidente del INAU, Javier Salsamendi, respaldó a las autoridades del Sirpa. “El Sirpa presentó hace pocos días ante un Comité de ONU en Ginebra cada una de las investigaciones y denuncias que se han realizado. Hay dos denuncias penales en el juzgado de Pando que fueron presentadas por la Comisión Delegada del Sirpa. Entonces, francamente, no vemos por ahora elementos para plantear una remoción de la Comisión Delegada. El Sirpa inició 26 acciones, dos incluyen denuncia penal. Hay sumarios con separación del cargo y traslados de funcionarios como consecuencia de denuncias presentadas, resueltos incluso sin que existiera una prueba veraz de los hechos denunciados. Entendemos que la Comisión Delegada no promueve el maltrato y no hay una actitud omisa a la hora de investigar”, dijo Salsamendi al diario “El País” el domingo 4.
El directorio del Sirpa, encabezado por Ruben Villaverde —ex dirigente sindical—, también recibió el respaldo del PIT-CNT luego de una reunión con el Secretariado esta semana.
“La información que nos dieron fue contundente, desde el punto de vista de que el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene un montón de imprecisiones y desajustes, algunas cosas que no son verdad y otras que son verdades a medias”, dijo ayer miércoles a “La Diaria” Ismael Fuentes.
“No cabe duda de que deben pasar cosas y de que debe haber un exceso, pero ellos manifestaron que en los casos en que vieron esas situaciones los enviaron a la Justicia. Hay personal separado del cargo, otros procesados y otros en investigación”, afirmó el dirigente. Por eso es que se decidió respaldar el “modelo” que plantea el Sirpa.
Entre las organizaciones sociales causó sorpresa esta postura. Es que la semana pasada la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT les envió una carta en la que reafirman “el compromiso inclaudicable del movimiento sindical de defensa” de los adolescentes privados de libertad.
Los autores de la carta —Raúl Olivera, Edgardo Oyenard y Ani Durand— dicen que “nunca existió por parte de esta secretaria ni del PIT-CNT un cuestionamiento” a la Institución Nacional de Derechos Humanos, “ya que ha cumplido adecuadamente las funciones que le atribuye la ley que le dio origen”. Sostienen asimismo que no toleran la tortura y que hacen “ingentes esfuerzos para que sea perseguida”.
El lunes 5, en tanto, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEEU) solicitó la renuncia de la dirección del Sirpa y respaldó la investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
